Economistas de Centro y Centroizquierda explican por qué votarán «en contra» el 17 de diciembre
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En un comunicado conjunto, un grupo destacado de economistas chilenos de centro y centroizquierda ha expresado su firme oposición a la propuesta constitucional que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre. En su declaración, titulada «Por qué estamos en contra», los expertos argumentan que las modificaciones realizadas en el Consejo Constitucional, lideradas mayoritariamente por fuerzas de derecha, han desviado el texto de los acuerdos iniciales de la Comisión Experta, impidiendo que represente adecuadamente al conjunto de la sociedad.
Los economistas reconocen que la Constitución vigente requiere mejoras, pero subrayan que la propuesta actual no es una Constitución para todos. Argumentan que su eventual aprobación podría tener consecuencias negativas para la economía, generando mayor incertidumbre y problemas de funcionamiento institucional.
En su calidad de profesionales dedicados a la economía, los firmantes destacan varias observaciones críticas sobre la propuesta, centrándose en áreas clave que consideran fundamentales para el desarrollo económico del país.
Una de las principales preocupaciones es que la Constitución no debe decidir sobre temas de política pública, ya que existen modalidades y preferencias que evolucionan con el tiempo y son más adecuadas para ser tratadas por la ley. Los economistas señalan que la propuesta actual incluye disposiciones que podrían dificultar la implementación de políticas sociales eficaces, particularmente en el ámbito del financiamiento de derechos sociales.
En este sentido, critican la posibilidad de que la solidaridad en las cotizaciones de seguridad social se vea obstaculizada, cerrando la puerta a un modo eficaz de financiar la salud y la previsión. Además, expresan preocupación por la inclusión de aseguradores privados y públicos en la provisión de estos derechos sociales, una práctica que consideran no debería estar a nivel constitucional.
Otro punto de crítica se centra en la política tributaria, donde los economistas argumentan que ciertos artículos de la propuesta podrían dificultar una política tributaria efectiva y moderna. Ejemplos específicos incluyen la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, que consideran regresiva y populista, y la introducción de deducciones fiscales ambiguas que podrían generar incertidumbre y judicialización.
Finalmente, los economistas expresan su preocupación por la reducción de la capacidad del Estado para perseguir conductas delictivas, especialmente en el ámbito de los delitos económicos y ambientales. Argumentan que la propuesta debilitaría considerablemente la capacidad regulatoria del Estado, fomentando la judicialización y la litigación en mercados regulados, con posibles consecuencias negativas para la economía del país.
Si bien reconocen que estas consideraciones no son exhaustivas, los economistas afirman que son suficientes para votar en contra de un texto que, en su opinión, limita las posibilidades de políticas sociales efectivas, la estabilidad regulatoria y el potencial de crecimiento de Chile. La declaración concluye con la firma de una lista prominente de economistas chilenos de diversas universidades y sectores.
Entre los nombres más conocidos que firman la carta están los ex ministros de Economía, Carlos Ominami; el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; el exministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran; y el ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler. Además, convocó figuras de renombre como Eduardo Engel, Andrea Repetto, Cristóbal Huneeus, Fabián Duarte, Osvaldo Larrañaga, Valentina Paredes, Andrés Zahler, Andras Uthoff y Jaime Ruiz Tagle.
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