El estallido social sigue vivo

A cuatro años de ocurrido el estallido social este país no avanza, permanece estancado,  no logra desligarse de las secuelas del pinochetismo que lo envuelve y no encuentra la salida para la crisis integral que se prolonga más de la cuenta,  en tanto las clases populares advierten que se agudizan sus carencias y necesidades ante la indiferencia de la  casta política anquilosada que se mueve al servicio incondicional de los dueños del dinero.

La vida sigue igual, hay mucha gente aburrida de esperar condiciones que la saquen de su postración y por ello no se descarta que se aproxime una nueva rebelión popular que le permita exigir a la autoridad política el cumplimiento de sus promesas electorales y enfrentar otra vez a la oligarquía que no quiere cambio alguno en la sociedad chilena ante el temor de ver afectados sus intocables privilegios.

En los actos conmemorativos del cuarto aniversario del 18-O, Carabineros – por primera vez en el actual gobierno – actuó con su misma violencia en la represión contra los manifestantes que se desplegaron en Santiago, Valparaiso, Concepcion y otras ciudades, porque no se advierten reformas ni modificaciones al sistema imperante que condena al pueblo a no tener participación en nada, a arreglárselas como pueda y hacer solo un observador de su propia frustración.

El estallido social constituyó una inédita e imponente manifestación masiva que sacó a las calles a millones de pobres y menos pobres postergados, en busca de mejores condiciones de vida, una Constitución  democrática, la restitución de sus derechos esenciales, oportunidades para todos, no más mercantilismo extremo, tratando de sacudirse del modelo explotador que viene de la dictadura y que para las grandes mayorías ha significado pobreza y discriminacion.

Las multitudinarias manifestaciones de protesta que se efectuaron sin tutoría de nadie, siguen recibiendo el desprecio de los dueños de Chile y sus representantes políticos que pretenden «sancionarlas» por reclamar por democracia, igualdad y justicia. Los sectores reaccionarios han vaciado su odio y su aversión contra el pueblo desposeído que no consigue escapar de este callejón sin salida traducido en una vida precaria, difícil y hasta miserable, todo ello porque es un pueblo olvidado desde hace 50 años.

La derecha soberbia quisiera ver siempre  a los pobres sometidos, acallados o en la cárcel. Un Estado democratico, sin embargo, tiene la tarea de proyectarlos  en un sistema de reparación social,  con perspectivas a futuro. No hay indicios de que esta disparidad  de criterios se vaya a dirimir a corto plazo, y mientras ello no ocurra seguirán aumentando  los comerciantes ambulantes que repletan las calles céntricas  y las familias que se toman terrenos ajenos  para instalar campamentos de tránsito.

Sin duda la lucha y las aspiraciones del estallido social, iniciado el 18 de octubre de 2019, constituyen el acontecimiento popular más relevante que se ha producido en Chile en lo que va de este siglo. Fue la respuesta del mundo postergado al sistema elitista que genera elevados niveles de desigualdad y exclusión que ahogan las expectativas de las mayorías desprotegidas que pagan con su marginación la culpa de no poseer fortunas.

Las muchedumbres coparon calles, plazas y avenidas atemorizando a los ricachones siempre pendientes de no dejar ir ni un centavo. Fue el caso del empresario Piñera, entonces en la presidencia de la República, quien venía de declarar a la prensa internacional que Chile era un «oasis» por su quietud y tranquilidad ante otros países latinoamericanos. Al día siguiente se registró el despertar del pueblo,  que se movilizó indignado por tantos abusos e injusticias al cabo de décadas de letargo.

Hubo masivas manifestaciones de rebeldía que hicieron temblar a los poderosos, al punto que Piñera llegó a imaginar que era un golpe de Estado que quería sacarlo de La Moneda. Los presuntos «golpistas» tenían  como armamentos no tanques de asalto ni aviones de guerra, sino que únicamente sus demandas por equidad,  inclusión y justicia social, valores que nunca han figurado en la agenda del acaudalado inversionista.

La reconocida escritora Isabel Allende fijó su posición ese mismo octubre: «En Chile, que supuestamente goza de estabilidad, han estallado graves protestas populares con actos de destrucción y pillaje. Son la expresión iracunda de un pueblo frustrado. Esta crisis no se resuelve con militares en las calles, se requieren cambios profundos».

Isabel Allende fue categórica: «La desigualdad social y económica es una vergüenza. La gente está enfurecida por los sueldos de hambre y el costo de la vida, que obliga a la gran mayoría a vivir a crédito o en la pobreza, mientras los ricos viven en una burbuja, evadiendo impuestos y acumulando más y más. Esto inevitablemente crea violencia y en algún momento estalla. Así han comenzado todas las revoluciones».

Aunque no haya cambiado nada el pueblo ha recordado a sus mártires: una treintena de hombres y mujeres abatidos por uniformados fuertemente armados pertenecientes a carabineros y el ejército. Hubo además un temporero de Buin que quedó paraplejico tras una golpiza irracional que le propinó un grupo de carabineros, dos personas con ceguera total por el resto de sus días y no menos de 420  con pérdida de uno de sus ojos, por la acción  de las instituciones armadas. En las fuerzas represivas nadie murió ni desapareció, nadie sufrió algún trauma ocular ni tampoco fue lanzado al mar o al río.

En este aniversario octubrista La Moneda perdió la oportunidad de reivindicar al menos algunas de sus promesas incumplidas. Aparte de haber dispuesto 5 mil carabineros para resguardar «la seguridad y el orden público» pudo haber puesto en marcha – y no lo hizo – 5 mil puestos de trabajo, el pago de la deuda histórica a 5 mil profesores que lo necesitan con urgencia o haber entregado 5 mil viviendas para tantas familias sin casa.

Por el momento no hay una nueva Constitución, no hay trabajo ni ingresos decentes, la salud y la educación siguen siendo mercancías, las AFP  y las Isapres se mantienen todavía en pie, los salarios y las pensiones no mejoran, el mercado abusa todos los días de la población y la inflación  está fuera de control. Ello es más que suficiente  para no bajar los brazos, intensificar la lucha y anticipar nuevos estallidos sociales,  hasta que el sistema político entregue una eficaz respuesta  a las mayoritarias demandas populares.

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaiso

hugoalcayagaperiodista@gmail.com