Cuidemos la democracia y mantengamos la esperanza
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Al cumplirse 50 años del golpe de estado en Chile y luego de haber transcurrido 33 de recuperada la democracia, existe una creciente desvalorización de ésta. La revuelta ciudadana de octubre de 2019, con un sello inicial de marcada rebeldía, ha tenido una deriva peligrosa que se expresa en la sostenida degradación de los principios democráticos, como consecuencia de la incapacidad de la élite política de responder a las demandas populares de justicia, integración social e igualdad económica.
Al sonoro fracaso de la pasada Convención, se suma el devenir conservador del actual Consejo Constitucional, con un claro predominio de la extrema derecha, que aprovechando su mayoría electoral en el Consejo, intenta imponer con oídos sordos un texto contrario a lo que el país necesita para progresar y encontrar la tan anhelada paz social.
La democracia es diálogo, negociación, conciliación y acuerdos sobre la base del encuentro de distintas miradas de país. El drama es que la derecha se aferra hoy con dientes y muelas a la trasnochada fórmula neoliberal y las izquierdas no logran construir una propuesta que vaya más allá de parciales demandas ecologistas, feministas, laborales o la mera administración continuista del Estado.
Los bajos salarios, las pensiones miserables, el estancamiento económico, la inflación, el incremento de la delincuencia y la ausencia de respuestas oportunas y eficientes a la emergencia migratoria o climática carcomen lenta y silenciosamente el sistema democrático; desvalorizándolo ante las generaciones que no vivieron la dictadura, al intentar convencerlas de que el régimen tiránico de Pinochet fue lo mejor, en circunstancias que indicadores objetivos dicen lo contrario.
Al asumir Patricio Aylwin la presidencia de la República en 1990, la población en situación de pobreza bordeaba en Chile el 40% y en 1998 esta pobreza ya se había reducido al 22%; durante el régimen dictatorial la economía creció en promedio solo un 2.9%, mientras en el primer tramo de la democracia posdictadura, el crecimiento económico se elevó en promedio al 7% hasta 1999 y posteriormente a un 4%. El incremento del Producto Interno Bruto (PIB) en dictadura fue de tan solo 1.4%, cifra casi cuadruplicada en democracia, elevándose a un 4.1%.
Pero también democracia los frutos del crecimiento se siguen repartiendo hasta ahora de manera desigual y ahí está la raíz más profunda del actual descontento social. El índice Gini, que mide la distribución de los ingresos nacionales, nos sitúa en el lugar 24 en desigualdad entre un total de 159 países, y nos coloca como el país más desigual de la Organización Mundial de Comercio (OCDE). Los ingresos del 10% de la población más rica en Chile son 27 veces mayores que los del decil más pobre, lo que es un vergonzante estigma para nuestra democracia.
Para que el régimen democrático sea valorado y cuidado por la ciudadanía es fundamental que la institucionalidad consolide un Estado Social de Derecho. Necesitamos una nueva Constitución que garantice la seguridad pública, que distribuya de manera más equitativa la riqueza, que entregue servicios estatales universales y de mejor calidad, y que permita el progreso económico individual y colectivo.
El pueblo tiene una nueva oportunidad de manifestar su desacuerdo con el proyecto constitucional de republicanos y Chile Vamos, que representa una salida a la crisis todavía peor que la Constitución Pinochet-Lagos, porque intenta configurar una versión extremista del modelo que ha convertido a Chile en la Corea del Norte del capitalismo.
Ante tan desolador escenario y para mantener viva la esperanza de conseguir una Constitución que sirva al conjunto de la nación chilena, solo nos queda votar EN CONTRA el domingo 17 de diciembre.
Rubén Andino Maldonado
Renato Alvarado Vidal says:
Y una democracia puramente electoral es sólo una permanente campaña publicitaria en que triunfa quien tiene más medios de propaganda.
Felipe Portales says:
Creo que hablar de «democracia» en Chile es totalmente voluntarista. Tenemos una seudodemocracia en que quienes mandan efectivamente son unas decenas de grandes grupos económicos; y Fuerzas Armadas y Carabineros virtualmente autónomos.
Y todo ello en el marco de una Constitución impuesta por una dictadura.