Áreas protegidas concentran un tercio de la sobreproducción ilegal de la industria salmonera
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Estos registros, publicados en un reportaje de Interferencia, evidencian que 123 centros de cultivo de diferentes empresas produjeron un 45% más de las toneladas que les permite la ley, en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, afectando en mayor medida a los Parques y Reservas Nacionales en los que operan.
La producción en la industria salmonera no cumple con lo que les autoriza la ley, así lo transparentan las cifras de fiscalización de Sernapesca -reveladas por el medio Interferencia-. Los registros de este organismo público establecen que las empresas ligadas a este rubro produjeron 45% más de toneladas en sus cultivos, entre los años 2019 y 2021, “lo que resulta preocupante por las externalidades negativas que la sobreproducción genera en los ecosistemas marinos”, afirma Silvana Espinosa, vocera de Greenpeace Chile.
De acuerdo a los registros de Sernapesca, en los tres años referidos, 25 empresas produjeron 686.000 toneladas de salmón en un total de 123 centros de cultivo en las regiones de Los Ríos, Magallanes y Aysén, además de otras 22.000 toneladas de pescado muerto durante el proceso, a pesar de que la autorización era de 487.000 toneladas. De esta sobreproducción, además, el 33% ocurrió dentro de centros de cultivo ubicados en Áreas Protegidas (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Santuario de la Naturaleza y Áreas marinas costeras). “El 63% de los centros de producción en los que se detectaron estas anomalías se ubican en la Reserva Nacional de las Guaitecas en la Región de Aysén y el 37% restante en la Reserva Nacional Kawésqar”, detalla Espinosa.
De las empresas apuntadas en los informes de Sernapesca, la canadiense Cooke Aquaculture lidera en sobreproducción. “Es la que más sobre produjo en el periodo de tiempo analizado con un total de más de 36 mil toneladas, a pesar que tenían autorizadas solo 2.663. Esto equivale a más de 1.300% más”, dice la especialista.
“También tienen el centro de cultivo con mayor sobreproducción a nivel nacional, con su planta ubicada en el Parque Nacional Laguna San Rafael, en la región de Aysén. “Tenían autorización para producir 125 toneladas, sin embargo, produjeron más de 8.000 toneladas, equivalente a más del 6.000%”, añade la vocera de la organización ambiental.
La geógrafa de Greenpeace explica que, al romper con la normativa, “las empresas ponen en una situación de estrés a los ecosistemas marinos, provocando anaerobia. Alrededor del 50% de los centros que registraron sobreproducción arrojaron mediciones de esta condición, que se traduce en episodios de ausencia o pérdida parcial del oxígeno disuelto en el agua”.
“Esto es un problema que puede tener repercusiones significativas e incluso irreversibles, como la pérdida de biodiversidad y/o la muerte de ecosistemas acuáticos, generando un desequilibrio en el hábitat de las especies que habitan en la zona”, añade.
El problema de las áreas protegidas
En ese sentido, la situación de las áreas protegidas en las que hay centros de cultivo resulta más urgente de resolver. El 19% de los centros que arrojaron anaerobia están ubicados en los mismos centros de cultivo con mayor sobreproducción: la Reserva Nacional Kawésqar en la Región de Magallanes y en la Reserva Nacional de las Guaitecas en la Región de Aysén. “Estas zonas se declararon protegidas por su alto valor ecosistémico. Allí habitan numerosos tipos aves y fauna marina, como las ballenas que vienen a nuestra Patagonia todos los años a alimentarse y buscar refugio para luego continuar hacia los sitios de reproducción. De ahí que cuidar estos espacios sea vital para mantener la supervivencia de las especies”, comenta Espinosa.
A juicio de Greenpeace, “es urgente que se fiscalice y sancione, de forma ejemplar, a la industria de la salmonicultura. Eso incluye caducar concesiones y permisos ambientales, sobre todo de aquellos centros que operan en áreas protegidas, hasta lograr que respeten la normativa ambiental. Es tiempo de que, frente a la evidencia, los servicios públicos involucrados (Sernapesca, Subpesca, SMA) reconozcan que estas prácticas son sistemáticas y no hechos puntuales y que avancen en soluciones que frenen las prácticas ilegales del sector, que ya son parte de su modus operandis”, opina su vocera.
La organización también solicita que se investigue a cuánto ascienden las ganancias que han obtenido las empresas con la sobreproducción. “Hemos visto, en casos anteriores, que esta cifra supera los 3.700 millones de pesos extras en utilidades ilícitas, que consiguen a costa de la destrucción del fondo marino”, sentencia Espinosa.
