Isapres en Chile: un ‘perdonazo’ en camino

Chile está en medio de un intenso debate sobre las deudas acumuladas por las Isapres, las aseguradoras privadas de salud, y un silencioso «perdonazo» que debiera dar inicio a una gran polémica .

Luis Mesina, vocero de la coordinadora No+AFP, ha hecho sonar la alarma sobre lo que él llama el «PERDONAZO más grande de la historia» que las Isapres están a punto de recibir. Según Mesina, las Isapres han ejercido un fuerte lobby en el Congreso, lo que les permitirá pagar solo una baja suma de lo que deben a los usuarios y en cómodas cuotas durante 10 años. Considera que esto equivale a burlar el fallo de la Corte Suprema y lo califica como una «BURLA».

Este comentario de Mesina surgió después de que la Comisión de Salud del Senado chileno determinara que la deuda de las Isapres con sus usuarios es de US$450 millones, una cifra considerablemente menor a la estimación previa de US$1.400 millones.

El contexto de esta controversia se remonta a noviembre pasado, cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile obligó a las Isapres a establecer una única tabla de factores en sus planes, con efecto retroactivo, lo que implica que deben devolver los cobros en exceso a sus cotizantes. Para abordar esta situación, el Gobierno chileno presentó una ley corta de Isapres, y en paralelo, un comité técnico analizó las posibles formas de que las Isapres realicen las devoluciones sin llegar a la quiebra.

Este comité técnico concluyó que la deuda de las aseguradoras con sus clientes asciende a US$451 millones, una cifra que se presenta como una alternativa más viable a la estimación previa. Se propone que las Isapres devuelvan US$45 millones anuales durante los próximos diez años para saldar esta deuda. Además, se establece que, durante este período de deuda vigente, las Isapres no podrán retirar utilidades.

Sin embargo, esta cifra es notablemente menor que la informada por el superintendente de Salud, Víctor Torres, en mayo pasado, quien afirmó que la deuda de las Isapres ascendía a US$1.400 millones. Torres aclaró que la Superintendencia proporcionó esa cifra en base a supuestos, y que la comisión fue la que tomó las decisiones sobre qué informar.

El debate sobre esta cuestión se encuentra en manos del Parlamento chileno, que deberá tomar decisiones en función de las indicaciones del Ejecutivo. La controversia persiste, y la población chilena está atenta a cómo se resolverá esta situación, que involucra a una parte importante del sistema de salud del país.