La coalición de izquierdas Sumar presentó su propuesta formal para una futura ley de amnistía, con la que pretende eliminar cualquier rastro de juicio penal o condena firma a todas las personas que participaron en actos relacionados con el proceso separatista de Cataluña desde el año 2013.
La líder de la formación, la actual vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, acudió a la presentación en el Ateneo de Barcelona, si bien cedió el protagonismo a su emisario Jaume Asens para negociar con el ex presidente Carles Puigdemont, quien defendió estas medidas para eliminar el espíritu “punitivo” de la legislación en un conflicto político como el catalán.
Sumar, que aspira a formar parte de la futura coalición del gobierno español presidido por el socialista Pedro Sánchez, se ha convertido en la vanguardia de cara a las negociaciones abiertas con el separatismo catalán para conseguir los ansiados siete votos de la formación liderada por Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat), que serán decisivos para sacar adelante la investidura. En estos momentos están abiertas las negociaciones, pero desde el partido de Puigdemont las cartas ya están sobre la mesa: una ley de amnistía y un compromiso por parte del futuro Ejecutivo español de “trabajar” para el reconocimiento del derecho de autodeterminación a través de un referendo vinculante.
La propuesta de Sumar, avalada por el informe de cinco expertos en derecho constitucional afines a la formación política, propone la eliminación de cualquier tipo de carga procesal o penal a todas aquellos ciudadanos catalanes que desde el año 2013 defendieron el derecho de secesión y en esa lucha incurrieron en delitos o sanciones civiles. En la propuesta se incluyen desde los casos de algunos destacados dirigentes de la extinta Convergencia i Unio (CiU) con delitos de malversación de caudales públicos hasta los de las juventudes del movimiento independentista, conocidos como los Comités de Defensa de la República (CDR), que fueron identificados como los responsables de la quema de instalaciones públicas municipales en Barcelona o el bloqueo de infraestructuras de transporte, como el aeropuerto de la capital catalana o la estación del tren de alta velocidad.
En el documento de Sumar se aboga por dejar atrás la “política criminal punitivista” que se ejerció en los años anteriores, para lo que se pretende inaugurar un nuevo ciclo que tiene como rasgo fundamental “la desconfianza hacia la utilización exclusiva del Derecho penal como instrumento para la solución de dicho conflicto y en el que las posibles actuaciones lesivas de derechos fundamentales que han tenido lugar en los últimos años —por parte de todos los intervinientes— se enmarcan en un contexto de tergiversación del orden público”.
La propuesta de Sumar está avalada por cinco expertos en derecho constitucional, que son Nicolás García Rivas, Antoni Llabrés Fuster, Javier Mira Benavent, Guillermo Portilla Contreras, y Rafael Rebollo Vargas.
La propuesta de Sumar coincide con las negociaciones que ya inició el líder socialista Pedro Sánchez para conseguir los apoyos necesarios para su reelección, si bien ya se desvinculó de esta iniciativa, que dijo “respetar” pero que “no es la del PSOE”.
Por Armando G. Tejeda
Fuente: La Jornada
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