Por los derechos humanos, siempre…
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El irrestricto respeto por los derechos humanos, su defensa y protección, manifestado por todos los chilenos bien nacidos, así como el categórico rechazo a lacras como el negacionismo y la impunidad, constituyen lo más relevante de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, la muerte del presidente de la Republica, el término de la democracia y el inicio de una atroz dictadura traducida en el horroroso genocidio que estremeció al mundo.
De las violaciones de los derechos humanos de cientos de miles de chilenos solo se habló en voz baja durante los 30 años que siguieron a la tiranía para no molestar ni incomodar a nadie, cuando las dos derechas se alternaban en La Moneda cuidando dar vuelta la página rápidamente y minimizar las consecuencias de la brutal masacre que llevó al pueblo a padecer su más dolorosa tragedia a lo largo de la historia.
El horror se convirtió en silencio de modo de no obstruir el despliegue abrumador del modelo de desigualdades llamado neoliberal, los abusos del mercado operado por una minoría ricachona y el desprecio por los pobres y menos pobres, abriendo una brecha enorme entre los problemas reales de la ciudadanía y el quehacer de la política asociada a los negocios.
Con absoluta sumisión a los altos mandos castrenses que en la dictadura se convirtieron en “autoridades”, en décadas no hubo interés por investigar a fondo lo sucedido en los 17 años de terrorismo de Estado. No se avanzó en nada en comisiones constituidas sin convicción y hasta hubo un presidente socialdemócrata, pero militante del PS que otorgó 50 años de silencio a los nombres de los victimarios.
El Estado ha defraudado a las familias de los ejecutados políticos y de los detenidos desaparecidos. Ha actuado con indolencia y pareciera que su propósito es el paso del tiempo sin mayores novedades y sin apuros respecto a la demanda por justicia de mucha gente. En la práctica y en la medida que no se encuentre algún mínimo indicio de alguna de las víctimas, la desaparición forzada es un delito que se sigue cometiendo a diario.
Por eso la ciudadanía reconoce que en este septiembre conmemorativo el Ejecutivo haya puesto en marcha el “Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos Durante la Dictadura”. El objetivo es esclarecer las circunstancias de la desaparición y muerte de las personas afectadas, lo que fue pasado por alto por tantos años y que ahora – de acuerdo a lo anunciado – comenzará al fin a concretarse.
Obviamente la tarea que viene no es fácil, pero hay que intentarla. Enfermo de antimarxismo y como parte de sus limitadas condiciones el dictador insistía en que “estamos en guerra” a la vez que a través de terceros ordenaba a las tropas salir a aniquilar a las clases populares desprotegidas e indefensas. En ese largo periodo de barbarie surgieron organismos de “inteligencia” como la dina, la cni y el comando conjunto, que no eran más que piezas de la siniestra maquinaria que secuestraba, torturaba, asesinaba y lanzaba al mar. La aversión hacia los pobres y pensaban distinto superaba lo imaginable.
El crimen organizado partió en aquellos años negros: las muertes de compatriotas fueron muy bien planificadas y ejecutadas a la perfección para no dejar rastros. Los montajes convenientemente preparados, el cinismo institucionalizado y las versiones mentirosas de los medios de la época, principalmente los diarios mercuriales y de Copesa, voceros de la oligarquía, además de TVN, fueron cómplices que ayudaron a ocultar o tergiversar la verdad de lo acontecido.
De las 5 mil personas que perdieron la vida en circunstancias violentas durante la tiranía, documentos oficiales que solo recién se conocen señalan que 1.469 eran detenidos desaparecidos. El 96% eran hombres, con 29 años de edad promedio. Más del 50% eran obreros o campesinos, y el 40% no tenía militancia política alguna. Ninguno de ellos registraba domicilio en el barrio alto u otro sector acomodado.
Según lo expresado por el Ejecutivo, el plan de búsqueda corresponde a una política pública permanente. Ha agregado que “nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de lo que nos han dicho que es posible para esclarecer las circunstancias de lo vivido por las víctimas”.
Para la ciudadanía la búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia y la necesidad de reparación constituyen la principal garantía en el camino de la lucha contra la impunidad y la no repetición de lo ocurrido a partir del 73. Esta es la única posibilidad para una real convivencia democrática en la sociedad chilena.
Falta por conocer la reacción de aquellos uniformados que disponiendo de información sobre los desaparecidos no la han entregado. Entre ellos están los reclusos de Punta Peuco todavía comprometidos con el pacto de silencio heredado del capitán general: son los que enviaron una carta al gobierno clamando por conmiseración, la misma que no tuvieron con sus víctimas.
El plan de búsqueda no comenzó bien: en el día de las “glorias” del ejército ante una consulta periodística el comandante en jefe de esa institución solo tuvo palabras de buena crianza, pero aporte real 0, y los partidos de derecha que advierten que en este gobierno no hay precisamente alabanzas para la dictadura, dejan en claro que no permitirán que haya un solo milímetro de avance. Chile necesita verdad y justicia, y no alucinaciones como la del obispo de los evangélicos que le dijo con todas sus letras a las esposas, hijos y nietos de los detenidos desaparecidos, que “hay que olvidar, perdonar y reconciliarse”… Cuando el 11 de septiembre de 1973 el presidente constitucional fue atacado para asesinarlo desde tierra y aire por las FF.AA. sediciosas, también fueron bombardeados los derechos humanos y la dignidad de los chilenos. Esos valores insustituibles hay que recuperarlos hoy a plenitud, reafirmarlos y proyectarlos indelebles en el tiempo, en favor de las nuevas generaciones.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
Hugoalcayagaperiodista@gmail.com
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