Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición: un largo camino que los Países deben hacer todavía
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 10 segundos
En el marco de la Sesión número 54 del Consejo de los Derechos Humanos, durante el día de ayer, 13 de septiembre 2023, al presentar su informe temático dedicado a las normas jurídicas internacionales que constituyen la base de la justicia de transición, Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, precisó el objetivo de su mandato de establecer claramente el contenido concreto de las obligaciones de los Estados y otros actores en materia de justicia de transición. En este ámbito existen obligaciones jurídicas indiscutibles para los Estados, que se definen según los cinco pilares del mandato: verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición y memoria.
Los procesos de justicia transicional se establecen en contextos de transición tras un conflicto armado o un régimen autoritario, para hacer frente al legado de graves violaciones de los derechos humanos y al derecho humanitario.
Las violaciones cometidas dan lugar a claras obligaciones jurídicas para los Estados, que se definen en relación con los cinco pilares del mandato: verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición y memoria.
Esas obligaciones se sustentan en normas jurídicas concretas: derivan del deber general de respetar y garantizar los derechos humanos, vinculante para todos los Estados, y están recogidas tanto en disposiciones de tratados como otras fuentes secundarias del derecho, y cuyo contenido se clarifica por la labor de tribunales y mecanismos de derechos humanos, nacionales e internacionales (jurisprudencia, observaciones finales, observaciones generales, informes de visitas a países y dictámenes) y de otros organismos específicos de la materia creados al efecto, como las comisiones de la verdad.
“He observado con gran preocupación la realidad de muchos procesos de justicia transicional que naufragan por decisiones políticas que se traducen en la deslegitimación de los procesos de búsqueda de la verdad, la impunidad, la falta de reparación integral a las víctimas, el mantenimiento de marcos institucionales que han favorecido las violaciones, la reivindicación de violaciones cometidas en el pasado y la ausencia o el boicot de los programas de memoria”, denuncia Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, antes el Consejo. “Estos reveses revictimizan a las víctimas y a sus familias, y ponen gravemente en riesgo el futuro de las sociedades. Los actores que intervienen en la concepción y ejecución de los procesos de justicia transicional deben tener en cuenta los estándares jurídicos internacionales examinados en el presente informe, con miras a evitar repetir los errores del pasado y los dolorosos efectos que tienen sobre las víctimas”.
En ese sentido, los actores nacionales que intervienen en la concepción y ejecución de los procesos de justicia transicional, tienen que velar por que los programas conexos cumplan los criterios definidos en el marco normativo de la justicia transicional, y establezcan mecanismos adecuados para vigilar la aplicación plena de los mismos, mediante un sistema de indicadores. Por ende, es importante también que los tribunales y mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, dentro de sus competencias, presten la debida atención a los casos de incumplimiento de las obligaciones derivadas de los procesos de justicia transicional, y emitan decisiones o sentencias en consecuencia cuando el incumplimiento dé lugar a nuevas violaciones de obligaciones dimanantes de tratados.
Asimismo, los organismos o instituciones internacionales o regionales e instituciones donantes presentes o activos en países que están experimentando o esperan experimentar un proceso de justicia transicional, deben tener en cuenta los estándares jurídicos internacionales examinados en el presente informe a la hora de concebir y ejecutar sus programas y actividades, para que tales medidas no den lugar a incumplimientos de los deberes y responsabilidades establecidos en esos estándares; deben asimismo velar activamente por qué se apliquen todos y cada uno de los cinco pilares de la justicia transicional, sin dejar ninguno incumplido.
El apego a estos estándares jurídicos internacionales por parte de todos los actores involucrados en procesos de justicia transicional es un elemento crucial para el éxito y estabilidad de estos procesos, asegurando reparación a las víctimas, transformando las raíces de la violencia, y facilitando la reconciliación efectiva de la sociedad y sus instituciones. Solo el pleno respeto y garantía de los derechos humanos generará verdad, justicia, paz y seguridad.
“Como muchos de los Estados presentes pueden dar cuenta, cuando el tejido de una sociedad se ha desgarrado, el camino de reconstrucción es largo y requiere de compromiso, voluntad y perseverancia. Es en este camino cuando los cinco pilares de la justicia transicional prueban ser necesarios e intrínsecamente interdependientes” declara la Representante del gobierno de Chile antes la ONU. “Es por eso que el pasado 30 de agosto, el Presidente Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, cuyo objetivo es desplazar las barreras de lo que hasta ahora había sido posible en el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desapariciones forzada, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”.
“Chile ha entendido que debemos afrontar responsablemente la memoria, la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile y en el mundo deben ser reconocidas, investigadas y reparadas debidamente. Hoy, tras décadas en democracia, mi país continúa con esta tarea, por lo cual el gobierno ha establecido un plan nacional de búsqueda para encontrar las víctimas de desaparición forzada en dictadura. Es precisamente por nuestra experiencia en justicia transicional que Chile respalda e invita a la colaboración de los Estados con los mecanismos de este Consejo y sus Procedimientos Especiales”, sigue la representante.
