Secreto a voces: Infligir el dolor fue política de Estado en Chile
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“Cómo va ser tanto?” [i]
Ante la incredulidad de los jueces de que la tortura se habría convertido en práctica sistemática en Chile, cincuenta personas se presentaron en la Corte Suprema para que los Honorables vieran los rostros de quienes lo habían sufrido, literalmente, en carne propio.
Era enero del 1974 y el abogado Andrés Aylwin (1925-2018), diputado por San Bernardo hasta la clausura del Parlamento tras el golpe civil-militar, quería que los jueces conocieran las consecuencias de su negación de los recursos de amparo que detallaban los abusos.[ii] Sin embargo, igual los jueces quedaban inconmovibles.
Desde fines de septiembre 1973, antes de la creación del Comité Pro Paz, desde su pequeña oficina a media cuadra de los tribunales el hermano del expresidente Patricio Aylwin, se interpusieron los primeros recursos de amparo para proteger personas detenidas. Por medio de esta oficina, con la colaboración de jóvenes abogados, desde muy temprano, los jueces tuvieron conocimiento de la práctica de tortura.
La mayoría de los sobrevivientes que recuperaban su libertad no querían ningún contacto con un abogado, permaneciendo mudos.
La inmovilización de la población ante el terror fue la primera expresión pública de la tortura. Los verdugos de las dictaduras del mundo utilizan la tortura como instrumento de control tanto del individuo, cuyo cuerpo es objeto de torturas, como de la sociedad, mediante el miedo. Los sobrevivientes ponen en evidencia ante los ojos de los demás el peligro que uno se corre al oponerse al régimen, y así aseguran una población sumisa. La tortura, entonces, constituyó la piedra angular de la política estatal de terror de la dictadura chilena cuyo objetivo era dominar a la población chilena por medio del miedo.
“Uno deducía que estas personas o eran testigos o ellas mismas habían sido tan golpeadas hasta quedar aterradas”, afirmó don Andrés a esta periodista en 2005. “Mucha gente empieza a sentir más miedo a la tortura que a la muerte. Había conciencia de qué si te tomaban preso, ibas a sufrir tortura. Al principio lo que las madres temían era que a sus hijos les torturan. Decían, ‘No quiero que mi hijo vuelva ciego, que vuelva quebrado’. Eso tú lo escuchabas desde el primer día”.
En 1973 y 1974, Andrés Aylwin y otros abogados defendieron personas acusadas por los Consejos de Guerra, instancias sumarias que dictaron sentencias altas, decidiendo en muy breve plazo el destino de cientos de personas, sin darles la posibilidad de una defensa adecuada. Aunque a los abogados les daba poco tiempo para reunirse con su defendido, las secuelas de tortura eran evidentes: una lesión, un brazo malo, o simplemente estaban muy atemorizadas. Era frecuente que el defendido era reacio a reconocer lo que le habían hecho, y menos dispuesto a denunciar, ya que permanecía en prisión.
Posteriormente, las defensas que presentaron el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad incluían denuncias por “apremios ilegítimos” o “violencia innecesaria”, un eufemismo jurídico que significa tortura. También significaba menos años de cárcel si es que el agente estatal lograba ser procesado y enjuiciado. Los abogados de derechos humanos continuaron presentando recursos de amparo y denuncias y las Cortes de Apelaciones y Suprema continuaron rechazándolos.
A partir de 1974 y todos los años hasta fines de los años 80s, las Naciones Unidas elaboraba un informe sobre el estado de las violaciones de derechos humanos en Chile con un capítulo dedicado al tema de la tortura, con relatos detallados. El 1 de marzo de 1975, después de otra condena más de la ONU, el propio Presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano salió a la defensa del gobierno militar: «En cuanto a torturas y otras atrocidades puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cortinas de hierro y cualquier afirmación, al contrario, se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron prosperar en nuestra patria».
Al momento del golpe civil-militar, ya era delito cometer «apremios ilegítimos» en Chile. Bajo los artículos 145 y 150 del Código de Justicia Militar sufrirán penas de presidio los funcionarios que decretan o prolongan la incomunicación, período cuando un detenido es más vulnerable a malos tratos, y a quienes aplican tormentos o usan un rigor innecesario. El Código Penal en sus artículos 150 y 255 también tipifica como delito la tortura. Además, desde los Estatutos del Tribunal de Nuremburg y los Convenios de Ginebra, promulgados por Chile en 1950, la jurisprudencia relacionada a la tortura establece su prohibición como principio de jus cogens, una norma tan fundamental que ningún Estado lo puede derogar. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles o Degradantes fue ratificada por Chile en 1988, por la dictadura misma.
El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) detalla la práctica sistemática de la tortura entre los métodos represivos. Sin embargo, los pocos casos de personas que murieron a causa de tortura no alcanzan a dar cuenta de la magnitud y lo habitual que fue. Sobre estos casos y muchos más sabemos gracias a los testimonios de ex presos políticos sobrevivientes en un sin número de causas judiciales por compañeros y compañeras con quienes compartieron cautiverio político.
Al principio, los y las exprisioneros políticos restaban importancia de sus propias experiencias, no obstante haber sufrido similares vejámenes a quienes resultaron ejecutados y desaparecidos por la dictadura. No declaraban sobre sus propias vivencias sino en calidad de testigo de otro preso con quien compartieron celda, cuyo voz o grito escucharon, aquel del cual no se supo nunca más. Surgió un largo proceso hasta tomar conciencia de su propia condición que culminó con la creación en 2003 de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también llamada Comisión Valech por el sacerdote que la presidió. Este logro se debe en gran parte a la presión de ex presos políticos y la Comisión Etica contra la Tortura, (CECT), en particular. El 26 de junio del 2003 con una misión internacional encabezada por el ex obispo Helmut Frenz y Frode Nilsen, ex embajador de Noruega en Chile durante la dictadura, junto a la CECT, solicitaron al gobierno de Lagos la creación de una Comisión Investigadora de Justicia, Verdad y Reparación Integral para sobrevivientes de tortura.
En noviembre del 2004 la Comisión Valech señaló que recibió 30 mil testimonios debidamente documentados, conocidos dolorosamente de primera mano. Concluyó que infligir el dolor con fines de ensañamiento político fue una práctica sistemática, permanente y masiva durante los 17 años de la dictadura. Algunos magistrados y algunos personeros políticos que colaboraron con la dictadura, afirmaron no haber conocido la existencia de los hechos documentados en el Informe antes de su publicación. Sin embargo, como señaló don Andrés Aylwin, múltiples fueron las ocasiones que tuvieron para enterarse que la tortura fue ejercida desde el primer día de la dictadura.
Menos de un año después, en marzo 2005, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís dictó el primer auto de procesamiento por el delito de tortura a 19 sobrevivientes de Tejas Verde, En junio del mismo año el ministro Solís dictó un segundo auto de procesamiento, está vez, por 23 sobrevivientes de Villa Grimaldi. Ambos autos de procesamiento que dictó Solís detallan los colgamientos, la aplicación de corriente eléctrica, los golpes, las violaciones, la privación de sueño, y otras prácticas subhumanas que fueron comúnmente ejercidas contra los detenidos en los campos de concentración y cárceles clandestinas que funcionaron después del golpe militar.
Cuando, el 5 de septiembre, el presidente Gabriel Boric anunció un proyecto de ley para levantar, con autorización de los afectados, la confidencialidad de las declaraciones juradas resguardadas por 50 años, se daba un paso importante hacia el reconocimiento de lo que una vez fue un secreto a voces.
Juanita Aguilera, coordinadora del CECT, fue una de los miles que contó a la Comisión Valech lo que ella sufrió como prisionera política.[iii] “Ninguna ley nos ha amordazado. Quienes hemos sobrevivido al terrorismo de Estado, hemos testimoneado en todas partes y nuestras exigencias han sido públicas. El secreto más bien proteja a los verdugos que nunca han hablado y siguen negando su pasado criminal”. Agrega: “El desafío de estos 50 años para mañana es hacer políticas públicas para que exista una cultura de respeto, promoción y verdadera vigencia de los derechos humanos. Esperamos que los derechos humanos dejen de ser un tema solo de las víctimas y los victimarios sino de los pueblos dispuestos a impedir toda clase de violencia que vulnere nuestros derechos y bienestar”.
Por Maxine Lowy
[i] Citado de Sergio Corvalán, abogado de la Vicaría de la Solidaridad y parte del equipo de la Comisión Rettig. Entrevista en julio 2005.
[ii] Entrevista con Andrés Aylwin Azocar, julio 2005
[iii] Conversación con Juanita Aguilera Jaramillo, septiembre 2023.
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