Protestas contra la Ley de Usurpaciones: manifestantes exigen veto del gobierno
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Hace una semana, el Congreso de Chile aprobó la controvertida Ley de Usurpaciones, y sus efectos ya se están haciendo sentir en todo el país a través de una serie de protestas protagonizadas por organizaciones que se sienten afectadas por esta legislación.
Uno de los eventos más destacados ocurrió en Lo Hermida, donde miembros de la agrupación «Luchadores de Lo Hermida» y la «Coordinadora Feminista 8M» bloquearon calles en protesta, exigiendo el veto completo de la ley. Daniela Ocaranza, dirigente de esta agrupación, cuestionó las cifras del Gobierno sobre la crisis habitacional y destacó la necesidad de una acción más enérgica para abordar el problema.
Además, en la Región de La Araucanía, comunidades mapuches llevaron a cabo una toma de la Ruta 5 Sur, que fue disuelta por personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros. También se registraron protestas en el camino entre Concepción y Penco, donde miembros de la Federación Nacional de Trabajadores levantaron barricadas incendiarias en la ruta. En San Antonio, pobladores de la toma Centinela se manifestaron en las calles de la comuna.
Por otro lado, un centenar de vecinos se reunieron por la misma causa para marchar por las calles del centro de Concepción, manifestaciones fueron encabezadas por la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo).
La Ley de Usurpaciones ha generado una gran controversia en el país, ya que, si bien el Gobierno patrocinó esta agenda antiusurpaciones, algunos de sus elementos, como la «legítima defensa privilegiada» y la «flagrancia permanente,» han generado inquietud en La Moneda. El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la ley permita la autotutela, mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha enfatizado que la ley podría llevar a situaciones de violencia.
Por su parte, diputados de oposición han defendido la aprobación de la ley y han acusado al presidente Gabriel Boric de atentar contra la mayoría del Congreso que aprobó la iniciativa. El debate se centra en la combinación de la flagrancia permanente y la legítima defensa privilegiada, que algunos consideran que podría incentivar la violencia y la justicia por mano propia.
Para resolver esta controversia, se ha planteado la posibilidad de un veto presidencial que enmiende los aspectos problemáticos de la ley. Los expertos y legisladores sugieren diversas alternativas, como eliminar la legítima defensa privilegiada o ajustar la ley para evitar abusos.
