Negacionismo climático y privilegios de clase: las nuevas enmiendas constitucionales de la derecha
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La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional de Chile ha dado un paso importante al aprobar una serie de normas relacionadas con la protección del medio ambiente y la sustentabilidad en el anteproyecto de la nueva Constitución. Sin embargo, también se han suscitado debates y controversias sobre ciertos puntos específicos que significaría, incluso, un retroceso a la constitución actual.
Derecho a la Vivienda Adecuada
Una de las decisiones más destacadas de la comisión fue la aprobación unánime de una norma que establece el derecho a la vivienda adecuada, la que ha sido presentada por el Partido republicano y la derecha tradicional de Chile vamos. Esta medida coloca a la vivienda en el centro de las preocupaciones sociales y garantiza que el Estado promoverá, tanto a través de instituciones públicas como privadas, acciones para satisfacer progresivamente este derecho. Además, se busca priorizar el acceso a la vivienda propia. Este enfoque tiene el potencial de abordar una problemática importante en Chile, donde la vivienda ha sido un tema crucial en la agenda pública.
Sin embargo, la comisión, que tiene mayoría de consejeros constituyentes de derecha, también aprobó una disposición que generó controversia y rechazo en los partido de gobierno. Se estableció que el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Esto llevó a un debate sobre si esta medida podría ser considerada como un privilegio para unos pocos y si afectaría la equidad en el acceso a la vivienda. Mientras en la oposición argumentan que esta medida protege a las familias de tener que pagar arriendos permanentes, en los partidos de centroizquierda e izquierda creen que puede generar inequidades y desigualdades.
Cambio Climático y Protección del Medio Ambiente
En cuanto al cambio climático y la protección del medio ambiente, la comisión también hizo avances significativos. Se estableció que el Estado promoverá la educación ambiental y contará con instituciones administrativas y jurisdiccionales técnicas cuyas decisiones deberán ser objetivas y fundamentadas. Además, se estableció que los procedimientos de evaluación ambiental serán técnicos y participativos, empleando criterios uniformes.
Sin embargo, el punto de desacuerdo más notorio fue la enmienda relacionada con las acciones para mitigar los efectos del cambio climático. La derecha no quiere referencias al cambio climático. A pesar de los esfuerzos para lograr un acuerdo, una propuesta para implementar medidas de mitigación y adaptación oportunas y justas ante los efectos del cambio climático no obtuvo la aprobación necesaria. Esto generó críticas y preocupación por parte de quienes ven la importancia de abordar este desafío ambiental de manera efectiva.
Los debates y controversias en torno a ciertos puntos señalan que aún existen desafíos importantes por abordar. La equidad en el acceso a la vivienda, la mitigación del cambio climático y la protección del medio ambiente son cuestiones fundamentales que requerirán un diálogo continuo y una búsqueda de soluciones consensuadas. La nueva Constitución de Chile tiene el potencial de sentar las bases para un futuro más justo y sostenible, pero dependerá de cómo se aborden estos desafíos en el proceso legislativo y de implementación. De lo contrario, y tal como señalan las encuestas de opinión, la población rechazará otra vez en diciembre esta propuesta. Los ganadores serán otra vez los poderes establecidos y quienes se han beneficiados de la actual constitución. La derecha y los poderes establecidos ganarán tanto si se aprueba o rechaza la propuesta constitucional.
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