Cámara aprueba proyecto que sanciona las ocupaciones ilegales sin incorporar indicaciones del gobierno
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En una sesión de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que busca regular las ocupaciones ilegales de inmuebles, estableciendo penas más severas y mecanismos eficientes de restitución. El proyecto, que ya había sido aprobado en su idea de legislar previamente, pasó a tercer trámite después de un análisis en la Comisión de Seguridad Ciudadana. El proceso legislativo incluyó debates y discusiones en los que se abordaron diversos aspectos del proyecto.
Uno de los puntos de discusión se centró en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo durante el análisis en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, estas indicaciones fueron rechazadas en comisión y también en sala, a excepción de una relacionada con la imposibilidad de detener a las personas que habiten un terreno ocupado y estén inscritos en el catastro anual de campamentos.
Las indicaciones finalmente rechazadas en la comisión, tampoco prosperaron en sala, salvo una de ellas relacionada con la imposibilidad de detener a quienes, habitando un terreno ocupado, se encuentren en el catastro anual de campamentos.
Así, se cayeron aspectos como considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones, y revertir la legítima defensa privilegiada que, a juicio del Gobierno, da pie a que los propietarios busquen hacer justicia por su cuenta, lo que derivaría en enfrentamientos entre las personas.
Durante el debate parlamentarios de la oposición sostuvieron que el texto busca atacar los loteos irregulares. Lo propio en materia de narcotráfico y asociación ilícita en las tomas de terreno. Además rechazaron categóricamente que el proyecto permita el enfrentamiento entre civiles.
Para los legisladores oficialistas, la iniciativa tal como quedó, equivoca el foco. Ello porque sanciona la precariedad al criminalizar la pobreza y atentar contra derechos fundamentales, cómo es el derecho a vivienda.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó que si bien el Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, es necesario encontrar un equilibrio para evitar que los ciudadanos busquen hacer justicia por sus propias manos. Tohá destacó la importancia de tener una ley efectiva que sancione las ocupaciones ilegales sin llegar a extremos que puedan derivar en conflictos.
El proyecto en cuestión modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Busca sancionar con presidio todas las formas de usurpación y ampliar el período de flagrancia para este delito. Además, introduce la posibilidad de restitución anticipada del inmueble ocupado durante la investigación o al presentarse una demanda civil.
El debate parlamentario refleja la complejidad de abordar el tema de las ocupaciones ilegales y las preocupaciones por encontrar un equilibrio entre el fortalecimiento de la legislación y la protección de los derechos fundamentales de las personas. A medida que el proyecto continúa su proceso legislativo, se espera que estas discusiones sigan enriqueciendo la propuesta y permitan alcanzar un consenso que beneficie a la sociedad en su conjunto.
