La lucha por la justicia y la reparación en Chile sigue avanzando, y un nuevo fallo de la Corte Suprema marca un importante paso en este camino. En una decisión unánime (causa rol 13.305-2023), la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo presentado en contra de la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $8.000.000 por daño moral a Juan Carlos Ramírez Peña.
La historia de Juan Carlos Ramírez Peña se remonta al 5 de octubre de 1989, durante una manifestación que tenía lugar en la emblemática Plaza Italia. En ese momento, fue detenido ilegalmente por personal de Carabineros y posteriormente sometido a torturas durante 12 días por agentes del Estado. La sentencia que condena al fisco a indemnizarlo por daño moral es un paso significativo en su búsqueda de justicia y reconocimiento.
La decisión de la Corte Suprema destaca la falta de infracción en la valoración de la prueba realizada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Aunque se argumentó que el monto de la indemnización resultaba excesivo debido a la debilidad probatoria en la extensión del daño causado, la Corte Suprema confirmó la sentencia de indemnización de daño moral por $8.000.000.
En el fallo, la Corte Suprema hace hincapié en la importancia de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, que establecen las bases para la indemnización en casos como el de Ramírez Peña. La resolución recalca que las presunciones judiciales fundadas en hechos reales y probados, así como la multiplicidad de ellas, son las normas que pueden ser revisadas en un recurso de casación. Además, se subraya que las presunciones deben ser graves, precisas y directas, pero que el cumplimiento de otros extremos queda en manos de los jueces de instancia, sin poder ser controlado por la Corte Suprema.
La Sala Penal de la Corte Suprema desestimó las alegaciones genéricas en relación con la vulneración de normas reguladoras de la prueba, afirmando que el recurso presentado no demostraba claramente en qué consistieron los errores de derecho y cómo influyeron en la decisión.
En resumen, este fallo de la Corte Suprema refuerza la importancia de los tratados internacionales en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante el régimen dictatorial en Chile. A través de esta decisión, se ratifica el derecho de las víctimas como Juan Carlos Ramírez Peña a obtener reconocimiento y compensación por el sufrimiento que padecieron en manos de agentes del Estado.
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Ocho millones, es menos de lo que gana un “ honorable “ con todos sus colgajos como diría un periodista que se dice “independiente de verdad “ Y todo esto sin tortura... después de haber pasado por la tortura pacuna, pobre no se olvidara, para el resto de vida