Grandes empresas insisten en mantener su impunidad ante nueva ley que protege a consumidores y medio ambiente
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La semana pasada, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) decidió recurrir al Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de frenar la promulgación de una nueva ley que penaliza los delitos económicos y ambientales. Ahora, se ha sumado a la causa la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), manifestando su preocupación por posibles impactos en sus negocios. Sin embargo, lo que realmente molesta a estas organizaciones es la protección otorgada a los consumidores.
Sofofa ha emitido una declaración pública argumentando las razones por las que apoyan este requerimiento. En primer lugar, enfatizan que condenan todas las prácticas empresariales cuestionables, ya sean constitutivas de delitos o no, y consideran fundamental que los delitos más graves sean castigados con penas efectivas de cárcel para los responsables.
Asimismo, Sofofa expresa su creencia en la importancia de la libre competencia, el correcto funcionamiento del mercado de capitales y la responsabilidad de las empresas tanto con el medio ambiente como con la seguridad de sus trabajadores y las comunidades.
En la realidad, existen innumerables casos en los que las grandes empresas abusan de su poder para evadir impuestos, coludirse, sobornar y dañar el medio ambiente, perjudicando así a toda la sociedad. Sin embargo, históricamente han gozado de impunidad debido a vacíos legales y una fiscalización deficiente.
Ante la acción de la CPC ante el TC, parlamentarias del Partido Comunista (PCCh) han presentado ante el tribunal un documento de 16 páginas conocido como «Téngase Presente», con el fin de defender la nueva ley que endurece las sanciones para los delitos económicos. En este escrito, se resaltan los argumentos que destacan la importancia de la nueva normativa, incluyendo la actualización de la legislación y el respaldo político transversal que ha recibido. Además, se solicita al TC conceder una audiencia pública para exponer el contenido del documento.
Según Claudia Pascual, jefa del comité de senadores, es fundamental respetar al Poder Legislativo y considera inapropiado que los grandes empresarios soliciten ser exceptuados de la normativa.
«Nosotros vamos a defender lo que hemos llevado a cabo como parlamentarios, y también vamos a defender lo que la ciudadanía desea. La ciudadanía no quiere más exenciones éticas para los delitos económicos, ni más sensación de impunidad. No quiere que las personas más influyentes siempre puedan eludir los delitos económicos mientras que alguien por delitos menores deba enfrentar la cárcel. Desde esta perspectiva, vamos a defender lo que hemos logrado en términos parlamentarios. Por eso, respaldamos este nuevo catálogo de delitos y también defendemos la idea de que, cuando es fundamental desarrollar una empresa y asumir ciertas responsabilidades dentro de ella, se vulnere la fe pública mediante prácticas colusorias para aumentar los precios. Creemos que esto también debe acarrear responsabilidades mayores», subrayó Pascual.
La nueva ley busca precisamente acabar con esta impunidad, penalizando las prácticas dañinas y estableciendo penas efectivas para los ejecutivos responsables. Las empresas son conscientes de esto y por eso ejercen presión para debilitarla. Alegan «desigualdad» y «subjetividad», pero en realidad aspiran a mantener privilegios.
No podemos permitir que poderosos empresarios y corporaciones queden impunes mientras los consumidores sufren abusos. Se necesitan leyes más estrictas y una fiscalización rigurosa. Las empresas deben asumir sus responsabilidades y los ciudadanos merecen respeto y reparación cuando son víctimas de delitos económicos
