Qué pasa con las elecciones en Guatemala
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Las elecciones generales de 2023 en Guatemala se han visto envueltas en una crisis política y jurídica que amenaza la legitimidad del proceso y la estabilidad del país. ¿Qué está pasando y qué consecuencias puede tener para la democracia guatemalteca?
El origen del conflicto se remonta al 25 de junio de 2023, cuando se celebró la primera vuelta electoral para elegir al presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ninguno de los 18 candidatos presidenciales obtuvo la mayoría absoluta de los votos, por lo que se debía realizar una segunda vuelta entre los dos más votados: Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.
Sin embargo, antes de que el TSE pudiera certificar el resultado y convocar a la segunda vuelta, prevista para el 20 de agosto, nueve partidos políticos de derecha presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo órgano judicial del país, alegando que hubo irregularidades y fraude electoral en favor de Arévalo, quien había sido el candidato revelación de la contienda. Entre los partidos que impugnaron el resultado se encontraba el oficialista Vamos, cuyo candidato Manuel Conde quedó en tercer lugar con un estrecho margen.
La CC concedió una medida cautelar que ordenó al TSE revisar nuevamente las actas electorales impugnadas y resolver las denuncias presentadas por los partidos inconformes. Esta decisión fue duramente criticada por diversos sectores de la sociedad civil, organismos internacionales y observadores electorales, quienes consideraron que se trataba de una injerencia política en el proceso electoral y una violación a la autonomía del TSE. Además, advirtieron que la medida podría retrasar o incluso anular la segunda vuelta electoral, lo que generaría una crisis institucional y una pérdida de confianza en el sistema democrático.
Los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo también rechazaron la medida cautelar y exigieron al TSE que cumpliera con su deber de certificar el resultado y convocar a la segunda vuelta. Ambos afirmaron que no existían pruebas de fraude electoral y que las denuncias eran infundadas y motivadas por intereses políticos. Asimismo, acusaron a la CC de actuar bajo presiones de grupos de poder económico y mediático que buscaban impedir el cambio que representaban sus propuestas.
El TSE, por su parte, anunció que acataría la medida cautelar y que realizaría una nueva revisión de las actas electorales impugnadas con la presencia de los delegados de los partidos políticos y los observadores internacionales. Sin embargo, aclaró que esto no implicaba una repetición del escrutinio ni una modificación del resultado preliminar. El TSE también expresó su preocupación por el impacto que la medida cautelar tendría en el cronograma electoral y en el presupuesto destinado al proceso.
Mientras tanto, la población guatemalteca vive con incertidumbre e indignación el desarrollo de los acontecimientos. Muchos ciudadanos han expresado su rechazo a la medida cautelar y su apoyo al TSE a través de manifestaciones pacíficas, redes sociales y medios alternativos. Otros han optado por el voto nulo o la abstención como forma de protesta contra el sistema político actual. Según los datos del TSE, el voto nulo fue la opción más elegida en la primera vuelta con un 17,3% del total, seguido por el voto en blanco con un 6,98%. La participación electoral fue del 59,45%, lo que refleja el descontento y el desencanto de la ciudadanía con la clase política.
En este contexto, las elecciones generales de 2023 en Guatemala se han convertido en un escenario de confrontación entre dos visiones opuestas del país: una que apuesta por el cambio y la renovación política, y otra que defiende el statu quo y los intereses de las élites. El desenlace de este conflicto dependerá de la capacidad de las instituciones electorales y judiciales de garantizar la transparencia, la legalidad y la legitimidad del proceso, así como del compromiso de los actores políticos y sociales de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
