Derecha busca limitar la libertad sindical en el anteproyecto constitucional

La libertad sindical es uno de los temas más sensibles y relevantes para la izquierda en el proceso constitucional. Sin embargo, la derecha no está conforme con las normas que la Comisión Experta redactó para garantizar este derecho, que incluyen el reconocimiento explícito de la huelga y su extensión al sector público. Por eso, los consejeros del Partido Republicano y la UDI preparan enmiendas para mantener una regulación similar a la actual Constitución, que restringe la huelga y excluye a los funcionarios públicos de este derecho.

Según el diario La Tercera, los republicanos y la UDI ya tomaron la decisión de modificar aspectos sustanciales de la libertad sindical, pese a ser conscientes de que se trata de un asunto delicado que podría generar tensiones con la izquierda. Los comisionados oficialistas argumentan que la libertad sindical debe tener límites razonables para no afectar el orden público, el funcionamiento de los servicios esenciales y el derecho al trabajo de los no sindicalizados.

La Comisión Experta, debido a la resistencia que tuvieron los comisionados oficialistas, logró normas que a juicio de la izquierda “robustecen la libertad sindical”. Este concepto es una pieza clave de la regulación sindical y considera tres aspectos: el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Los comisionados de izquierda valoran haber superado la regulación de la Constitución vigente al reconocer explícitamente el derecho a huelga y dejarla sin limitación a la negociación colectiva. “La Constitución garantiza el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales. Este derecho será ejercido con las limitaciones fijadas por una ley de quórum calificado”, se lee en la norma del anteproyecto. Esa ley, a su vez, es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente.

La izquierda acusa que las enmiendas de la derecha serían “un retroceso” que rompería el equilibrio del texto, ya que se trataría de un cambio “peligroso que pone en riesgo el proceso constitucional”. Además, advierten que la libertad sindical es un derecho humano reconocido internacionalmente y que Chile debe respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al respecto