Cámara aprueba dos resoluciones para enfrentar la crisis migratoria
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Con el objeto de abordar y dar soluciones a la crisis migratoria que enfrenta el país, la Sala de la Cámara aprobó dos resoluciones que llaman al Ejecutivo a realizar diversas medidas.
La resolución 758 plantea hacer uso del denominado 2% constitucional. Ello, en referencia a los recursos que el Presidente de la República puede destinar ante la ocurrencia de una emergencia o catástrofe.
La iniciativa es de los republicanos José Carlos Meza, Cristián Araya, Chiara Barchiesi, Juan Irarrázaval, Benjamín Moreno, Luis Sánchez y Cristóbal Urruticoechea, más el independiente Mauricio Ojeda.
En el texto se señala que Chile vive, actualmente, la crisis migratoria más difícil de su historia. En ese marco, hay un “descalabro absoluto que tiene como causa la falta de acción decidida y continua de la clase política para hacerse cargo”.
Por ello, llaman a acudir al 2% constitucional, destinando estos fondos a medidas como reforzar la dotación policial y construir infraestructura de emergencia.
Esta propuesta recibió 88 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones.
Criterio Valencia frente a crisis migratoria
La resolución 771 pide medidas presupuestarias y administrativas que faciliten la identificación de imputados, para resolver la crisis migratoria y el desplazamiento irregular.
El texto, además, propone instruir a los servicios competentes para maximizar la eficiencia y celeridad en los procedimientos que permitan un efectivo control.
La iniciativa recibió 112 votos a favor y 12 abstenciones. El documento hace alusión a las instrucciones del fiscal nacional, Ángel Valencia. El llamado “Criterio Valencia” se refiere al modo de actuación en controles de detención, cuando el imputado no tenga cédula de identidad o pasaporte de su país de origen. También a aquellos extranjeros sin RUN provisorio.
No obstante, la Asociación de Fiscales ha apuntado falencias como la demora por parte del Registro Civil en el proceso de enrolamiento. Asimismo, la instrucción del fiscal nacional no distingue casos especiales, como adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad o niños, niñas y adolescentes.
Es en ese sentido, y para evitar pasar a llevar los derechos humanos de las personas migrantes, que se pide al Ejecutivo más recursos. Por ejemplo, para implementar oficinas del Registro Civil dentro de los tribunales penales o en las inmediaciones.
