El caso Llaitul y los testigos sin rostro contra el pueblo mapuche

Héctor Llaitul Carrillanca es fundador y vocero de la CAM. A sus 55 años, ha enfrentado largos periodos de prisión y huelgas de hambre. Hoy la CAM cuenta 11 presos políticos mapuches (PPM) bajo una política de dispersión que niega su condición originaria. Su referente histórico, Héctor Llaitul, cumple prisión preventiva desde agosto de 2022 en un módulo de presos comunes del penal CCP del Bío Bío, en Concepción. Su sexta vez en prisión, la primera que se le niega un módulo de comuneros.

Durante la preparación de su juicio oral, la juez de garantía ordenó a la fiscalía facilitar la identidad de cinco testigos protegidos únicamente a la defensa, garantizando tanto la protección de los testigos como un juicio justo. La decisión fue cuestionada por el Ministerio Público. La ministra del Interior, Carolina Toha, la definió como un error que debe enmendarse. Intromisión pública en el Poder Judicial acompañada por un recurso presentado por el fiscal regional, aceptado por la Corte de Apelaciones de Temuco. Corte que el viernes 12 de mayo falló revocar la decisión del juzgado de garantía y mantener a los testigos bajo reserva de identidad. El Ministerio Público no mostrará las identidades a la defensa.

El empleo de testigos sin rostro no se ajusta a derecho. Menos en el caso de Héctor Llaitul, acusado por una ley que no contempla su uso: la Ley de Seguridad del Estado heredada de Pinochet. Esto contraviene el ordenamiento jurídico internacional hacia los pueblos originarios. Chile ya ha sido condenado por la CIDH por el uso de testigos sin rostro para perseguir la lucha mapuche. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público de Chile se niega a entregar las identidades de los testigos? ¿Será que no existen otras pruebas para condenar al comunero?

¿Estamos a las puertas de un nuevo montaje judicial, ahora contra Llaitul y mañana contra otros PPM, utilizando testigos sin identidad para condenarlos? La pregunta ¿quién está detrás de los testigos? planea en el aire. El fallo de la Corte incita a la especulación. ¿O es otro tipo de especulación la que está detrás del fallo?

Llaitul ha sido víctima de varios montajes judiciales. El más reciente fue la Operación Huracán, que naufragó al destaparse que la inteligencia policial manipuló las pruebas. El escándalo Huracán puso patas arriba a Carabineros ante la opinión pública hasta que la tormenta pasó y los faros mediáticos alumbraron otros lares.

La actual criminalización contra Llaitul no está respaldada por prueba alguna. El abogado chileno Alberto Espinoza define el reciente fallo como político, porque prescinde de principios fundamentales de un debido proceso y lo ubica en un acto de subordinación a los intereses políticos perseguidos por el Estado y a los intereses económicos de los particulares que este Estado defiende.

La cuestión de otro posible montaje judicial vincularía a los cinco testigos sin rostro con la operación mediática orquestada en torno a la acusación de la fiscalía. Según el relato mediatizado, Llaitul sería el líder de una mafia maderera didicada a usurpar los predios para robar y traficar madera con soldados al servicio del crimen. ¿Respaldarán los testigos ese relato?

Conociendo tanto a Héctor Llaitul como los procesos de reconstrucción territorial de la CAM, quedamos asombrados ante semejante manipulación. Su relación con el territorio tiene que ver con la recuperación de espacios históricamente despojados a este pueblo nación por intereses oligárquicos expresados hoy en la industria forestal, que destruye el territorio y perpetúa el despojo. La recuperación devuelve la tierra a las manos comuneras, empobrecidas por siglos de desposesión militarizada. Siembra de especies autóctonas y producción comunal generan alternativas de vida digna, proceso acompañado de recuperación de identidad y cosmovisión, el mundo espiritual mapuche. Autonomía. En voz del propio Llaitul: Tenemos un arraigo en las comunidades. Esta fuerza debe expresarse en un amplio proceso de reconstrucción de nuestras formas de organización históricas, de nuestra economía, de nuevas relaciones sociales en nuestro territorio (https://acortar.link/OgNnLT).

Para avanzar frente a la industria forestal, la CAM se vale de acciones de sabotaje al capital forestal, reivindicadas y enmarcadas en un proyecto político de pensamiento propio con grandes principios éticos. Sumando los ingredientes, entendemos la furia del capitalismo chileno y de un Estado hecho a su imagen y semejanza. El surgimiento de organizaciones de extrema derecha, con rama paramilitar, vinculadas a las forestales. Las posturas de un gobierno que compite por ser el más servil de la historia de Chile, en tanto le precede un discurso progresista y muchos de sus cuadros, como el presidente Boric, mostraron su solidaridad con el pueblo mapuche. Entendemos así el anuncio del subsecretario del Interior de desplegar más militares, helicópteros y vehículos blindados a la macrozona sur. La militarización y represión avanzan en un Wallmapu en estado de excepción. Las comunidades y PPM resisten. Urge la observación internacional.

Por Raúl García Sánchez

Maestro y antropólogo

Twitter: @vocesenluchacom