RSF: Clasificación 2023 sobre la libertad de prensa en Chile
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Este año, Chile baja un lugar en relación a 2022, y queda en el puesto 83 de 180 países que se han monitoreado.
Este es el séptimo año consecutivo en que el país desciende en la clasificación que realiza anualmente Reporteros Sin Fronteras (RSF), pasando de estar número 31 en 2017, al que ocupa ahora.
Si bien en la clasificación segmentada, Chile habría mejorado en relación al año anterior en los indicadores POLÍTICO; ECONÓMICO, y LEGISLATIVO, la baja significativa en los indicadores SOCIAL y de SEGURIDAD, promedió para que se produjera la baja de un lugar.
Clasificación por indicadores:
| INDICADOR | 2022 | 2023 |
| Político | 59 | 41 |
| Económico | 86 | 84 |
| Legislativo | 82 | 79 |
| Social | 77 | 80 |
| Seguridad | 115 | 124 |
Informe textual tomado del sitio oficial de RSF, sobre Chile
Aunque la libertad de prensa está garantizada en la Constitución chilena y en el ordenamiento jurídico, no siempre se respeta en la práctica. El periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican. Los procesos judiciales contra medios y periodistas se han convertido en una estrategia recurrente para silenciar al periodismo.
Panorama mediático
Aunque los medios de comunicación ofrecen una imagen de cierta diversidad, en realidad pertenecen mayoritariamente a grupos económicos. Los principales periódicos son El Mercurio y La Tercera; las cadenas de televisión más vistas son Televisión Nacional de Chile (TVN), Mega, ChileVisión y T13, y las emisoras de radio informativas con mayor audiencia son Bío Bío, Cooperativa y ADN. La demanda ciudadana de pluralismo informativo está aumentando, lo que proporciona espacio para el desarrollo de medios alternativos, que aún carecen de profesionalidad y de recursos económicos y humanos estables.
Contexto político
La oleada de manifestaciones populares que comenzó en octubre de 2019 ha provocado cambios sin precedentes en la historia política del país y ha convulsionado el panorama político chileno. Sin embargo, pese a que la reforma constitucional había despertado algunas esperanzas, fue rechazada en septiembre de 2022. Los principios democráticos siguen sufriendo un estancamiento institucional, también en el ámbito de la comunicación.
Marco legal
La Constitución vigente en Chile, impuesta por la dictadura cívico-militar en 1980, apenas se modificó bajo el tercer gobierno de la Concertación (2000-2006). Aunque la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo se aprobase en mayo de 2001, la redacción de la nueva Constitución, prevista para 2023, y una nueva propuesta de modificación del reglamento de la prensa no garantizan el abandono de los pocos principios jurídicos de la dictadura y el derecho a la información.
Contexto económico
En Chile, los principales medios de comunicación están en manos de grupos económicos, y los posibles conflictos de intereses en el tratamiento de ciertos temas (por ejemplo, medio ambiente o asuntos sociales) han hecho mella en la confianza de gran parte de la población. Los cambios demandados por la sociedad civil han puesto de manifiesto la necesidad de un órgano regulador que apoye la profesionalidad de los medios, el ejercicio del periodismo, mayor independencia, y un mayor apoyo a las publicaciones alternativas.
Contexto sociocultural
Los ciudadanos y movimientos sociales manifiestan una importante desconfianza hacia la información publicada por los medios de comunicación, por su tratamiento subjetivo (temas no abordados o, por el contrario, priorizados) que excluye a las voces y sectores críticos. Aunque existe una prensa y periodistas que contribuyen a generar confianza entre los ciudadanos, hay una demanda social de una mayor pluralidad mediática.
Seguridad
El recrudecimiento de las manifestaciones y protestas, y el cuestionamiento del modelo político actual han dejado al descubierto las violencias perpetradas contra los periodistas por parte de la policía y los organismos de inteligencia militar. Las leyes existentes son poco eficaces para proteger a los profesionales de la información y, a pesar de algunos avances, los ataques contra los periodistas y los medios siguen quedando mayoritariamente impunes. Se requiere especial atención para proteger a las mujeres en el ejercicio de la profesión.
