Chile: la violencia de Carabineros ya no tiene limites con la Ley Naín-Retamal
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Según el senado de Chile, la Ley Naín-Retamal trata del proyecto que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil. No la piensan de la misma forma la sociedad civil o las organizaciones de derechos humanos, sobretodo después de la muerte de David Toro.
“Desde su creación, Carabineros de Chile contabiliza 1.233 mártires, alcanzando, en el último tiempo, el lamentable récord de tres muertes de funcionarios en 23 días. Todo esto en un contexto de discusión legislativa sobre diversos proyectos de ley en materias de seguridad; uno de ellos, la Ley 21.560 publicada este 10 de abril en el Diario Oficial y conocida como la Ley Naín-Retamal. Si bien luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, la discusión en el Senado se retrasó y un sector del oficialismo afirmó su intención de recurrir al Tribunal Constitucional, la muerte del cabo primero Daniel Palma, sucedida en un control de identidad en Santiago Centro, marcó un punto de inflexión, a nivel nacional, que apuró la promulgación y entrada en vigor de dicha ley”. Así definen la urgencia de crear una ley en favor de Carabineros Pilar Lizana y Constanza Araos en una publicación de AthenaLab.
No serán las solas en pensar que las fuerzas estatales necesiten más protección frente a los “delincuentes” que habitan las periferias de las ciudades chilenas, en particular modo de su Capital.
Sin embargo, no podemos quedarnos ciegos frente a la realidad de David Toro, asesinato con una descarga de subametralladora UZI en Llolleo, comuna de San Antonio, o, aun, a la historia de María Paz, quien abortó enseguida a las golpizas perpetrada por un Carabinero.
En estos días la familia de David Toro interpuso una querella por homicidio calificado contra Francisco Vargas Bascuñán, el funcionario de Carabineros que disparó contra el joven, quitándole la vida.
La justicia dio la razón a María Paz después de siete largos años, por haber sido víctima de apremios ilegítimos por la Carabinera Tiare Vergara Torres, provocándole el aborto de un embarazo en etapa inicial de gestación.
De hecho, la historia de amor entre Carabineros de Chile y el terrorismo de Estado es muy larga y bien conocida: no es un caso si ya en 2020 la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) llamaba a una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos el 2 de octubre 2020 en el puente Pío Nono en Santiago de Chile, que resultaron en lesiones graves de un adolescente de 16 años.
En ese entonces, para la Oficina era necesario investigar, juzgar y sancionar no solo la responsabilidad individual del funcionario de Carabineros directamente involucrado, sino también investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación, pues resultaba especialmente preocupante en este entonces la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles.
De acuerdo a la Oficina, el caso del puente Pío Nono no fue excepcional, sino que se suma a la ya extensa lista de otros casos de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de orden cometidas en el contexto de manifestaciones sociales, que han sido documentadas en distintos informes a nivel internacional y nacional como en la propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos después de su misión en 2019, los de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, del Instituto Nacional de Derechos Humanos; e incluso después de estos informes.
“Preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas reiteradas. Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas”, expresó en ese entonces Jarab.
Talvez que, después de leer las palabras de Jarab, podríamos preguntarnos en que momento Chile haya necesitado una ley como la Naín-Retamal. Lorenzo Morales, de la Defensoría Popular, nos explica brevemente sus consecuencias.
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de rusca con amor
Gino Vallega says:
La ley contra los civiles, que dice proteger y parece acicatear a los policías a disparar a su criterio, sólo refuerza el panorama de injusticia, discriminación y obsecuencia de clase, de los poderes del Estado y autoridades corruptas, en un porcentaje que debería alarmar a los legisladores, pero , como dice el pueblo, «entre bueyes, no hay cornadas». Quien le pone el cascabel
al gato? Quien lanza la primera piedra, sin quedar «masacrado» por la prensa y TV amarilla, tal como el partiducho político?
CHILE, ESTADO POLICIAL Y CORRUPTO, CON LICENCIA OFICIAL!