Alto Maipo confirma que pagó servicios de espionaje y seguimiento a defensores del río Maipo

En esta causa por espionaje, la Corte de Apelaciones pidió tanto a Aes Andes como a Alto Maipo que informaran sobre el caso y a partir de la respuesta de la empresa, el 17 de abril, comprobamos que efectivamente la hidroeléctrica “contrató servicios de seguimiento de redes y recopilación de información”. Este trabajo lo realizó la empresa Felipe Jaque Zamora, Asesoría y Consultoría en Computación, Informática y Tecnología EIRL y se desarrolló durante 6 meses del 2020,  según indicó la empresa.

Por su parte en febrero pasado, Aes Andes -que comparte ejecutivos con Alto Maipo- señaló que “no ha tenido participación en los hechos que se denuncian” a pesar que el proyecto, Alto Maipo, entregó a la justicia una serie de correos electrónicos corporativos de Aes dirigidos a Jaque Zamora.

Durante 180 días fuimos sometidos a una indagación y recopilación de un sinnúmero de datos personales que van desde direcciones de domicilios, parejas, estudios, redes sociales, entre otras, así como también, de las  acciones que hemos ejecutado en contra el proyecto. A estos antecedentes se suma la vigilancia a un grupo de trabajadores del propio proyecto. No conforme con investigarnos, en informes nos calificaron de ecoterroristas vulnerando nuestros derechos fundamentales como ciudadanos y dirigentes. Alto Maipo y Aes Andes nos criminalizan y estigmatizan  en un burdo intento de amedrentarnos e impedir que defendamos nuestros territorios.

Este ciberespionaje es de la mayor gravedad porque, por primera vez se comprueba que los movimientos socioambientales y los ciudadanos con conciencia ambiental son blanco de persecución y espionaje por las empresas extractivistas violando la confianza y el contrato social. Por ello, es que exigimos que el Estado reaccione y adopte medidas para proteger a las y los defensores; algo que no hizo en el caso de Macarena Valdés en el contexto de otro conflicto con una hidroeléctrica.

El reconocimiento de Alto Maipo, se da en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú y de la realización de la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP2) en Argentina. Este tratado ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico y obliga al Estado y al gobierno a cumplir su mandato de asegurar la vida de ciudadanos y defensores ambientales. En relación a esto,  Alberto Brunori, el representante de ONU Derechos Humanos en América Central declaró: “Algunas personas afirman que las y los defensores de los derechos ambientales son un obstáculo para el desarrollo. Hasta las y los tildan de `terroristas’. Muy por el contrario, juegan un rol vital en la consolidación de la democracia y su labor debe protegerse y respaldarse.”  Así mismo debe garantizarse la no impunidad de la empresa.

Aes Andes y Alto Maipo se han caracterizado por incumplir constantemente sus propios compromisos y quebrantar las leyes; y a pesar de eso, no han perdido el apoyo que, de manera transversal, les han entregado los gobiernos. Sobre el actual, en el pasado cercano, sus propios integrantes apoyaron la defensa del río Maipo y manifestaron públicamente su oposición a la hidroeléctrica de Aes Andes. Incluso Gabriel Boric en campaña presidencial en el territorio se comprometió a estudiar la paralización del proyecto.

El camino de esta denuncia está comenzando, por lo que llamamos a los medios de comunicación, organismos de derechos humanos, organizaciones ambientales, sociales y políticas, a visibilizar y denunciar a Aes Andes y Alto Maipo  por el espionaje y seguimiento a dirigentes ambientales para que esta situación de vulneración no quede en la impunidad. Por esta razón y por la suma de ilegalidades históricas que ha cometido, Alto Maipo debe ser clausurado. En tanto que por toda la destrucción que genera su mandante, Aes Andes en distintos territorios, el Estado debe cesar sus negocios  con la transnacional.

Agradecemos a quienes nos han manifestado su apoyo, y por sobre todo agradecemos a nuestro abogado Javier Pineda de la Defensoría Popular de las Comunidades y a Interferencia por su compromiso en esta causa.

Por último no podemos soslayar que dirigentes de la comunidad del Ciruelo Sur, en el Bío Bío,  recientemente han denunciado amedrentamiento y amenazas en el conflicto que mantienen también con Aes Andes, empresa que ha interpuesto también un recurso de protección en contra de la propia comunidad. Acaso Alto Maipo y Aes Andes ¿necesitan operar de esta manera para materializar sus proyectos? Esperamos la atención del gobierno y de los organismos de derechos humanos para que esta práctica de amedrentamiento, criminalización y estigmatización a los defensores de la naturaleza no se normalice.