Colombia frente a la CAT: resolviendo los abusos del pasado, enfrentando los desafíos del presente
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El Comité contra la Tortura (CAT) concluyó este miércoles 19 de abril su examen del sexto informe periódico de Colombia. El Comité acogió positivamente la prohibición de la amnistía para los funcionarios públicos responsables de abusos cometidos en el pasado y planteó preguntas acerca de los informes sobre el uso de la fuerza letal por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en respuesta a protestas sociales y sobre huelgas carcelarias.
“Colombia está en un proceso de cambio, adoptando una política de derechos humanos que aborda tanto el pasado como el presente. El Comité se encargó de supervisar la implementación de la Convención por parte del Estado, y desarrollará observaciones finales basadas en la información proporcionada en el diálogo para mejorar esta implementación”, declaró Claude Heller, Co-Relator para el informe de Colombia y Presidente del Comité.
Durante la presentación del informe del Estado parte, Claude Heller subrayó que este mismo era particularmente relevante, dados los hechos ocurridos desde noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, poner fin a un conflicto armado que se prolongaba desde 1948 y había provocado la muerte de millones de personas. En esa misma linea, fue puesta en evidencia la implementación de la ley que prohibía otorgar amnistía a funcionarios del Estado que hubieran cometido infracciones graves y los avances logrados para responsabilizar a exlíderes del Ejército de Liberación Nacional y militares por abusos cometidos en el pasado.
El Comité no se focalizó unicamente en las nuevas leyes: una atención particular fue otorgada al periodo relativo al Estallido Social, enseguida al cual aun mucho jóvenes siguen atrapados en las cárceles.
En relación a este periodo, el Sr. Heller señaló que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían sido acusados de cometer graves violaciones de derechos humanos en reacción a las protestas mayoritariamente pacíficas que habían tenido lugar en Colombia desde la crisis social que comenzó en 2019, incluidas personas muertas o heridas por balas.
En las protestas celebradas el 28 de abril de 2021, 46 manifestantes fueron asesinados. Hubo denuncias de uso indiscriminado de gases lacrimógenos y armas letales por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. El Sr. Heller preguntó cómo había respondido el Estado a estos incidentes.
En respuesta a las preguntas del Comité, Elizabeth Taylor Jay, Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y jefa de la delegación, dijo que el Gobierno estaba trabajando para implementar el Acuerdo Final de Paz y su marco de justicia transicional. Se ha establecido un comité especial para la paz para investigar los delitos cometidos por agentes del orden y terceros civiles. El comité estaba identificando a los perpetradores, quienes bajo la legislación estatal no se beneficiaban de la amnistía si cometían torturas, ejecuciones extrajudiciales u otros crímenes graves contra la humanidad. Esos delitos se juzgaban en los tribunales penales.
Más en detalle, sobre las protestas sociales, la delegación dijo que habían habido miles de protestas públicas diferentes desde 2019. En respectó a eso, la Fiscalía General había identificado, en el mientras, a las víctimas de asesinatos durante las protestas sociales y a los perpetradores, muchos de los cuales eran policías, y había emitido órdenes de captura contra estas personas. También se estaría llevando a cabo una revisión de la Policía Móvil Antihuelgas y se había desarrollado para esta unidad un manual para abordar las protestas con la fuerza adecuada.
De hecho, existen varios informes de herramientas de estrangulamiento y otras armas letales, como el gas pimienta, que se usaron en las prisiones en respuesta a las huelgas de los presos en 2020 con respecto a las medidas de respuesta a la COVID-19. También hubo informes de que la detención en régimen de incomunicación se llevó a cabo en condiciones indignas. Veinticuatro personas habían muerto en un levantamiento en La Modelo relacionado con las medidas de COVID-19.
“¿Se han llevado a cabo investigaciones sobre los incidentes?”, preguntó Heller.
El Estado habría imputado a siete funcionarios penitenciarios por tortura relacionada con el hecho ocurrido en la cárcel La Modelo. En otro evento en una prisión diferente, 57 reclusos murieron cuando un funcionario de la prisión arrojó una granada de humo que había provocado un incendio. Los funcionarios responsables fueron juzgados judicialmente en este caso.
“Colombia está emprendiendo una reforma para hacer que el servicio de policía nacional sea más transparente y eficaz, y para mejorar las condiciones en las cárceles, incluso a través de la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención. El Estado también está trabajando para abordar las violaciones históricas de los derechos humanos y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Colombia da la bienvenida a las observaciones finales del Comité y que está lista y dispuesta a implementarlas”, Gustavo Gallón, Representante Permanente de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, en sus comentarios finales.
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