Gatillo fácil desplaza a agenda por la igualdad
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La ley Nain-Retamal promulgada por el gobierno tras su aprobación en el Congreso Nacional con votos de las dos derechas constituye un sólido espaldarazo a Carabineros que cuenta ahora con garantías y atribuciones que nunca antes tuvo, pero hay quienes advierten que los costos los pagarán otra vez los derechos humanos y que el nuevo cuerpo legal inhibirá a las clases populares en sus movilizaciones callejeras por mejores condiciones de vida.
Hasta hace un año carabineros estuvo entre las instituciones que permanecían bajo los propósitos refundacionales de la nueva administración, los que se diluyeron al poco tiempo, desaparecieron prontamente ante el asombro de la ciudadanía que los esperaba y terminaron dando paso a este respaldo parlamentario a lo que el pueblo llama la ley del gatillo fácil.
Tal como ocurrió en la dictadura, las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social – 28 muertos, un obrero tetrapléjico, dos personas con ceguera total, otras 420 con un ojo menos, innumerables golpizas, vejámenes y violencia innecesaria – pasaran al olvido o solo quedarán registradas tenuemente en el libro negro de la impunidad.
Siempre bajo las presiones del mundo conservador que le impone ideas que no son las suyas, el gobierno avanza en la tramitación parlamentaria de una andanada de proyectos de ley sobre seguridad y protección a las policías, a los cuales puso urgencia en el Congreso, en circunstancias que muchos de los que fueron electores de Gabriel Boric observan con desaliento que la agenda contra las desigualdades, prioritaria en la última campaña presidencial, ha sido desplazada sin miramientos.
Hoy el Ejecutivo está borrando con el codo lo que ayer escribió con grandes letras claras y luminosas para no defraudar a la extrema derecha que ahora tiene a uno de los suyos en la presidencia del Senado este anunció que en 90 días pretende despachar todas las iniciativas que requieren trámite senatorial, en las que obviamente no están los clamores populares que no encuentran acogida en ninguna parte.
Uno de esos proyectos, hoy ley Nain-Retamal, fue aprobado por la Cámara de Diputados el mismo día de la inédita visita del presidente de la República a la Escuela de Suboficiales de Carabineros cuando había manifestaciones callejeras en conmemoración de otro aniversario de la muerte de los hermanos Vergara Toledo, liceanos de la Villa Francia asesinados por la policía uniformada en plena dictadura, el 29 de marzo de 1985. Esa fecha es recordada como el Día del Joven Combatiente.
Todo ello se asocia a las duras palabras que el canciller de Nicaragua tuvo para el mandatario chileno en la Cumbre Interamericana de Jefes de Estado que se celebró en marzo pasado en la República Dominicana. Esas palabras provocaron impacto a nivel internacional en momentos en que aquí se viven difíciles tiempos a causa de la crisis generalizada que ataca desde diversos ámbitos, uno de los cuales es el delictual que golpea con fuerza todos los días sin que se intente contrarrestarlo adecuadamente.
Un porcentaje relevante de la población estima que tras los fracasos reiterados de las políticas presuntamente preventivas de los delitos, es hora de cambiar el foco. En tal sentido se apunta a la necesidad de asumir con coraje el combate por la igualdad para ocasionar condiciones que permitan mejorar el nivel socioeconómico de quienes están eternamente apretándose el cinturón como única “solución” que entregan las autoridades.
Las impresentables desigualdades que se registran en Chile – ante la ley, en oportunidades, ingresos, influencias, etc. – son el punto de partida de las plagas sociales que se acrecientan. Constituyen el origen de la delincuencia y el narcotráfico, pero este drama no ha sido investigado ni reparado, se mantiene inalterable al paso de los años y la sociedad solo pone el acento en castigar sus consecuencias.
Los políticos profesionales acatan celosamente las disposiciones de quienes los financian a cambio de trabajar o legislar en su favor. Regulan la vida de los pobres pero no se pronuncian sobre la de los poderosos: fijan el salario mínimo que es siempre insuficiente, pero ni una palabra acerca de los ingresos máximos, lo que permite a los privilegiados de siempre ganar plata a manos llenas, expandir sus negocios y mantener la concentración económica cuidando que no se les vaya un solo centavo.
Muchos jóvenes sin estudios ni trabajo suelen caer en la comisión de robos, asaltos y portonazos, o pasan a integrar bandas de narcotraficantes porque nunca han tenido la oportunidad de nada ni nadie les ha mostrado otro camino. Permanecen desprotegidos en una sociedad hostil que solo atina a apuntarlos con el dedo cuando se han salido de la ley en busca de cualquier cosa que les permita sobrevivir.
A estas alturas se advierte como lo más lógico la sustitución de la llamada “Subsecretaria de prevención del delito” por una “Subsecretaria de prevención de la desigualdad”. El actual organismo, creado por gobiernos anteriores, es una burocracia más, no previene nada, se limita a lamentar los delitos ya perpetrados y suele gastar dinerales que no se justifican.
Sin poder superar sus contradicciones, el Ejecutivo se desentiende del problema de fondo y centra su preocupación en la ley del gatillo fácil, cuestionada desde dentro y fuera del país. Las críticas llegan desde el INDH, la ONU y Amnistía Internacional, en tanto la senadora independiente Fabiola Campillai – ciega de por vida por un proyectil que le disparó un capitán de carabineros condenado a 12 años de cárcel – dice que “si esta ley tuviera vigencia hoy día, no habría justicia en mi caso”.
Mientras los delitos de todo tipo siguen en ascenso porque no se les ataca desde sus raíces, no es aventurado anticipar que si el pueblo y sus gobernantes no logran instalar y afianzar valores indispensables de la democracia, como la igualdad, inclusión, justicia y solidaridad, difícilmente habrá la tranquilidad y la paz social requeridas por la sociedad chilena.
Por Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
