Gobierno mexicano «nacionaliza» industria eléctrica con compra a Iberdrola
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El gobierno federal firmó con la empresa Iberdrola un memorándum para la adquisición de 13 plantas de generación de energía eléctrica que posee la empresa española en territorio mexicano, con una operación que se perfila en cerca de 6 mil millones de dólares.
“Significa, sin exagerar, esta operación que le da mayoría en la generación de energía eléctrica a la CFE, significa el rescate de la CFE y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador por medio de un video grabado durante la firma del acuerdo, junto con Ignacio Sánchez Galán, presidente global de Iberdrola.
Con ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que operará dichas plantas, pasará de generar el 39.6 al 55.5 por ciento de toda la energía del país, y en la región noreste su participación pasará del 6.7 al 44.8 por ciento, lo que convertirá a la Empresa del Estado en la mayoritaria en la generación de energía eléctrica en México.
El mandatario explicó que con ello se resuelve para el corto y el mediano plazo todo el consumo de energía eléctrica que requiere el país en pleno crecimiento económico, y “lo más importante de todo, de esta forma garantizamos que no aumenten los precios de la energía eléctrica a los consumidores como ha venido sucediendo en los últimos cuatro años”.
Ponderó que terminará su sexenio en septiembre del próximo año sin aumentos en el costo del consumo de energía eléctrica, y la CFE seguirá garantizando el servicio a todos los mexicanos.
“Si a ello anexamos que se están construyendo plantas, se están rehabilitando hidroeléctricas con nuevas turbinas, todo esto a cargo de la CFE, podemos afirmar que el Estado mexicano mantendrá a finales del sexenio alrededor del 65 por ciento de toda la generación de energía eléctrica, lo cual significa el rescate definitivo de una empresa pública fundamental como es la CFE para garantizar el abasto permanente de energía eléctrica, atender la demanda creciente de energía, porque nuestro país está reciben mucha inversión extranjera, está creciendo, se están instalando nuevas empresas que necesitan y seguirán demandando de energía eléctrica”, añadió.
El jefe del Ejecutivo federal detalló que el costo estimado de esta operación es de alrededor de 5 mil 943 millones de dólares.
Sánchez Galán apuntó que “hace dos años estuvimos acá, nos pidió que negociáramos, que dialogáramos, que llegaremos a acuerdos. Pues dos años más hemos dialogado, hemos hablado y hemos llegado a acuerdos”.
Al asegurar que tienen respeto por las políticas de cada uno de los países donde tienen operaciones, dijo que “Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno, y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas”.
De igual forma, subrayó que “nuestro deseo de seguir colaborando con México, lo llevamos haciendo 22 años, de la forma y manera en que el gobierno mexicano desee” y dijo que la empresa española está “encantada” de colaborar con México.
En el video difundido este martes por el presidente tras la firma del documento, y a la que acudió también el director general de la CFE, Manuel Bartlett, así como Enrique Alba, gerente de Iberdrola en México y David Mesonero, director general de desarrollo de Iberdrola, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, indicó que la operación la encabezará el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), instancia que tendrá la mayoría del capital de la transacción y el vehículo para refinanciarla.
Recalcó que la operación está “sujeta a los refinamientos” que se harán en las próximas semanas, pero aclaró que la compra de las plantas no generará deuda pública presupuestal, porque el Fonadin “está fuera del balance público y porque es un vehículo capaz de salir al mercado para refinanciar esta transacción”.
El proceso será vigilado por la SHCP y se concluirá en los próximos cinco meses.
Por Néstor Jiménez y Alonso Urrutia T
La Jornada
