Millonario negocio inmobiliario en Maitencillo con un permiso caducado 

Debido a que algo sabemos con respecto a este tipo de controversias, entre comunidades e inmobiliarias, en atención a los hechos dados a conocer en ese diario, destacamos que la inmobiliaria Mar de Maitencillo, en julio de 2014, le compró a la inmobiliaria Las Rocas, el terreno y el permiso de edificación respectivo cursado en el año 2009 por el DOM en funciones, operación realizada con anterioridad a la modificación del Plan Regulador Comunal (PRC) de Puchuncaví.

Hay que tener presente que este tipo de actos administrativos caducan inexorablemente a los 3 años de otorgados, si el titular del mismo no ejecuta ciertas faenas constructivas, las que están descritas en el artículo 1.4.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), razón por la cual se infiere, dado que esas obras no estaban efectuadas, que en la fecha de la transacción comercial el permiso estaba caducado. Esto mismo sucedió en la comuna de Vitacura con un permiso caducado que Cencosud de Horst Paulmann le compró a un empresario de apellido Celle, acto que la DOM, conforme a sus atribuciones, como era su obligación legal, lo declaró caduco.

A pesar de que dicho permiso de edificación estaba caducado, ello por imperio del marco regulatorio vigente, el DOM de Puchuncaví, temerariamente, en abril de 2013, señaló que ese permiso estaba vigente y, creyéndose autónomo, decidió motu proprio otorgar una modificación al mismo. Estimando la inmobiliaria Mar de Maitencillo que las actuaciones impropias del DOM eran apegadas a derecho, con una cierta dosis de imprudencia comercial, como ya está dicho, le compró en el año 2014 a la inmobiliaria anterior ese permiso modificado.

La Contraloría, acogiendo las denuncias de los vecinos, en diciembre de 2015, dictaminó que «la DOM no ajustó su actuar a derecho al declarar la vigencia del permiso de obra nueva», ordenando sumarios y sancionándose a los funcionarios municipales que insistieron en ratificar la vigencia de ese permiso. A esta fecha, no conocemos el resultado de tales sumarios ni tampoco lo sucedido a los díscolos funcionarios sancionados.

Los presidentes de la Junta de Vecinos del sector, el anterior Philippe Demartin y el actual Pablo Trivelli, personas muy bien informadas, han sido tajantes en orden a que en este episodio ha existido una vulneración flagrante a la normativa de Vivienda y Urbanismo y por ello están seguros de que el próximo fallo judicial determinará que en la especie no hay un permiso, a pesar de que la inmobiliaria que desea hacerlo  revivir, sostiene alegremente que los permisos tramitados por el anterior propietario «son terminales y premunidos de legalidad, que pasaron a ser parte de su patrimonio, adquiridos de buena fe y legítima confianza» .

La competente abogada porteña Jeanette Bruna, defensora de los intereses comerciales del inversionista, sostiene que «la Contraloría no puede declarar por sí misma la caducidad de un permiso, y existiendo un acto que declaró la vigencia y que no ha sido invalidado, seguiría produciendo efectos que generan derechos para la inmobiliaria adquirente».

Le contestamos a la empresa y a la abogada Bruna, expresándoles que este condominio sin habitarse, localizado en la puntilla sur de la playa el Abanico de Maitencillo, se terminó de construir en febrero de 2019 utilizando una modificación de un permiso caducado el año 2012. Tanto el propio Minvu como su Seremi de la 5a región de Valparaíso manifestaron lo mismo que dijo la Contraloría y la Fiscal Judicial. La actual DOM no ha podido invalidar el permiso porque ya han transcurrido los 2 años fijados en el artículo 53° de la ley N° 19.880.

Ahora la pregunta que cabe es: La inmobiliaria Mar de Maitencillo ¿sabía que el permiso estaba caducado, cuando firmó la escritura de compraventa en julio de 2014 o bien lo hizo pensando que, a pesar de ello, igual el lucrativo negocio prosperaría, aprovechando la impunidad existente en nuestra angosta y larga faja de tierra? La Corte de Valparaíso en estos días emitirá una sentencia y como una de las partes quedará disconforme, la Corte Suprema dirá la última palabra.