Perú: caos en un entorno económico nada favorable

l pasado 9 de enero el reconocido científico social Jorge Durand ofreció en La Jornada un cuadro realista de lo que ahora sucede en Perú. Por primera vez un representante de los pobres, Pedro Castillo, maestro de escuela primaria, sindicalista, ajeno al clan que en Lima ha manejado los destinos de su país, fue elegido presidente de la República por estrecho margen de votos.

Pero, como anota Durand, el mandatario se rodeó de consejeros, asesores, amigos, parientes cercanos y lejanos, pedigüeños, inversionistas y las huestes de su partido que lo llevó al poder. Los ministerios se repartieron con facilidad, en casi la mayoría de los casos, con gente incompetente, arribista o corrupta. El resultado: un desastre que aprovechó la oligarquía, los poderosos intereses económicos locales y trasnacionales y la corrupta clase política que integra el Poder Legislativo para separar del cargo a Castillo.

Ya no está el indeseable e impresentable líder popular. Pero hay algo peor: decenas de muertos, heridos, encarcelados fruto de las protestas que los grupos indígenas, trabajadores y estudiantes realizan desde diciembre pasado contra un gobierno, un parlamento y un sistema económico y social que no mira por el bien común.

La toma de Lima y el paro nacional que la acompañó, muestran que el problema no se resolverá con la represión ni el diálogo al que llama la actual mandataria. Se requiere la renuncia de la señora Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria para redactar y aprobar una nueva Constitución, pues la actual tiene sus bases en la dictadura de Alberto Fujimori. Y finalmente, la libertad del ex presidente Pedro Castillo.

Las masivas y permanentes movilizaciones populares, y la nula respuesta del equipo gobernante a sus demandas, han creado el caos político, administrativo, social y un entorno económico nada favorable. Éste último componente tiene especial relevancia, pues el país apenas salía de los problemas que dejó el covid-19. La actividad minera, con millonarias inversiones en dólares, ha sido afectada cuando es clave para el crecimiento económico. Representa más de la mitad de las exportaciones de Perú, contribuye con 10 por ciento del producto nacional bruto y es fuente importante de creación de empleo. Existen por lo menos 40 nuevos proyectos mineros que, aseguran sus promotores, darán ocupación a más de 2 millones de trabajadores. Cabe señalar que la legislación minera peruana es más estricta en su relación con las empresas que la que rige en México. Pero allá y aquí no son amigables con el ambiente ni con los pueblos donde llevan a cabo sus labores, pese a lo que suelen decir sus panegiristas.

Otro problema es la minería ilegal a la que se dedican más de 350 mil personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social ni existen acciones públicas para darles opcupación en otros rubros de la economía. Además, desplazó al narcotráfico como la principal actividad ilícita. Quienes se dedican a ella y al igual que la minería legal, afectan los recursos naturales, en especial bosques y selvas y contaminan el agua y la tierra por el uso de sustancias altamente tóxicas, como el mercurio.

Segundo productor de plata y cobre del mundo, la minería peruana, al igual que la de nuestro país, obtiene elevadas utilidades, pero no han servido para aumentar la calidad de vida de quienes residen donde funcionan sus complejos extractivos. Una prueba de ello son los datos oficiales en los que se destaca que las regiones con mayor pobreza son las que tienen importantes actividades mineras. Una, la de Huancavelica, sigue como la más pobre del país.

A casi dos meses de protestas, de represión por la fuerza pública, de un distanciamiento entre los de abajo y las clases más favorecidas y ultrarracistas, siguen vigentes las demandas de millones de inconformes. La economía y las ganancias de las empresas, como las mineras, se ven afectadas por el conflicto. Si urgen cambios políticos profundos, también se requieren los económicos en favor de los desprotegidos de siempre. Como bien anota Durand, Perú no es un Estado fallido, es uno capturado por la oligarquía y los poderes fácticos. Y es hora de cambiarlo.