Al respecto, se transcriben parcialmente algunas disposiciones del DL 3.516, las que nunca han sido respetadas debido a que el negocio de las subdivisiones en predios rústicos de 5.000 m2 para conformar condominios habitacionales el territorios rurales del país.
Su artículo 1° dice “Los predios resultantes de una subdivisión quedarán sujetos a la prohibición de cambiar su destino en los términos que establecen los artículos 55° y 56° de la LGUC. Los notarios públicos no autorizarán las escrituras públicas de enajenación ni los Conservadores de Bienes Raíces practicarán inscripción alguna si dichas escrituras no se ajustan a las disposiciones del presente decreto ley”.
Su artículo 2° dice “Quienes infringieren lo dispuesto en el presente decreto ley, aun bajo la forma de comunidades, condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo resultado sea la destinación a fines urbanos o habitacionales de los predios señalados en el artículo primero, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal, equivalente al 200% del avalúo del predio dividido, vigente al momento de pagarse la multa»
Su artículo 3° dice “Los actos y contratos otorgados o celebrados en contravención a lo dispuesto en el presente decreto ley serán absolutamente nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan en conformidad a la ley. Corresponderá a las Secretarías Regionales Ministeriales de la Vivienda y Urbanismo, a los Servicios Agrícolas que correspondan y a las Municipalidades respectivas, fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto ley»
Por lo tanto se concluye, sin lugar a dudas, que el amenazado ministro Esteban Valenzuela lo único que desea es que se cumplan las disposiciones de este DL 3.516, comportamiento que lo enaltece como funcionario público.
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