Son miles los presos políticos del Estallido Social en Colombia: el caso de los reporteros Jonathan y Karo
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Al igual que en Chile, miles son los jóvenes presos en Colombia que están esperando justicia adentro y afuera de las cárceles colombianas, adentro y afuera del País. Entre los jóvenes acusados, se encuentra el caso de Jonathan Cortés y Karina Cepeda, dos periodistas perseguidos por la justicia colombiana como terroristas.
Karina Cepeda y Jonathan Cortés fueron capturados el 27 de octubre del año pasado. Allí comenzó la odisea de ambos jóvenes, que pretenden juzgar como parte de la primera línea colombiana, y esto a pesar de ser periodistas. Los acusan de “perturbación al servicio de transporte público, colectivo u oficial; daño en bien ajeno; violencia contra servidor público, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y terrorismo, principalmente en la localidad de Suba”. Esas acusaciones aún pueden cambiar, hasta que el juicio no empiece.
En estas últimas horas el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que antes de Navidad iba a liberar a centenares de jóvenes encarcelados durante el Estallido Social. Sin embargo, el paro de las actividades gobernativas colombianas del mes de diciembre mitiga la esperanza de esos jóvenes: ¿Las palabras de Petro se transformarán en actos concretos?
El problema principal de muchos de estos jóvenes es que se les han imputado crímenes de lesa humanidad que no son cobijados por un hipotético indulto de la paz total. Estos cargos les han sido imputados para que no puedan ser incluidos en esta amnistía, ni puedan pedir asilo político en otros países, y para que sirvan como escarmiento y como ejemplo para evitar futuras protestas. Este hecho tiene raíz en la medida del ex ministro de defensa de Iván Duque, Diego Molano, que, en el año 2019 durante el estallido universitario, cambió el artículo que regía, por ejemplo, durante las protestas universitarias: los detenidos eran imputados por una “asonada”, que era un delito menor. Al cambiar el término de “asonada” por el de “zozobra”, que está dentro de los artículos del terrorismo, estos mismos detenidos pasaron a ser acusados de crímenes de lesa humanidad.
En estos momentos, Karina y Jonathan siguen en el exilio para evitar una injusta reclusión en la cárcel y tras haber pagado casi un año de arresto domiciliario sin haber sido formalmente acusados. El Clarín de Chile logró comunicarse con ellos, para entender de mejor manera el desafío de su situación.
“Nuestro proceso inicia el 27 de octubre de 2021: estamos nosotros dos, reporteros, que hacíamos una labor de prensa, y las otras tres personas acusadas con nosotros, un ambientalista y escritor, y dos chicos más manifestantes”, nos cuenta Jonathan Cortés. “Esos son los famosos cinco del caso de Suba. Actualmente somos Karo y mi persona que estamos en exilio, pues decidimos no aceptar la orden de captura y salir del país. Del defensor ambiental, no sabemos absolutamente nada, ni los abogados nos dan razón que está bien. La otra chica, si no me equivoco, pudo hacer algo con la fiscalía, aunque no tenemos más detalles, aunque al parecer pudo concertar una medida preventiva privativa de libertad en casa, que era la que nosotros teníamos. El otro chico, el otro manifestante, sí está en cárcel actualmente, que es Andrés Felipe Rodríguez Chávez. Él es el único de los cinco que estábamos en este caso que podemos confirmar que está efectivamente en la cárcel y fue condenado ya formalmente”.
El juez que se está ocupando del caso de Karina y Jonathan hubiera dejado que regresaran a su casa, el mismo que dijo que “no son un peligro para la sociedad”. Sin embargo, la Fiscalía no está de acuerdo con esta decisión.
Actualmente Karo y Jonathan están siendo defendidos por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), una de las fundaciones más antiguas en Colombia.
“Hoy en Colombia se está presentando una situación muy complicada en la parte penal, porque en los casos de falsos positivos[1] judiciales están colocando jueces penales especializados en delitos como terrorismo. Estos jueces se crearon especialmente para desmantelar o perseguir a los miembros de las guerrillas, grupos al margen de la ley, armados y organizados, y no deberían juzgar a jóvenes que simplemente hicieron el uso de la libertad de manifestar”, siguen contándonos Karo y Jonathan.
En efecto el riesgo de la situación actual, que hace que cualquier indulto o demanda de apelación a un organismo internacional sea casi imposible, es justamente esa condena de terrorismo, además de los enredos en que está llevando a Colombia el proyecto de “Paz Total”. Por este último, fueron 62 los votos a favor y 13 en contra en el debate parlamentario. Ese proyecto ha ido cambiando con el pasar del tiempo: los primeros grandes cambios se anunciaron desde antes del debate. Desde el gobierno decidieron desistir de la idea de conceder indultos a los miembros de la primera línea que se encontraban en la cárcel. Además, se hizo obligatoria la refrendación de lo acordado por medio del Congreso o de algún otro mecanismo, como ocurrió en los Acuerdos de Paz de La Habana.
“Es un escenario complicado, Petro había dicho que ‘sí, los liberamos’ y ‘que liberen a la juventud’, pero también sabemos que así es el populismo. Igualmente, se han verificado dos sucesos importantes: el primero fue la creación de la comisión accidental, conformada por varios congresistas, honorables representantes y senadores para la liberación de personas como nosotros. Lo segundo, es la cuestión de la “Paz total”, a nosotros nos querían meter dentro de la “Paz total” con guerrilleros o paramilitares, como si nosotros en serio fuésemos un grupo criminal, es decir ya no como periodistas, sino como manifestantes. Entonces, el estar dentro de una “Paz Total” significaba aceptar lo que nos estaba pasando, es decir, que nosotros admitíamos tener responsabilidad, que nosotros éramos un grupo armado, que nosotros éramos de los malos. Menos mal que eso no pasó porque era aceptar las cosas y era algo equivocado. La verdad, analizando y pensando, el hecho que hayamos salido de la “Paz total” ha sido lo mejor. Y ahora sobre esa segunda propuesta, sabemos que va básicamente para el otro año pues los funcionarios salen de vacaciones y suponemos que se resolverá como para la mitad del año que viene”, siguen contando Karo y Jonathan, subrayando que en este momento el poder judicial colombiano está representado por Francisco Barbosa, el mismo fiscal del Gobierno anterior, que también ordenó capturar a los jóvenes de los falsos positivos judiciales.
“Como Barbosa es la máxima autoridad en el Poder Judicial, en este caso no se puede hacer absolutamente nada y él no va a ceder. Y porque él tiene la independencia para hacer este tipo de cosas. Para tener un “cambio”, tendríamos que esperar a que este fiscal salga y nombren a uno que sea un poquito menos complicado frente a estos temas. Igualmente, al hablar de nosotros, para obtener una amnistía o un indulto tendríamos que llegar a una etapa de juicio en la que nos terminen ya condenando a 15, 20, 30, 40 años, como han condenado a otros jóvenes. Ahí si podríamos hablar de la posibilidad de un indulto, pero es muy complicado indultar a alguien que tenga un delito de lesa humanidad. Es casi imposible por los tratados internacionales. Entonces, ese pequeño problema es el que están debatiendo en la paz total, es lo que quieren hacer con la mesa de alternatividad penal acerca de esos delitos de lesa humanidad. Pero si la Fiscalía se empecina en no quitarlos, va a ser imposible” nos siguen contando los dos jóvenes reporteros.
“Hablemos de un caso en el que hay un fallo muy ajeno al de los otros, aunque sigue siendo un caso de falsos positivos judiciales, que es el caso de los chicos de Portal Resistencia. Este caso fue fallado hace más o menos 15 días y a ellos los condenaron por dos delitos, a 15 años de cárcel, y uno de ellos era de lesa humanidad. A esos chicos no los cobija un indulto, porque uno de los delitos es de lesa humanidad: delito de tortura. Entonces técnicamente el gobierno, para las personas que no saben el tema, les pinta cosas muy bellas, pero en realidad no es así… En el escrito de acusación la Fiscalía se sigue manteniendo firme en imputar delitos de lesa humanidad, como te dije, de tortura, secuestro y terrorismo. Si nuestro caso sigue con esos tres delitos, y nos imputan y nos condenan con los otros tres chicos por esos tres delitos, a nosotros no nos pueden dar la amnistía. Entonces igualmente lo de la paz total nos pasa por el lado porque no nos va a ayudar para nada”, explican los jóvenes.
Mientras tanto hay que esperar un montón de tiempo, porque para llegar al juicio, para supuestamente pedir un indulto, hay que quedarse a la espera por un tiempo enorme.
“Los abogados fueron muy enfáticos: nos dijeron que este proceso va a durar mínimo dos años y máximo seis años”. Demasiado tiempo.
El problema es que “si la justicia se demora, pues ya deja de ser justicia, simplemente. Entonces con la mesa alternatividad penal lo que quieren mirar es caso por caso, uno por uno, paso por paso, como se han venido llevando judicialmente todos los casos desde la imputación. Hay unos artículos, incluso en la misma Constitución, que dicen que es ilegal, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dice que no se puede imputar un delito de terrorismo en un acto de protesta social. Y, aun así, en Colombia se están ignorando estas normas y estas leyes internacionales y simplemente están haciendo lo que quieren”.
Entonces cabe preguntarse ¿Dónde queda la justicia para tantos jóvenes que decidieron protestar contra las injusticias de un gobierno que aún deja secuelas de sus errores?
[1] «Falsos Positivos» es el nombre con que la prensa de Colombia denominó al asesinato de jóvenes civiles inocentes por parte del Ejército Nacional de Colombia haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del Conflicto armado interno de Colombia.
