El rechazo de Chile

El apoyo al rechazo del nuevo texto constitucional fue más fuerte en los municipios de bajos ingresos, donde la participación también fue mayor que en los barrios de clase alta. Mientras que en el plebiscito de 2020 la oposición al proceso constituyente estuvo liderada por los tres municipios más ricos del país, esta vez los barrios más pobres acudieron en masa a votar en contra del proyecto propuesto. Por otro lado, el voto, a diferencia de 2020, fue obligatorio, instituyéndose multas por el incumplimiento de tal precepto, lo cual hizo que los sectores populares acudieran a votar por temor a los costes pecuniarios de la abstención. La participación aumentó sustancialmente del 50% al 86% y de los 5,4 millones de nuevos votos emitidos, el 96% optó por el rechazo. En total, el proyecto de Constitución sólo recibió 4,8 millones de votos favorables, un millón menos de los que votaron a favor de que se produjera la redacción de una nueva norma constitucional dos años antes. Sin embargo, no se ha tratado tan sólo de un voto contra el nuevo texto constitucional, sino también de una expresión de rechazo del gobierno de Gabriel Boric y de sus partidos: la coalición de la “nueva izquierda”, que incluye al Frente Amplio, al Partido Comunista de Chile y a los partidos de la antigua Concertación. El número de votos a favor de nueva Constitución fue aproximadamente igual al cosechado por Boric en la segunda vuelta de las elecciones generales chilenas contra el candidato de extrema derecha José Antonio Kast celebradas en diciembre de 2021, lo cual sugiere que el nuevo presidente no ha sido capaz de ampliar su electorado desde que asumió el cargo.

Durante la campaña, que se prolongó durante un mes, se invirtió al menos un millón de dólares para dar a conocer el proyecto de nueva Constitución al pueblo chileno. Alrededor del 90% de estos recursos fueron gastados por el bloque partidario del rechazo, compuesto por los partidos de derecha, por sectores de la Democracia Cristiana y por la nueva coalición centrista Amarillos por Chile. En los programas matutinos y en los telediarios nocturnos esto partidos denunciaron repetidamente el documento como “extremista” y “mal redactado”, mientras que los centros de estudios conservadores bombardearon a la opinión pública con encuestas de dudosa fiabilidad, que indicaban que la mayoría de la gente votaría en contra del nuevo proyecto. Estos esfuerzos se vieron fortalecidos por la difusión de la consabida desinformación en las redes sociales, así como por la distribución de copias falsas del proyecto de Constitución con artículos manipulados. En un episodio ilustrativo, Constanza Hube, la representante de extrema derecha en la Convención, fue sorprendida repartiendo copias falsas de la nueva Constitución durante una reunión de bloque del rechazo.

Los sondeos a pie de urna y las encuestas informales revelaron que mucha gente estaba confundida realmente sobre el contenido del plebiscito; algunos incluso pensaban que al votar contra el nuevo texto constitucional estaban aboliendo la Constitución de Pinochet. Ello no es de extrañar, ya que la única información oficial sobre el proyecto constitucional se limitó a treinta minutos diarios de televisión, repartidos a partes iguales entre los partidarios del rechazo y de la aprobación del nuevo texto constitucional, durante los veintiocho días de campaña. Dado que el espacio de difusión se asignó a una serie de partidos políticos y grupos de la sociedad civil, el mensaje fue fragmentario. En la campaña de los partidarios de la nueva Constitución participaron en las emisiones diez organizaciones; incluso después de llegar a diversos acuerdos entre ellas, algunas acabaron teniendo menos de cinco segundos para expresar su punto de vista. No hubo anuncios oficiales durante la campaña, ni folletos enviados a los domicilios, ni sesiones informativas en persona; toda la difusión fue realizada por partidos políticos, ONG o voluntarios. No está claro por qué el gobierno de Boric efectuó un trabajo tan pobre de información al electorado en un asunto tan crucial.

Mientras que los programas informativos diarios a favor y en contra de la nueva Constitución tuvieron poco impacto en los votantes —sólo en torno a 720.000 personas los sintonizaron cada día—, el interminable flujo de programas de televisión en los que políticos y autodenominados intelectuales difundían desinformación sobre el contenido del proyecto seguramente sí lo tuvo. Entre las falsedades más extendidas se encontraba la de que la nueva Constitución aboliría la propiedad de la vivienda para las clases trabajadoras, permitiría los abortos tardíos a la carta y abriría la puerta a la secesión de los territorios indígenas.

Un campo de experimentación para la desinformación fue la región de la Araucanía, una zona militarizada, sometida a estado de excepción debido al conflicto mapuche, en la que el 74% de los votantes se mostró contrario al proyecto constitucional, cifra que supone el segundo porcentaje más elevado de rechazo de la nueva Constitución a escala nacional. Bastión tradicional de la derecha, la Araucanía fue una de las dos únicas regiones que votaron por mantener a Pinochet en el poder en 1988, aunque posteriormente votó por iniciar el proceso constituyente en 2020. A finales de junio, Francisco Orrego, un joven abogado portavoz del bloque del rechazo, se esforzó por convencer a la comunidad obrera de Angol de que el derecho a la vivienda contenido en el proyecto de Constitución —uno de los pocos artículos propuestos por las organizaciones de base que finalmente llegó al texto definitivo— suprimiría el derecho de propiedad de las viviendas de las personas que las hubieran adquirido con subsidios sociales (situación que afecta a cerca del 40% de la población). Aunque ello se denunció inmediatamente como fake news, Orrego siguió apareciendo habitualmente como un experto en tertulias políticas en las que podía difundir tales mentiras a audiencias más amplias.

Por otro lado, las iglesias evangélicas, que recientemente se han aliado con el Partido Republicano de Chile, afiliado a la extrema derecha, tienen una fuerte presencia en la Araucanía, constituyendo sus miembros alrededor del 27% de la población. A finales de febrero, antes de que el artículo sobre los derechos de género fuera aprobado por la Convención, representantes de más de dos mil setecientas iglesias de la región pidieron a sus comunidades que rechazaran el proyecto, citando el aborto como su principal preocupación. Aunque el proyecto de Constitución codificaba el derecho al aborto en términos generales al ordenar al Estado que garantizara la “interrupción voluntaria del embarazo”, la opinión pública tenía una percepción deformada de esta disposición. Felipe Kast, el senador derechista por la Araucanía, utilizó las emisoras de radio conservadoras para emitir un anuncio en el que afirmaba que el proyecto de Constitución “permitía el aborto hasta el noveno mes de embarazo”, denunciando esto como una “violación de los derechos humanos de los niños no nacidos”. Aunque los defensores de la nueva Constitución intentaron rebatir estas falsedades, resultó imposible desalojarlas del imaginario popular.

Sin embargo, quizá el tema más controvertido y utilizado más agresivamente fue el de los derechos de los indígenas. Aunque el texto se limitaba a seguir los compromisos establecidos en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que Chile había ratificado en 2008 pero que nunca llegó a aplicar, los políticos y expertos de la derecha tejieron una narrativa en la que los pueblos indígenas obtendrían la capacidad de desmembrar el país. Ximena Rincón, senadora de la Democracia Cristiana, afirmó a principios de julio que apoyaba el rechazo al nuevo texto constitucional, porque daría a los pueblos indígenas (que constituyen menos del 10% de la población nacional) el poder de veto sobre las reformas constitucionales. A pesar de que se le dijo en directo que ello no era cierto, se negó a reconocer que su opinión era una falsedad. Todas estas distorsiones siguieron influyendo en el discurso nacional.

Al mismo tiempo, los resultados de las votaciones procedentes del sistema penitenciario, donde la única información de los reclusos procedía de las emisiones de televisión, revelaron los poderosos efectos de los medios de comunicación conservadores en la formación de la opinión pública. Por primera vez en la historia se permitió a los reclusos votar, confiando en que se inclinarían por conceder su apoyo al nuevo texto, ya que el proyecto de Constitución otorgaba nuevos derechos a las personas presas, como, por ejemplo, la defensa jurídica gratuita, la prohibición de la doble incriminación y un comisionado oficial para prevenir los abusos. Sin embargo, al final, sólo uno de los catorce complejos penitenciarios del país votó para aprobar la nueva Constitución. Este centro penitenciario fue, no por casualidad, el único en el que realmente se distribuyeron entre los presos copias físicas del proyecto de Constitución y se celebraron sesiones informativas con expertos jurídicos voluntarios. Los que conocieron realmente el texto aprobaron sus reformas; los que basaron su opinión únicamente en la cobertura mediática fueron implacablemente hostiles al mismo.

Según un informe reciente, al menos treinta y seis organizaciones no sujetas a controles electorales y, por lo tanto, no obligadas a revelar sus fuentes de financiación, gastaron 130.000 dólares en concepto de publicidad en Facebook e Instagram durante los meses previos al plebiscito; el 97,4% de estos anuncios presionaron para rechazar el proyecto de Constitución. En definitiva, parece que la parcialidad de los medios de comunicación tradicionales más los millones gastados para influir en la opinión pública a través de las redes sociales ayudaron a consolidar la narrativa de que la Convención era un circo político, que había redactado un documento chapucero y poco profesional.

Además de esta campaña de desinformación, los militantes de la izquierda extraparlamentaria se mostraron escépticos ante una Convención que había traicionado las movilizaciones masivas de 2019. Muchos de ellos optaron por rechazar en lugar de legitimar el proceso. Señalaron, con razón, que el Pacto del 15 de noviembre de 2019, acordado en una negociación entre bambalinas entre Boric y un senador de la derecha dura, mediante el que estableció el marco de funcionamiento de la Convención Constitucional, pretendía constreñir las energías populares en lugar de canalizarlas. El Pacto estableció la regla antidemocrática de la supermayoría de dos tercios para la aprobación de los nuevos artículos constitucionales y otorgó a los partidos del establishment una enorme influencia en el proceso de redacción. Desde el principio, el proceso constituyente fue capturado por las élites, que intensificaron sus intentos de preservar el statu quo a medida que se acercaba el plebiscito.

El 14 de mayo la Convención presentó un extenso primer borrador, que incorporaba innovaciones constitucionales progresistas como la plurinacionalidad y los derechos ecológicos. Se formaron dos comités especiales para “armonizar” y editar el documento final, que incluía un total de 388 artículos, y para decidir las disposiciones transitorias. Sin embargo, la autonomía de la Convención no tardó en ser vulnerada por las negociaciones sobre cómo realizar la transición de un orden constitucional a otro. El 16 de mayo el gobierno envió un documento a la Convención en el que recomendaba que se mantuviera la actual normativa sobre recursos naturales, agua y tierras indígenas hasta que se aprobara la nueva legislación con el fin de asegurar una “transición ordenada y gradual”, lo cual significaba, por ejemplo, que el agua seguiría siendo privada hasta que los senadores de derecha que controlan la mitad del Senado —y que votaron en 2020 en contra de que el agua se convirtiera en un derecho humano— aceptaran nacionalizarla. El gobierno también recomendó que Boric, cuyo índice de aprobación se situaba justo por encima del 30%, así como los miembros del Congreso, cumplieran sus mandatos originales y permanecieran en sus puestos durante tres años y medio más. La Convención se plegó a estas exigencias egoístas. Muchos activistas consideraron este comportamiento una colusión inaceptable entre el órgano constituyente y el poder ejecutivo, lo cual contribuyó a desacreditar el proceso de redacción en su conjunto.

Tres semanas antes del plebiscito los partidos de la coalición gobernante comenzaron a exponer los cambios que pretendían llevar a cabo, si se aprobaba el proyecto de nueva Constitución. En un intento de aplacar a los partidos de la derecha, así como a los partidos de la antigua Concertación, que ahora controlan el 38% de los ministerios del gobierno, Boric se comprometió a delimitar estrictamente los derechos de los indígenas, subrayando que su aportación en cuestiones de política nacional no sería vinculante. También aseguró al establishment que el actual marco neoliberal —en el que servicios básicos como la sanidad, la educación y las pensiones son proporcionados en gran medida por empresas privadas— seguiría vigente. De hecho, aunque el proyecto de Constitución ordenaba la creación de un sistema de educación pública, de un sistema nacional de salud y de un sistema público de seguridad social, no desmantelaba explícitamente el actual modelo del cheque escolar vigente en el sistema educativo, ni el modelo de seguros privados imperantes en el sistema sanitario, ni el plan de ahorro individual que obliga a la clase trabajadora chilena a subsistir con pensiones de miseria. En lugar de impulsar la reforma de estos sistemas procedentes de la época de la dictadura, como los manifestantes venían exigiendo desde 2009, Boric aceptó preservarlos.

Estas reformas previstas no sólo demostraron la intención del gobierno de preservar los rasgos centrales del neoliberalismo chileno, sino que también señalaron el desprecio que la coalición de Boric sentía por el proyecto de Constitución y por la voluntad popular. Su anuncio de que trataría de reformar la Constitución —incluso antes de que esta se sometiera a votación popular— agravó la impresión de que no era adecuada para su propósito. Todo ello jugó a favor de la campaña del bloque contrario al nuevo texto constitucional. También transmitió al electorado la percepción de que se limitaría a votar un texto provisional en lugar de expresar una opinión seria sobre el futuro del país.

Chile se encuentra ahora en una posición incómoda privado de un camino claro para resolver su inminente crisis sociopolítica. Al votar a favor de iniciar un proceso constituyente, los chilenos y las chilenas rechazaron indirectamente la actual Constitución de 1980. Sin embargo, al rechazar el nuevo texto constitucional propuesto, el proceso puesto en marcha por el Pacto de Noviembre ha quedado oficialmente terminado sin dejar ninguna disposición en vigor para relanzar un nuevo proceso de redacción. La reforma constitucional resultante del Pacto se limitaba a estipular que si el proyecto de Constitución era rechazado, el antiguo seguiría en vigor. Entonces, ¿qué pasará ahora?

Antes del plebiscito, el presidente Boric se comprometió a convocar un nuevo proceso constituyente si el proyecto propuesto era rechazado. Sin embargo, la única manera de iniciar dicho proceso es a través de un nuevo proceso constitucional, que requiere una supermayoría en el Congreso, la cual será realmente difícil de conseguir debido a la oposición de la derecha y dado que las fuerzas conservadoras controlan el Senado: convocar, pues, una asamblea constituyente dotada de mecanismos adecuados de participación popular parece algo imposible. Así pues, es probable que Boric intente establecer otra Convención basada en reglas negociadas desde una posición de debilidad, la cual será aún más complaciente con las demandas de la clase política. Será un proceso dirigido por los partidos, dominado por “expertos” y aislado de las presiones populares. Los expertos ya han comenzado a culpar a los pocos miembros independientes de la Convención de la derrota del proyecto constitucional, preparando el escenario para eliminar todo potencial radical que el proceso tuviera previamente. Al mismo tiempo, sin embargo, los chilenos y chilenas ya están saliendo a la calle para exigir su propio proceso constituyente en el que no haya negociaciones en la trastienda y en el que el propio pueblo tenga el poder de tomar decisiones vinculantes.