Nueva Constitución y el fin de la crisis de dominación oligárquica en Chile
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Las Constituciones han representado los intereses y la cosmovisión de las clases dominantes: durante el siglo XIX en Chile la Constitución de 1928, en el gobierno pipiolo de José Joaquín Prieto, y redactada por el gaditano José Joaquín de Mora, es una de las más avanzadas en la historia constitucional en Chile mejor redactada de la historia constitucional de nuestro país.
La Constitución de 1833, impuesta a raíz de una guerra civil, representa el predominio del monarca-presidente y la visión del orden precario portaliano, propio de la aristocracia santiaguina. Esta Constitución fue la que provocó más guerras civiles en Chile: entre las provincias y la capital, Santiago, y entre pipiolos y pelucones y, luego, entre liberales y conservadores; sólo en el siglo XIX pueden encontrarse, al menos, cuatro guerras civiles y 3 guerras internacionales, dos con la confederación Perú boliviana y una con España, la revolución Atacameña liderada por los hermanos Gallo y los Matta, (en nombre de la reivindicación de una Constituyente, y el Diario y la moneda llevaban el sugestivo nombre de “Asamblea Constituyente”).
La guerra civil contra los pelucones comenzó por la disputa entre las provincias de Concepción y Santiago; la de los Gallo y los Matta, entre la rica provincia de Atacama y la aristocracia santiaguina.
La guerra civil de 1891 expresó el combate entre parlamentarismo y presidencialismo, entre el Congreso y el Presidente de la República, (en ese entonces gobernaba José Manuel Balmaceda), y los triunfadores – los congresistas – impusieron un parlamentarismo sui generis a la chilena.
El parlamentarismo, (1891-1925), tiene muy mala fama, fundamentalmente en la crítica del historiador Alberto Edwards Vives, en su libro La fronda aristocrática y en Historia de los partidos políticos, en que pinta este período como la “república veneciana”, que terminaba por anular el aporte autoritario de Diego Portales y, en el caso del historiador Edwards Vives, proponía un gobierno fuerte y autoritario, en esa época, encarnado en el militar Carlos Ibáñez del Campo, (el historiador, posteriormente, fue ministro de Educación durante este gobierno).
La crisis de dominación oligárquica, en plena república parlamentaria, comienza con la crítica de los intelectuales del Centenario, (1910), Luis Emilio Recabarren, Alejandro Venegas (“Julio Valdés Canje”), Nicolás Palacios y Enrique Mac Iver, entre otros.
La crisis del Centenario logra su mayor expresión en 1920, año de la elección presidencial ganada por Arturo Alessandri Palma, después de un empate entre el León de Tarapacá, (Alessandri), y Luis Barros Borgoño, resuelto por un tribunal de honor en favor de Alessandri. En 1925 los militares terminaron por imponer una Constitución que pusiera fin a la “bacanal parlamentaria”, (el sistema parlamentario), y a la república plutocrática.
A partir de 1932, época en que se pone en marca la Constitución de 1925, surge un período llamado “sustitución de importaciones”, por el cual Chile debe vivir de su propia producción a causa de la crisis de 1929 y, posteriormente, de la segunda guerra mundial, (1939-1945). Durante ese período la aristocracia santiaguina comienza a ser reemplazada por nuevos sectores oligárquicos, en este caso, apoyados por las capas medias, (gobiernos radicales y de democratacristianos).
La dictadura militar, encabezada por Augusto Pinochet, (1973-1989), sólo se limita instalar una alianza oligárquica-militar, sobre la base de un proyecto corporativista católico, neoliberal y autoritario. La Constitución de 1980 representa la expresión de estas tres capas de una nueva oligarquía, cuya base se centra en el autoritarismo católico, traído desde la España de Francisco Franco, así como de la dictadura del mercado, basada en la escuela de economistas de Austria, inspirada y aplicada por los Chicago-Boys en Chile.
En la actualidad, la crisis de dominación oligárquica se expresa en el derrumbe, a escala mundial, de la democracia representativa, (propia de la filosofía del siglo XVIII), en que la representación surgía de un “pacto social” y la “voluntad general”, (el mismo J.J. Rousseau no logró explicar su verdadero sentido).
Los Partidos Políticos en general no han podido cumplir su papel de conectores entre el pueblo soberano y el poder político. En el fondo, las democracias electorales se han transformado en un permanente quiebre entre la ciudadanía y el poder político. Los Partidos Políticos sólo se han limitado a confirmar la ley de Robert Michels, en su obra De la oligarquía en las organizaciones políticas.
La crisis actual de representación parece no tener salida inmediata en las formas en que las Constituciones expresan el reparto del poder: no basta con el reemplazo de instituciones representativas por las de democracia directa, pues ninguno de los sistemas de gobierno, hasta hoy, (parlamentario, semipresidencial o presidencial), no garantizan equilibrios de poder, menos de una justa representación de la soberanía popular.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
20/08/2022
Felipe Portales says:
Efectivamente, las Constituciones no «crean» un nuevo sistema de poder político-social si no que buscan reflejarlo y consolidarlo. Así, la Constitución de 1833 buscó reflejar y consolidar la nueva correlación de fuerzas políticas luego del triunfo de los «pelucones» sobre los «pipiolos» en la batalla de Lircay. Notablemente, luego del triunfo de los «parlamentaristas» sobre los «presidencialistas» en la guerra civil de 1891, ni siquiera se consideró necesario reflejarlo en una nueva Constitución: ¡se reinterpretó la misma Constitución de 1833! Después de los golpes militares de 1924 y 1925, los militares -representando a los sectores más lúcidos de la oligarquía y a las clases medias emergentes- impusieron la Constitución de 1925 (ver el discurso de brutal amedrentamiento de la Comisión Constitucional del comandante en jefe del Ejército, Mariano Navarrete, en su libro «Mi actuación en las Revoluciones de 1924 y 1925»; Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2004; pp. 304-5). Más claro aún, fue como la Constitución del 80 reflejó y consolidó el «nuevo orden» impuesto por el golpe de 1973. Hoy estamos ante una situación inédita. La gran revuelta de 2019 no tuvo la fuerza de crear un nuevo orden. Por tanto, el «proceso constituyente» actual tiene más bien el objetivo gatopardista de reformar el orden establecido de forma «consensual» entre la derecha y la «centroizquierda», de manera de aquietar las profundas insatisfacciones económico-sociales de gran parte de la población. La interrogante es si lo logrará o no…
Serafín Rodríguez says:
Hace algunas semanas, alguien que solía comentar algunos artículos en este medio, sugirió leer la conferencia de Fernando Lasalle ¿Qué es una Constitución? La encontré en el siguiente enlace y la conferencia va de la página 31 a la 65. Es cortita pues está escrita con letras bastante grandes.
https://norcolombia.ucoz.com/libros/Lassalle_Ferdinand-Que_Es_Una_Constitucion.pdf
Vale la pena leerla pues aunque fue escrita el año 1856, permite entender lo que está ocurriendo en Chile con el famoso proceso constitucional. También la historia constitucional que reseña el artículo en comento y el comentario del profesor Portales. Todo lo demás parece ser bastante inútil, especialmente varios artículos sobre el tema publicados en este y otros medios.