¿Qué destino tendrá el terreno en Quilpué que le usurparon al asesinado empresario Alejandro Correa?
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En los últimos días diversos medios de prensa han dado cuenta del ofrecimiento formulado por su hija Valentina, en representación de la familia, al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en orden a que el Estado le compre ese terreno de 8 hectáreas, hoy tomado por terceros sin casa, para construir allí viviendas sociales. Valentina procedió con el mejor espíritu de cooperación para reducir el déficit de viviendas, lo cual se debe valorar.
Entendemos que ella lo hizo porque lamentablemente desconoce las reglas del juego en materia de usos de suelo en el país y por ello el ministro del ramo, Carlos Montes, en dichas noticias agradece esa voluntad, respondiendo que un programa habitacional en dicho sector no es viable, debido a la calidad del terreno. Luego el ministro no rechazó el predio, sino que tan solo explicó la razón de fondo por la cual es imposible materializar la idea de Valentina, explicado en todo caso que su ministerio está dispuesto a re analizar el asunto. En todo caso, ella ha informado que, para esta operación, está siendo asesorada por profesionales expertos.
Con el propósito de que los lectores conozcan bien la historia y la situación presente del terreno, rescatando documentación oficial emanada de una autoridad competente de la comuna de Quilpué, en pocas palabras señalamos lo siguiente:
En los años 1995 y luego el 2003, Alejandro Correa compra los terrenos identificados como Subdivisión Terrazas de Marga Marga con ROL SII N° 1080-2, 1080-15, 1080-201 y 1080-202, Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, terrenos que pertenecían a Héctor Valencia y a la Sociedad Agrícola Quilpué Sur, los cuales suman 15 hectáreas. Dicha Subdivisión, se generó por medio del conocido DL N° 3.516 de 1980, por lo tanto, eran terrenos rurales que tenían prohibición de cambiar su uso de suelo agrícola.
Años después, siendo esos terrenos ya urbanos en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Quilpué, se produjo una agria disputa por deslindes entre Alejandro Correa y Renato López. En efecto, por la porción de terreno al interior del cierro que dispuso López para su proyecto Relleno Controlado R&A, correspondiendo a 1,6 hectárea, objetado por el padre de Valentina, éste se vio en la necesidad de denunciar a López en el tribunal de Quilpué, causa judicial aún abierta.
A partir de mayo del 2020, se inició la presencia del cercado de predios y levantamiento de construcciones truchas con fines habitacionales en los terrenos de Correa. Hacia mediados del año 2021, ya había 44 demarcaciones de predios con 43 construcciones de diversas superficies y materialidades junto al trazado de caminos interiores. Para efectuar la toma, unos 68 mil m2 de bosque nativo, principalmente quillayes y espinos, fueron talados y quemados por los malandrines, situación de la máxima gravedad que el municipio denunció oportunamente en la Seremi de Vivienda y Urbanismo del gobierno anterior para que ésta trasladara la documentación a la Conaf de la 5a región de Valparaíso. Hoy se aprecian allí 85 lotes y 65 edificaciones.
A la denuncia por usurpación violenta alojada en la Fiscalía de Quilpué y Brigada de Homicidios de Valparaíso, aún sin dictaminar por resolución del Tribunal, se unificó la causa del trágico homicidio con la de usurpación del terreno. La Familia Correa interpuso una denuncia de Loteador Ilegal en contra de Luis Alarcón, por vulnerar el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), actualmente imputado y con orden de alejamiento de los terrenos. Aún sin existir pena.
Volviendo al terreno en cuestión, conforme al PRC de Quilpué vigente y publicado en la página web del municipio, dicho sector se encuentra bajo la zona EI-a “Equipamiento Intercomunal”, en el cual no se admite el destino vivienda, por lo tanto, desde el 2019 se prohibió la construcción de casas o conjuntos habitacionales, pero sí permitiendo la de grandes equipamientos y servicios por su cercanía al troncal sur. A su vez, dicho terreno cuenta con afectaciones de utilidad pública para futuras calles denominadas Proyectada 23, Proyectada 34 y Proyectada 82. También, se observa que al menos el 90% de los lotes y de las casas ilegales se emplazan en el área de riesgo por remoción en masa, determinado por ese instrumento normativo comunal.
Por si fuera poco, no hay factibilidad de servicios, debido a que el terreno se encuentra fuera del territorio operacional de la empresa ESVAL, por ende, el terreno tomado carece de factibilidad de agua potable y alcantarillado.
Finalmente, solidarizando con Valentina y su familia, esperamos que pronto las diferentes instancias judiciales emitan sus sentencias definitivas para que el terreno les sea devuelto, pues cuando ello suceda, Valentina estará en condiciones de ofrecerlo en el mercado inmobiliario, ya que el PRC respectivo, como ya se dijo, admite en dicho predio diversos equipamientos comerciales, pues las restricciones mencionadas, con las necesarias inversiones, se pueden eliminar en un tiempo más. Incluso, lo puede vender en la actualidad, pero en un precio bastante menor, por su ocupación ilegal. La otra opción sería donarlo o venderlo en un precio razonable a la municipalidad de Quilpué, para que ésta con recursos públicos, materialice allí una magnífica área verde con el nombre de Parque Alejandro Correa.
Por Patricio Herman
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