La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves irregularidades financieras en la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), dependiente del Ministerio Interior. Esto luego de realizar una auditoria a su estado contable y presentar el respectivo informe en 2021.
Ante los resultados de la auditoria, la CGR inició un sumario y envió los antecedentes al Ministerio Público para establecer las eventuales responsabilidades administrativas. Dado que Dipreca utiliza recursos públicos, podrían configurarse delitos como fraude al fisco o malversación con dineros estatales.
La auditoria del estado financiero, reveló diferencias en los sistemas contables, por más de $105 millones, lo cual denota un riesgo de presentación inadecuada del patrimonio institucional en los estados financieros.
Además, la CPR observó otras anomalías constitutivas de delitos tales como:
Incumplimiento normativo, deficiencias en los saldos de cuentas de activos y pasivos, registros indebidos y sin antecedentes en cuentas contables de administración y aplicación de fondos, omisión de registro de deudas, deficiencias en las transferencias de pago de pensiones y prestaciones médicas facturadas a la DIPRECA por personas no identificadas.
En cuanto a las prestaciones médicas a personas que incumplen requisitos de cargas familiares los montos ascienden a $500 millones. Por ejemplo, 2.756 personas reconocidas como carga familiar, presentaban un ingreso promedio superior al máximo fijado por ley.
Entre otros gastos improcedentes, se encuentran 1.839 pagos de pensiones con diferencia entre lo estipulado en el sistema de pensiones y lo efectivamente pagado a través de nóminas de Banco Estado”. El monto supera los $100 millones.
La renuncia de su director, Juan Hernández o la formalización de dos funcionarios por delitos de lavado de activos y malversación de fondos públicos en el “Pacogate», son algunos de los antecedentes de la Dipreca que preceden a esta auditoria.
Dado que los hechos revisten una eventual comisión de delitos financieros, el informe fue remitido al Ministerio Público, al Subsecretario del Interior, a la Auditora Ministerial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al Director y a la Jefa de la Oficina de Auditoría Interna, ambos de la Dipreca.
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