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Senador Juan Ignacio Latorre: “con el proyecto ‘fin a la impunidad ambiental’ subimos estándares a empresas contaminantes”

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Según detalló el legislador, representante de la Región de Valparaíso, la moción busca exigir Resolución de Calificación Ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental.

 

“Subir estándares a empresas contaminantes, a empresas que han hecho daño a los ecosistemas y que tienen grandes pasivos medioambientales en nuestro país”, es uno de los pilares fundamentales de la moción destacada por el senador Juan Ignacio Latorre.

 

“Soy autor de un proyecto de ley que hemos denominado “fin a la impunidad ambiental”. Lo presentamos en conjunto con el senador Alfonso De Urresti y las senadoras Isabel Allende, Ximena Órdenes y Yasna Provoste, para exigir evaluación ambiental a grandes empresas contaminantes muy antiguas, que son anteriores al inicio de la institucionalidad ambiental en nuestro país, particularmente en zonas de sacrificio y en muchas regiones de Chile”, detalló el legislador, representante de la Región de Valparaíso, que tiene localidades que han sido golpeadas por diversos episodios graves de contaminación.

 

“La moción fue aprobada por 3 votos a favor en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (en diciembre de 2021) y hoy día estamos haciendo un trabajo prelegislativo -junto a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y a la senadora Paulina Núñez, actual presidenta de la Comisión- para llegar a un protocolo de acuerdo y votar en sala del Senado la idea general de legislar, para luego introducir indicaciones”.

 

Esto, “en sintonía con el programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric en materia medioambiental, que conecta con Escazú y con el proceso constituyente en materia de una constitución ecológica”, según explicó.

 

El texto modifica las leyes Nos 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el propósito de exigir Resolución de Calificación Ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual Institucionalidad Ambiental.

 

Fuente: Senado. En Primera Persona

 

 

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