Abogado que representa a Edelaysén por central Los Maquis fue denunciado ante el colegio de la orden por faltas éticas
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Mario Galindo, quien también defendió a HidroAysén y Energía Austral, se habría coordinado con sus colegas del mismo estudio, Ignacio Mujica y Sofía Vergara, con el fin de reemplazar al abogado de un sindicato demandante de GNL por uno vinculado al grupo empresarial.
· El cuestionado procedimiento se habría desarrollado mientras Galindo y Mujica representaban a GNL, y Sofía Vergara impulsaba la revocación de los mandatos. Según los denunciantes, esto derivó en el retiro de los requerimientos en contra de la empresa y por consiguiente el perjuicio de los demandantes.
Sobre mojado le llueve al estudio Vergara, Galindo, Correa Abogados (VGC), que representa a Edelaysén en el marco de las acciones legales y administrativas que vecinos y vecinas de Puerto Guadal interpusieron contra la empresa por la construcción de la central Los Maquis. En octubre pasado el Tribunal Ambiental de Valdivia dictó un fallo en que obliga a la empresa (del Grupo Saesa, controlado por capitales canadienses) a someter a evaluación ambiental el proyecto energético (que ya se encuentra construido), lo cual derivó en un oficio del Servicio de Evaluación Ambiental y, recientemente, en una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que confirma la medida.
Pero este traspié no es el único del último tiempo del bufete, cuyos abogados Mario Galindo y José Fuenzalida fueron los encargados de representar a Edelaysén y que en años anteriores defendieron a HidroAysén y Energía Austral.
En efecto, hace dos semanas ingresó al Colegio de Abogados una denuncia en contra de los integrantes del mencionado estudio Ignacio Mujica, Mario Galindo y Sofía Vergara “por faltas gravísimas a la ética profesional” según consignó El Diario Estrategia hace unos días. Esto, sumado al posible ilícito de prevaricación, establecido en el artículo 231 del Código Penal y que sanciona al profesional que perjudicare a su cliente.
Los hechos aluden al litigio que mantenían pescadores artesanales y la comunidad de Talcahuano en contra de la empresa GNL Talcahuano SpA, que busa construir un terminal marítimo de gas natural licuado en la zona. La disputa se ha judicializado, obteniendo en octubre de 2021 la ciudadanía y gremios un triunfo ante el Tribunal Ambiental de Valdivia, que obliga a la empresa a adecuarse a una serie de exigencias y estándares medioambientales.
Tras este fallo y en representación de la compañía, los abogados Ignacio Mujica y Mario Galindo comenzaron a sostener reuniones con los demandantes para buscar formas de llegar a un avenimiento. El jurista Remberto Valdés Hueche representó en estas tratativas a la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente-Talcahuano y al Sindicato de Pescadores Artesanales y Armadores Artesanales de la Región del Bio Bio, entre otras organizaciones.
En paralelo a este proceso, la abogada el mismo estudio VGC, Sofía Vergara, “habría redactado escrituras revocatorias de poder y desistimientos del reclamo, para remover a Valdés del caso y reemplazarlo por Jorge Bohle”, consignó la denuncia que revisa el Colegio de Abogados. Esta gestiones derivaron en que al profesional le fue retirada la representación del Sindicato de Pescadores Artesanales.
El cuestionamiento se profundiza al informarse que Bohle estaría vinculado al grupo controlador de GNL y una de cuyas actuaciones fue desistirse del reclamo, “perjudicando al Sindicato de Pescadores Artesanales, sus propios representados y favoreciendo a la empresa de gas, todo esto a espaldas de Valdés”. La misma maniobra el estudio VGC llevó adelante con respecto a la abogada jefe de la Municipalidad de Talcahuano, Estefanía Estrada Rivas, quien defendía los intereses de la comunidad afectada. Hoy la profesional es notaria, conservadora y archivera judicial de Toltén.
El abogado de Valdés, Francisco Pinochet Cantwell, puntualizó que “la situación descrita no sólo termina por ser una grave infracción a la ética en 15 artículos del Código de Ética profesional, sino que además configura el delito de prevaricación previsto en el artículo 231 del Código Penal”.
Uno de los objetivos declarados de la acción ante el Colegio de Abogados será prohibir el ejercicio profesional Ignacio Mujica, Mario Galindo y Sofía Vergara, “solicitando la suspensión inmediata hasta el fin de la tramitación del presente reclamo o el máximo de tiempo que permita el reglamento del Colegio de Abogados” se indica en la nota de Estrategia. Además, se anunció que se perseguirá la posible responsabilidad criminal de todos los involucrados
