Bolsonaro en una imagen de enero de 2022. Foto: Prefeitura de Macapá

Nuestra Región Latinoamericana

Bolsonaro acusado de crímenes de lesa humanidad en el Tribunal Permanente del Pueblo

By Elena Rusca 30 mayo, 2022 No comment

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 51 segundos

En su 50ª sesión, con eje sobre la “Pandemia y el Autoritarismo”, el Tribunal Permanente del Pueblo (TPP) se pronuncia sobre la conducta de Bolsonaro durante el Covid-19 y el costo humano de sus políticas antidemocráticas.

Desde las ciudades de Roma y São Paulo, entre el 24 y el 25 de mayo 2022, sesionó la 50ª sesión del Tribunal Permanente del Pueblo (TPP), para reflexionar, una vez más, sobre un tema brasileño.

Dedicada al tema “Pandemia y Autoritarismo”, parece hecha para hablar de Brasil.

La responsabilidad del gobierno de Bolsonaro en la violación sistemática de los derechos fundamentales de las poblaciones en Brasil a lo largo de la Covid-19, ha causado la muerte de demasiadas personas.

En la presente sentencia, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns – Comisión Arns, la Internacional de Servicios Públicos, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y la Coalición Negra por los Derechos formalizan la Acusación, al denunciar al presidente Jair Messias Bolsonaro de haber, en el uso de sus atribuciones, propagado intencionalmente la pandemia de la Covid-19 en Brasil, generando la muerte y enfermedad evitables de miles de personas, en la perspectiva de una escalada autoritaria que busca suprimir derechos y erosionar la democracia.

La sentencia saldrá en algunas semanas.

La Corte Penal Internacional ya recibió una denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro, por “crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio de los pueblos indígenas”. En marzo de 2021, la Fiscalía de la CPI envió otro comunicado a las entidades, informándoles que el caso estaba formalmente bajo “evaluación preliminar de jurisdicción”, lo que significa que estaría sujeto a un análisis más profundo.

A principios de 2021, los caciques Raoni Metuktire y Almir Suruí hicieron una nueva representación ante la Corte Penal Internacional, denunciando el avance de la deforestación y los incendios en la Amazonía, los ataques del gobierno de Bolsonaro a las poblaciones indígenas y el desmantelamiento de las agencias ambientales brasileñas, como el IBAMA y ICMBio. La denuncia señala a Jair Bolsonaro como responsable directo de las muertes y violación de derechos contra los pueblos indígenas brasileños.

En mayo de 2021, el Frente Amazónico de Movilización en Defensa de los Derechos Indígenas (Famddi) denunció a Jair Bolsonaro como responsable de la grave situación de contaminación de las comunidades indígenas por el Covid-19 y el exterminio de los pueblos indígenas en la Región Amazónica. Entre otros delitos, el Frente acusó a Bolsonaro de ser directa o indirectamente responsable de ataques de mineros en áreas indígenas, incendios provocados, difusión de propaganda negacionista sobre vacunación y descuido de la atención a indígenas que viven en áreas urbanas o en tierras baldías. El presidente brasileño, añade la denuncia, “utiliza el coronavirus como instrumento de su política de muerte”.

¿Qué es TPP?

Con sede en Roma, Italia, y definido como un tribunal internacional de opinión, el TPP se dedica a determinar dónde, cuándo y cómo se han violado los derechos fundamentales de los pueblos y las personas. Dentro de sus atribuciones, instituye procesos que examinan los nexos causales de las violaciones y denuncian a los autores de los crímenes ante la opinión pública internacional.

Si bien tratándose de un tribunal de opinión, cuyas sentencias no necesariamente son aplicadas por los sistemas oficiales de justicia de los Estados, los veredictos del TPP son relevantes: señalan el reconocimiento de delitos y deberes de reparación y justicia que, de otro modo, ni siquiera serían considerados por los sistemas legales oficiales. Y si bien funciona en una etapa pre-normativa de documentación, memoria y definición de la verdad, muchas veces apoya los procesos penales y sirve de subsidio para la elaboración de leyes y tratados internacionales, con el objetivo de evitar la repetición de los mismos crímenes.

Un ejemplo de su relevancia se refiere a la sesión sobre Argentina, en la década de 1980, cuando se presentó la primera lista de desaparecidos políticos bajo el régimen militar en el país. En ese sentido, el TPP constituye un precioso archivo de la memoria del pueblo, con autoridad para documentar hechos e historias que no se pueden negar.

Establecido en Bolonia el 24 de junio de 1979 y actuando de acuerdo con los principios de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 4 de julio de 1976), el TPP reemplazó al Tribunal Russell II, que sucedió al primer Tribunal Russell, también conocido como Tribunal de Estocolmo o el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra.

Constituido por primera vez en noviembre de 1966 y realizado en dos sesiones en Suecia y Dinamarca, el tribunal pionero fue organizado por el filósofo británico Bertand Russell, con la mediación del escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre y la participación de intelectuales de la talla de la Político italiano Lelio Basso, la escritora Simone de Beauvoir, el activista estadounidense Ralph Shoenman y el escritor argentino Julio Cortázar. En ese momento, el tribunal investigó los crímenes cometidos en la intervención militar estadounidense en Vietnam.

En los años siguientes se crearon tribunales similares bajo el mismo modelo, investigando temas como las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras de Argentina y Brasil (Roma, 1973), el golpe militar en Chile (Roma, 1974-1976), el tema de los derechos humanos en psiquiatría (Berlín, 2001) y las guerras en Irak (Bruselas, 2004), en Palestina (Barcelona, 2009-2012), en el este de Ucrania (Venecia, 2014).

Después de la redemocratización de Brasil, el TPP dirigió su atención al país varias veces. La sesión de 1989, por ejemplo, dedicada al tema de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina, destacó la falta de castigo de los responsables de violaciones cometidas durante la dictadura militar brasileña y la negación del derecho a la memoria colectiva como condición para evitar nuevas formas de autoritarismo.

La situación de los niños y adolescentes en la sociedad brasileña y la cuestión carcelaria en el país fueron temas discutidos en 1991. La sesión sobre y la Amazonía, en el año siguiente, mostró la trágica distancia entre la realidad y los derechos preconizados por la Carta de 1988, en la gestión del territorio y en las garantías de autonomía de los pueblos locales. Y, el año pasado, en su 49. En esta sesión, el tribunal recibió denuncias de ecocidio y violación de los derechos de los pueblos del Cerrado brasileño (aún no se ha emitido la sentencia).

El Jurado Internacional del 50ª Sesión: (presidente y jueces en orden alfabético):

1.Luigi Ferrajoli, Italia (Presidente)