Columnistas Poder y Política Portada

¿Podrá salvarse Chile?

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 5 segundos

La realidad indica que Chile rápidamente se ha igualado a los países de más alto grado de inseguridad en el Continente. Es cosa del pasado eso de que éramos “la copia feliz del Edén”, según nuestro Himno Patrio, o aquella pretenciosa idea de constituir una excepción en América Latina en cuanto a los trastornos causados por el narcotráfico y el crimen organizado. Como tampoco escapamos ahora a fenómenos como la corrupción política, empresarial y policial.

Todos los días los medios de comunicación amanecen con las noticias de la severa insurrección que se vive en la Araucanía. Una confrontación que cobra vidas en cada jornada y arrasa con las instalaciones ocupadas por las empresas forestales y otras que les arrebataron las propiedades a los mapuches, la principal etnia del país. Extensiones ya reconocidas por los conquistadores españoles, territorios y cuyas demarcaciones después fueron aceptadas por O´Higgins y los primeros gobiernos republicanos.

Sublevación la llaman algunos; guerra civil, aseguran otros, pero lo que no se puede desconocer es que, en el Wallmapu y la denominada zona macro sur, reina la violencia, el uso de armas cada vez más letales, y en que ya las policías se muestran incapaces en hacerle frente a la ira de una etnia que ya no exige solo justicia social, sino autonomía territorial y política. Por algo es que no son pocos los que piensan que el Estado debiera dictar un estado de Emergencia que permita la instalación allí de las Fuerzas Armadas y, si es preciso, reprimir como se hizo en el pasado durante la tristemente recordada “Pacificación de la Araucanía”. Una masacre o genocidio que culminó con la instalación en la zona de una gran cantidad de inversionistas extranjeros que, además de arrasar con el bosque nativo, consolidaron sus intereses y explotación inicua en el mar, los ríos y lagos de uno de los paisajes más hermosos y apacibles de la Tierra.

La duda hoy es cuánto se va a demorar el gobierno izquierdista de Gabriel Boric en superar sus pudores y contradicciones internas para comprometer la acción de los militares en el control de esta convulsionada zona, aunque sea mediante la declaración de un estado de excepción que evite mediante un eufemismo el apellido de “emergencia” o “estado de sitio”. Tampoco es seguro que los uniformados estén dispuestos a hacer, una vez más, el “trabajo sucio”, que tanto descrédito le ha acarreado a unas Fuerzas Armadas expertas en combatir a sus connacionales, al llamado “enemigo interno”, más que hacer frente a las amenazas foráneas que hace más de un siglo ya no se presentan.

Pero es de norte a sur del país en que asolan otras inseguridades acicateadas fundamentalmente por los escuálidos ingresos de la gran mayoría de trabajadores, lo que ha facilitado que los cárteles de la droga vayan apoderandose de barrios y comunas enteras donde se ha hecho extremadamente peligroso transitar de día o de noche sin correr el riesgo de ser asaltado o incluso asesinado por bandas organizadas, las que matan hasta para obtener solo un celular. Además de acometer aquellos espectaculares turbazos, portonazos y robos de vehículos con inusitada cobardía, al elegir como víctimas generalmente a mujeres y ancianos. Por algo los camioneros han resuelto tomarse las principales carreteras del país para exigir que las autoridades les garanticen seguridad, después de los cotidianos incendios de sus maquinarias y fuentes de trabajo. A lo que suman el descontento por los cobros abusivos de los peajes de las carreteras concesionadas y el alza abrupta de los combustibles. Aunque de verdad es que no solo para los transportistas, sino para todos, viajar por el país resulta demasiado oneroso, además de muy peligroso.

En los últimos días ni la ministra de Defensa escapó a un asalto y robo con violencia en su domicilio, además de que un carabinero de la guardia del presidente Boric fuera secuestrado, robado, herido de bala y abandonado en un lugar distante de su casa. Ya se asentó la idea en toda la población de que “a cualquiera le puede tocar… Se movilice en automóvil o de a pie.

Si se hiciera un recuento pormenorizado, podríamos concluir que son centenares los establecimientos educacionales en “toma” que demandan recursos para su desempeño y también seguridad. No son pocos los maestros amenazados por sus discípulos, así como los comerciantes de todo el país que viven en ascuas por los asaltos y la presencia de miles de vendedores ambulantes que se instalan donde se les antoja y hacen uso de armas de fuego para proteger sus espacios. Al extremo de reclutar como vigilantes a delincuentes comunes que ya han ocasionado múltiples homicidios y, recién, el de una joven periodista ultimada al momento de cubrir una reyerta entre las bandas enemigas del comercio informal.

Avenidas y plazas, estaciones del Metro y buses de la locomoción colectiva son también vandalizados y reducidos a cenizas por piños de asaltantes que expresan su malestar con la destrucción más insensata,  y cuyos ejecutores muy raramente son detenidos por las policías. Innumerables asaltos que ni siquiera logran que los testigos de estos hechos se dispongan a prestar declaración ante las fiscalías, debido a la desconfianza generalizada que existe respecto de los carabineros e investigadores del Ministerio Público a quienes creen sobornados por delincuentes y narcotraficantes.

La desfachatez del crimen organizado es tal que los mafiosos de una comuna popular construyeron un mausoleo en una plaza comunal a fin de darle sepultura a uno de sus capos. Triste fue observar la impotencia del alcalde correspondiente, quien a lo único que atinó fue a demandarle a La Moneda más policías para hacer frente a los malhechores que, al igual que otros municipios de América Latina, controlan la vida de sus habitantes.

Cierto es que, pese al constante incremento de los efectivos y recursos disuasivos del Cuerpo de Carabineros como de la Policía civil, todo nuestro territorio está desbordado por la violencia y el miedo. Así como las cárceles están abarrotadas por los delincuentes comunes que en poco tiempo vuelvan a las calles a delinquir, gracias a aquellos jueces cómplices o demasiado “garantistas”, como algunos prefieren calificarlos.

El reciente incremento del salario mínimo, la verdad es que antes de materializarse ya se hizo humo, si se considera que los productos más esenciales han incrementado sus precios en un 30 o 40 por ciento en cuestión de pocos meses, lo que tiene agobiado a la mayoría de los hogares del país sin que la llamada clase política sepa qué hacer para mitigar el profundo descontento en que ya, según las encuestas, más de mitad del país perdió su confianza en el novel presidente de la República. Además de que entre los partidarios de una nueva Constitución y los que prefieren que se extienda la de Pinochet-Lagos parecen empatados y se teme que, cualquiera sea el resultado del plebiscito de salida, no habrá una Carta Magna ampliamente consensuada por el pueblo. Ni menos que sea expresión de la “casa de todos”, como en algún momento se pretendió.

Y no se trata necesariamente que los contenidos definidos por la Convención Constituyente puedan ser insatisfactorios; lo más probable es que muchos ciudadanos concurran a las urnas a manifestar su descontento por las promesas económico sociales postergadas o sienten incumplidas. Que voten en contra del nuevo texto constitucional para expresar su hastío frente al caos que impera en todo el país. Donde la riqueza sigue más concentrada que ayer y el poder adquisitivo de las mayorías continua en franco deterioro.

Donde la vida es cada vez más insegura y las soluciones se hacen más complejas; cuando, para colmo, vicios políticos como el del cuoteo partidario, las prácticas de colusión de los empresarios, o la impunidad de los oficiales corruptos siguen campeando.  Agravado todo por la incapacidad de la clase política de constituir acuerdos, aunque sea para enfrentar las inclemencias del invierno o frenar el alza del pan, el principal sustento alimenticio de la población que, en apenas dos o tres meses, ha duplicado su precio. Muchos observadores temen un nuevo estallido social con cara, ahora, de rebelión, según la convocatoria del destacado líder mapuche Héctor Llaitul. En una declaración que desafía absolutamente las normas de nuestro imaginario estado de derecho, cuanto su Ley de Seguridad del Estado.

Con gobiernos de todos los colores políticos que se han turnado en el poder, muchos piensan que ya se hicieron tardes las soluciones a las demandas sociales. Que las poderosas empresas seguirán enseñoreadas, y que las codiciosas administradoras de pensiones y de la salud privada seguirán asaltando el bolsillo de los más pobres y vulnerables. Así como tampoco se puede confiar en la podredumbre que se perpetúa en las organizaciones sindicales. Hace tiempo arrodilladas y financiadas por los referentes políticos y patronales.

La decepción ya “se está haciendo costumbre”, como antes se decía de nuestra crónica injusticia y aunque los nuevos moradores de La Moneda alegan que recién se han instalado y que necesitan más tiempo, lo cierto es que las urgencias ya no pueden ni quieren esperar.

Por Juan Pablo Cárdenas S.

 

Premio Nacional de Periodismo

Related Posts

  1. Mónica Fernández says:

    La Convención No Es Constituyente como dice don Juan Pablo Cárdenas. Hay que ver la ley 21.200 que reformó el capítulo XV de la actual Constitución. Se llama Convención Constitucional porque está regida por las normas de la Constitución vigente.

  2. Felipe+Portales says:

    Lo mejor del borrador -aunque puede ser a varios años plazo si continúa el actual Senado y los quórums supramayoritarios por cuatro años más- es que elimina A FUTURO los quórums supramayoritarios. Veremos qué hace el «Colectivo Socialista» -el fiel de la balanza para obtener los dos tercios- en definitiva respecto de si está dispuesto a aplicar el Artículo 138 de la Reforma Constitucional -que dio pie a la Convención Constitucional- que señala que «la Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial». Y ¡es evidente que el senado ha sido «objeto de una modificación sustancial»! Veremos si se alinea con la voluntad popular o con la voluntad de la derecha y particularmente de los senadores PS…

    • Serafín Rodríguez says:

      Cierto! En general «mayoría de los presentes» para aprobar las leyes hasta donde entiendo. Con la tradicional irresponsabilidad en cuanto asistencia de nuestros legisladores, cualquier mayoría circunstancial puede aprobar cualquier cosa. Esto puede llegar a ser un grave problema. Habría sido distinto si se hubiera establecido mayoría de «las y los miembros» correspondientes.

      La otra cuestión que es también complicada es que las diputadas y los diputados van a ser 155 elegidos por distritos electorales a fijar por ley, no por número de habitantes (o ciudadanos) en cada distrito. Con esto, vamos a tener el absurdo anti-democrático de que distritos con menos habitantes (o ciudadanos) elijan más diputadas y diputados que otros que tienen más habitantes (o ciudadanos). En otros términos los votos de los ciudadanos en un distrito van a valer más que los de otros en otro distrito y vice-versa. Esta desproporcionalidad en el valor de los votos ciudadanos es un atentado directo a la integridad de la democracia representativa. Por supuesto se puede argüir que una representación proporcional favorece a las regiones más pobladas, pero el Senado de Regiones con igual número de senadores por región resuelve el problema.

      Es simplemente increíble que la propuesta de nueva Constituciíon incluya disparates como los descritos. Y no son los únicos!

      • Serafín Rodríguez says:

        El problema de la desproporcionalidad anti democrática mencionado es exactamente una de las deficiencia de la Constirución dePinochet en la elección de la Cámaa de Diputados y también en la forma de elección de la CC que se repite en en proycto de nueva Constitución. En los hechos fue denunciado incluso por el presidente del SERVEL pero es como si a nadie le importara. No importa que el voto de algunos ciudadanos valga más que el de otros! En el país de las desigualdades, está bien que seamos desiguales incluso ante la ley!

  3. Gino Vallega says:

    El clima político está malísimo. tanto así que por cansancio se piensa en rechazar el trabajo de la CC como castigo ó autocastigo?
    Lo que se sabe de la CC, es muchísimo mejor que pinochet-lagos, sin duda y rechazarla es pedir la vuelta de la dictadura. Cuales son las redes narco que no permiten un ataque frontal a sus estructuras? Que hace pensar que quemar objetos va a solucionar el problema del walmapu? Prepotencia, arrogancia, anarquía…….símbolos de la herencia neoliberal para un Chile en el borde del abismo, en el borde de ser otro país latinoamericano fallido.

    • Serafín Rodríguez says:

      Por «lo que se sabe…» Y qué pasa con lo que no se sabe y todo lo que se deja abierto a la dictación de leyes por una clase política que permanece inamovible con las máquinas electorales que maneja? El tiempo pasa, los plazos se cumplen, habrá que votar y sea cuál sea el resultado del plebiscito todo permanecerá impredecible, ya sea por todo lo que será necesario legislar para implementar la nueva Constitución o lo que habrá que hacer para remplazar la vieja.

  4. Cucho Zorricueta says:

    Juan Pablo Cárdenas ha descrito con mucha precisión cuál es la temperatura social y política que existe en el país, aún así se avanza (porsupuesto que no en la medida que todos quisiéramos ), pero la nueva constitución sin duda será mejor que la actual. El hecho que se le corte el pelo al actual Senado y se le obligue a trabajar en regiones de forma distinta a la actual, eso ya ayuda a ir desmontando el poder de la ultraderecha política y económica. El gobierno tiene que proteger a la población de las alzas injustificadas, tiene que darle como bombo en fiesta al narcotráfico y sus redes, a la delincuencia que tiene sicarios, en este tema deben hacerse redadas por comunas sin aviso en forma permanente y , al que se pille sin papeles y más encima tiene antecedentes en su lugar de origen hay que deportarlo inmediatamente ( hay que limpiar y los derechos humanos no pueden ser usados para cubrir a la delincuencia ). Respecto del tema de los mapuches y la devolución de sus tierras que les fueron robadas hay que sentarse a la mesa para ver como se hace , pero eso no quita que si hay bandas armadas que están lucrando con el tema de los mapuches se les apriete fuerte para terminar con el tema de la quema de camiones y la muerte de trabajadores inocentes. Putin se ha sentado varias veces a la mesa para ver como se llega a un acuerdo sobre la administración de Ucrania pero al mismo tiempo le ha sacado la chucha a las bandas nazis que apoyan Corrupto Zelenski.

    • Serafín Rodríguez says:

      Siempre hay ue tener en cuenta el poder del enemigo político. El la última segunda vuelta presidencias la derecha dura sacó algo más de un 44% de los votos, una cantidad en nada despreciable considerando que en los hechos se trata de una derecha fuertemente militante. A esto hay que sumar los votos del pro-concertacionismo neoliberal que votó contra Kast pero que históricamente no ha trepidado en administrar al país con la derecha más reaccionaria, especialmente en lo que concierne a todo lo económico y que a nivel de la CC influyó para que el pleno rechazara el artículo que otorgaba al Estado derechos mineros exclusivos sobre el litio, los metales raros e hidrocarburos y una participación mayoritaria en las minas de cobre. Esto no puede haber sido de otro modo porque la derecha dura no tenía los votos para ello. En síntesis, es «Chile entre dos derechas», tal como denuncio Sergio Aguiló hace 20 años,

  5. Serafín Rodríguez says:

    A pear de la tibia defensa de la propuesta de la CC que hace Cárdenas cuando afirma que «no se trata necesariamente [de] que los contenidos definidos por la Convención Constituyente puedan ser insatisfactorios”, el hecho es que lo son en varios aspectos. El más serio y grave de ellos ha sido el rechazo del artículo que otorgaba al Estado derechos mineros exclusivos sobre el litio, los metales raros e hidrocarburos y una participación mayoritaria en las minas de cobre.

    Desgraciadamente este serio atentado a la independencia económica del país entre otros de naturaleza institucional, está pasando inadvertido para la gran mayoría ciudadana porque todo el debata relativo a la propuesta de nueva Constitución se ha centrado estúpidamente en torno a la opción RECHAZO como si se tratara de una cuestión de la derecha política y económica en vez de una legítima opción ciudadana basada en las graves deficiencias del texto que atentan contra el mejor interés del país como en los hechos es la relativa a sus riquezas naturales no renovables.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *