Seis grupos de la sociedad civil palestina calificados de «organizaciones terroristas» por Israel: ONU pide que se rindan cuentas
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Expertos en derechos humanos de la ONU [1] pidieron hoy a la comunidad internacional que tome medidas inmediatas y efectivas para proteger y sostener a los seis grupos de la sociedad civil palestina que fueron designados como «organizaciones terroristas» por el Gobierno de Israel en octubre de 2021.
“La inquietante designación de Israel de estas organizaciones como ‘organizaciones terroristas’ no ha ido acompañada de ninguna evidencia pública concreta y creíble”, dijeron los expertos en derechos humanos. “Observamos que la información presentada por Israel tampoco ha logrado convencer a varios gobiernos y organizaciones internacionales que tradicionalmente han proporcionado fondos para el trabajo indispensable de estas seis organizaciones”.
En octubre de 2021, los expertos de la ONU denunciaron la designación por parte de Israel de seis organizaciones de la sociedad civil palestina: Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International – Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y los Comités de la Unión de Mujeres Palestinas – como organizaciones terroristas. La designación de Israel le permite cerrar las organizaciones, incautar sus activos, poner fin a su trabajo y acusar a su liderazgo y personal de delitos terroristas.
“Israel ha tenido seis meses para fundamentar sus acusaciones y no ha cumplido”, dijeron los expertos. “Hacemos un llamado a los gobiernos financiadores y a las organizaciones internacionales para que concluyan rápidamente que Israel no ha establecido sus acusaciones y anuncien que continuarán apoyando financieramente y políticamente a estas organizaciones y a las comunidades y grupos a los que sirven”.
Las organizaciones internacionales han dejado de apoyar a estas organizaciones sin pedir más explicaciones
Aunque Israel no ha fundamentado sus alegaciones públicamente ni ante los gobiernos financiadores y las organizaciones internacionales, varios de los financiadores han retrasado sus contribuciones a las organizaciones palestinas mientras investigan estas afirmaciones. La Unión Europea ha suspendido formalmente la financiación de dos de estas organizaciones. Esto ha socavado el trabajo de estas organizaciones palestinas y ha tenido un impacto incalculable en las comunidades a las que apoyan. “Ha habido una falta de claridad sobre la duración de estos pasos”, denunciaron los expertos.
“Estamos profundamente preocupados por el aparente uso indebido de la legislación antiterrorista por parte de Israel para atacar a algunas de las principales organizaciones de la sociedad civil en Palestina. Tal mal uso debe ser rechazado y contrarrestado”, dijeron los expertos.
“Naciones Unidas ha dejado muy claro que la redacción y aplicación de leyes antiterroristas deben ser rigurosamente compatibles con el derecho internacional y la protección de los derechos humanos, incluidos los principios de seguridad jurídica, necesidad, proporcionalidad, estado de derecho y no discriminación.”
En este contexto, los expertos acogieron con beneplácito la declaración emitida el 23 de marzo de 2022 por la ministra de Cooperación para el Desarrollo de Bélgica, Meryame Kitir, quien afirmó que: “Mi administración ha llevado a cabo una investigación interna sobre las denuncias. Esto no reveló ninguna evidencia que confirmara las acusaciones. Por lo tanto, he decidido no emprender ninguna acción contra las organizaciones palestinas en cuestión. Las pruebas proporcionadas por las autoridades israelíes tampoco son suficientes para reconsiderar mi decisión”.
“La aplicación de leyes antiterroristas a defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de renombre, sin pruebas convincentes que respalden estas afirmaciones, parece indicar un intento de Israel por motivos políticos de silenciar a algunos de sus críticos más efectivos en violación de sus derechos a la libertad de asociación y de expresión”, afirmaron los expertos. “Si la comunidad internacional se toma en serio su apoyo a la autodeterminación palestina y el fin de la ocupación israelí de 55 años, debe volverse más abierta y asertiva en la defensa del trabajo de estas organizaciones y recordar a Israel que es el derecho humano internacional y sus obligaciones.”
En consecuencia, los expertos en derechos humanos exhortaron a la comunidad internacional a:
- Concluir públicamente que Israel no ha fundamentado sus acusaciones contra las seis organizaciones;
- Reanudar, continuar e incluso aumentar su apoyo financiero y político al trabajo de estas seis organizaciones; y
- Exigir que Israel se retracte de las designaciones y deje de hostigar a todas las organizaciones palestinas, israelíes e internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil que promueven los derechos humanos y la rendición de cuentas en Israel y Palestina.
Una respuesta, y muchas preguntas: ¿Dónde se esconde la comunidad internacional?
El relator especial no olvidó uno de los temas más importantes y descuidados relacionados con la ocupación israelí de Palestina: la notable falta de voluntad de la comunidad internacional para imponer medidas de rendición de cuentas a Israel por su ocupación permanente, que se ha llevado a cabo tanto en absoluto desafío al derecho internacional y con los ojos bien abiertos de la comunidad internacional.
De hecho, hasta el momento, el Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado más de 30 resoluciones en los últimos 50 años que critican a Israel y su ocupación. La Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos han adoptado cientos de resoluciones más.
Es sabido que los asentamientos israelíes son ilegales, que la anexión es ilegal, que la negación de la autodeterminación palestina es ilegal, que los abusos contra los derechos humanos son moneda corriente, que el Cuarto Convenio de Ginebra se aplica en su totalidad, que ninguna de estas innumerables resoluciones ha sido obedecida, y no se ha impuesto nada a Israel para que cumpla con el orden internacional basado en reglas.
“Seamos claros: el problema con respecto a Palestina y los foros de las Naciones Unidas nunca ha sido que la ONU apruebe demasiadas resoluciones, sino que hace muy poco para hacer cumplir cualquiera de estas resoluciones”, denunció Michael Link.
“De hecho, no estaría hoy aquí frente a ustedes entregando un informe sobre cómo una ocupación implacable se ha convertido en metástasis en el apartheid, si la comunidad internacional se hubiera tomado en serio sus propias leyes hace 45 y 35 años cuando el Consejo de Seguridad y la Asamblea General comenzaron a adoptar la primera de sus muchas resoluciones críticas con la ocupación israelí. El derecho internacional no pretende ser un paraguas que se pliega al primer indicio de lluvia. Si la comunidad internacional hubiera acompañado estas resoluciones con firme responsabilidad y consistencia hace décadas, de la misma manera que lo está haciendo hoy con la invasión y ocupación de Ucrania, entonces probablemente habríamos tenido una resolución justa y duradera para la Cuestión de Palestina muchos años atrás y nadie tendría que estar hablando de apartheid hoy” concluye Link.
La ausencia de sanciones económicas hacia Palestina es una pregunta que no sale solamente desde las reflexiones de Link. El representante de Pakistan hace hoy las mismas preguntas, y antes él, Gideon Levy, en un artículo publicado el 5 de marzo en el periódico digital Haaretz, de Israel[1], había también profundizado esa posibilidad.
“Imagínese a Israel invadiendo la Franja de Gaza nuevamente, causando las masacres, la ruina y la devastación habituales. Imagínese decenas de miles de civiles huyendo para salvar sus vidas después de perder lo poco que tenían. Los edificios se derrumban como casas de papel, pero Israel procede como si nada: los pilotos bombardean, los tanques avanzan, los medios y la población israelí vitorean”, escribe Gideon Levy.
“Pero de repente la comunidad internacional toma una decisión: si Israel no se retira de inmediato, enfrentará sanciones. Si la Franja de Gaza no se convierte en una zona de exclusión aérea, los aviones hacia y desde Israel permanecerán en tierra. Israel ignora la advertencia y, como siempre, se justifica hablando de defensa propia, terrorismo y holocausto. En ese momento se dispara la nueva arma definitiva: excluir a Israel del sistema internacional de pagos bancarios y de aquel con el que los bancos los comunican. Israel se queda sin el Swift. Además, lo que se aplica al país que invadió Ucrania también debería aplicarse al invasor de la Franja de Gaza”, sigue Gideon Levy.
“Sin el Swift, Israel implosionaría instantáneamente. Quizás el tiránico gigante ruso pueda resistir por un tiempo, pero Israel no. Dentro de unos días, los señores de la economía se presentarían en la cúspide política y militar con un mensaje claro: alto. Así no podemos seguir. Más o menos lo que pasó en Sudáfrica en la época del apartheid cuando los empresarios le dijeron al gobierno blanco: alto. En ese momento, quedaría por entender cuántos días el ejército israelí continuaría destruyendo Gaza. ¿Un día? ¿Dos días? ¿Una semana? Pero eventualmente los soldados se retirarían, el asedio terminaría y Gaza finalmente sería libre, por primera vez en años. Todo con un “golpe” de Swift”, concluye Gideon Levy.
[1] Michael Lynk, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado desde 1967; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; Melissa Upreti (presidenta), Dorothy Estrada Tanck (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, Grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Clément N. Voule, Relator Especial sobre el derecho de reunión y asociación pacíficas; y Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
