Informe: Los pueblos indígenas de Latino América sufren tortura; el caso mapuche
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La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y siete organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tortura, publican hoy, 28 de marzo 2022, un informe sobre las violencias, torturas y tratos crueles que sufren los pueblos indígenas en América Latina. Entre los casos analizados está el de pueblo Mapuche, que sigue sufriendo represión por el Estado chileno, y eso también con el actual gobierno.
El informe “¡PUES ES TORTURA!: Análisis de las violencias constitutivas de tortura y malos tratos de los pueblos indígenas en América Latina”, es el primero que se realiza sobre esta temática por América Latina. Con ejemplos desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, el informe muestra situaciones que atraviesan a toda la región: la criminalización o la privación de la libertad de lideresas y líderes indígenas; las masacres y los asesinatos; la militarización y el despojo de sus tierras; el desplazamiento forzado y la necesidad de abordar estas vulneraciones de derechos humanos desde una mirada colectiva que ponga énfasis en los efectos colectivos que tienen en los pueblos indígenas, visibilizando el daño y sufrimiento que producen, y que muchas veces es constitutivo de tortura.
“El racismo sigue profundamente enraizado en los sistemas judiciales, políticos y sociales de los países de América Latina y se ha traducido en una práctica permanente de tortura contra los pueblos indígenas”, dijo Teresa Fernández Paredes, asesora de derechos humanos de la OMCT. “Es urgente que los países de la región apliquen el marco internacional y los marcos nacionales de prevención y erradicación de la tortura y otros malos tratos desde una perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, que proteja y prevenga la violencia contra los pueblos indígenas”.
Efectivamente, aunque los derechos de las personas indígenas se hayan reconocido en casi todas las Constituciones latinoamericanas, un común denominador regional sigue siendo la falta de materialización en la práctica de este reconocimiento. Las personas y comunidades indígenas ven vulnerada su integridad personal y colectiva de forma rutinaria y con total impunidad.
El racismo hacia los pueblos indígenas
Como se puede leer en el informe, “desde la conformación de los Estados argentino y chileno, el pueblo Mapuche ha afrontado políticas tendientes a negar su presencia como integrantes de la sociedad nacional, junto a expediciones militares que pretendieron llevar a cabo políticas de genocidio y exterminio de gran parte de la población originaria”.
Y eso, no solamente en nuestro País. “De forma similar, en Guatemala se forjó un modelo que racializó al sujeto “indio”, despojándolo de su condición de sujeto de derecho, el cual debía ser “civilizado o civilizada” para su integración a la sociedad en general y para ser considerado “ciudadano” o “ciudadana””.
En la misma dinámica de exclusión y discriminación, en Bolivia el proceso histórico de construcción del Estado boliviano se caracterizó por la dominación de la minoría mestiza-criolla y la exclusión de los indígenas del aparato estatal. Así, se consideraba a los pueblos indígenas incapaces de poder elegir a sus gobernantes y dominaba la idea de hacerlos desaparecer por considerarlos un obstáculo para el desarrollo del país.
El modelo de Estado-nación consolidado después de la revolución nacional de 1952 buscó integrar a esta comunidad bajo el denominativo de “campesinos”, pero sin reconocer legalmente su identidad de pueblos indígenas ni sus identidades culturales. En 1962, los Cuerpos de Paz de los Estados Unidos realizaron la esterilización forzada de mujeres indígenas. Durante la dictadura militar de Hugo Banzer (1971-1978), se lanzó la consigna de “blanquear Bolivia”, con un proyecto que contemplaba la esterilización forzada de las mujeres indígenas y el asentamiento de ciento cincuenta mil (150.000) sudafricanos blancos en ese país.
La llegada al poder del partido político Movimiento al Socialismo (MAS) con Evo Morales a la cabeza, primer presidente indígena en la historia de Bolivia permitió que personas indígenas comenzasen a acceder a espacios de poder antes ocupados por la minoría mestizo-criolla, haciendo aparecer un nuevo tipo de racismo debido a ese “atrevimiento” de pretender superar las posiciones de sumisión. La Constitución de 2009 reconoce un amplio marco de derechos colectivos a los pueblos indígenas, pero este reconocimiento se quedó en el papel, ya que muchas medidas, como el reconocimiento indígena a través de cuotas de participación parlamentaria, una jurisdicción indígena propia, el autogobierno y la propiedad de los recursos forestales, la autonomía y organización territorial, entre otras, aún no se han cumplido.
En Colombia, a pesar de que la Constitución de 1991 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas como derechos fundamentales, esto no ha significado una transformación real de las precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas, como tampoco la superación de la desigualdad. Por el contrario, persisten el abandono institucional, la extrema pobreza, la disputa por sus territorios y la imposición de megaproyectos en ellos. Adicionalmente, se presentan graves impactos en los territorios y en la población originaria, ocasionados por el conflicto armado interno.
En Nicaragua, los pueblos indígenas del Pacífico, el centro y el norte han resistido los procesos de dominación y de asimilación cultural forzada, impuestos desde la colonización española por el Estado nacional, y que tienen como común denominador su invisibilización, la negación de sus identidades, tradiciones e historia. Los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe –cuya extensión constituye la mitad del territorio nacional nicaragüense – fueron incorporados por medio de la fuerza militar al territorio nacional en 1894 y, aunque aún conservan la mayor parte de sus territorios tradicionales y cuentan desde 1987 con un régimen de protección constitucional, son objeto en la actualidad de una violenta colonización interna.
En México se repite el mismo patrón que hemos visto en Colombia, Nicaragua y Bolivia: el limitado reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo a la autonomía y libre determinación, presentan una continuidad temporal en lo relativo a la discriminación estructural que existe desde la época colonial.
Violencia sociopolítica y económica: una historia mapuche
En la actualidad, América Latina está inmersa en un contexto político y social convulso, que viola los derechos de los pueblos indígenas. En muchos de los países documentados para este informe, se multiplican los actos violentos de despojo de los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, vulnerando así su derecho a la libre determinación y provocando espirales de violencia. Las autoridades priorizan intereses comerciales y mercantilistas sobre la tierra y los recursos naturales por encima de la garantía y el respeto de los derechos, la cosmovisión de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
Para que el despojo de los territorios ancestrales se lleve a cabo, la militarización juega un papel fundamental. Entre 2018 y 2019, en Chile y Argentina se endurecieron las políticas de seguridad nacional. Por un lado, en Argentina se consideró como un problema de soberanía nacional la existencia del pueblo Mapuche, aumentando el hostigamiento y la criminalización contra el ejercicio de los derechos culturales de las personas pertenecientes a este pueblo originario. Además, se han creado comandos especiales para combatir la resistencia Mapuche, incrementándose la violencia estatal, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, las privaciones arbitrarias de la libertad, el espionaje, las desapariciones forzadas, la tortura, el uso desproporcionado de la fuerza y los asesinatos.
Por su parte en Chile el pueblo Mapuche ha debido enfrentar un Estado que ha aplicado de manera discriminatoria la Ley Antiterrorista, criminalizando la protesta social Mapuche y sometiendo a largos periodos de prisión preventiva a varios de sus líderes y lideresas. Son comunes también la falsificación y el ocultamiento de pruebas ante los tribunales para condenar a dirigentes y autoridades tradicionales, y se han realizado muchos operativos policiales violando las normas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza.
La persecución judicial contra las autoridades tradicionales como machi, lonko y werken en ambos países ha afectado no solo individualmente a líderes que ven desvirtuados sus roles ancestrales por la criminalización, con el consiguiente trauma individual que ello supone, sino también de forma colectiva por el impacto en el vínculo con el sentido comunitario frente a la vida , la cual requiere una conexión permanente con el territorio y esta se ve interrumpida cuando las autoridades tradicionales son encarceladas.
Gobierno Boric: todo cambia para que nada cambie
Una de las promesas del presidente Gabriel Boric ha sido acabar con el Estado de Excepción en la Araucanía, Biobío, Cautín y Malleco, y construir un dialogo entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno que pueda, por fin, acabar con un conflicto que perdura desde demasiados años.
Sin embargo, parece que acabar con el Estado de Excepción y construir un dialogo son palabras que en el gabinete de Boric no significan lo que la gente común pensaba.
En efecto, en el marco de su visita a La Araucanía, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve aclaró que el fin de la medida “no implica que el gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile”.
“Como ustedes ya saben, el Presidente de la República Gabriel Boric había comprometido no prorrogar este Estado de Excepción, pero eso no implica que el gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile, y por supuesto de quienes viven en la Región de la Araucanía y en la Región del Biobío”, declaró el subsecretario en el marco de su visita a La Araucanía.
Esta medida había sido impulsada por el ex Gobierno de Sebastián Piñera y se ha prolongado ya por un total de seis meses. Durante este tiempo, los arrestos, las torturas, los asesinados, no han parado.
«Tenemos hermanos encarcelados, condenados y a la espera de juicios, mientras esto no se atienda no podemos sostener diálogo», había denunciado la Comunidad de Temucuicui tras la desorganizada visita de la ministra Siches, que con su intento ha demostrado solamente su total ignorancia en este conflicto.
“Si el gobierno de Boric no tiene la voluntad de acercamiento, de dar soluciones y avanzar en las demandas del pueblo-nación Mapuche, si no cambian su metodología, difícilmente se podrá establecer confianzas de acercamiento”, denunció Jaime Huenchullan, werken de la Comunidad de Temucuicui. “Aquí hemos sufrido cotidianamente violencia de parte del Estado. Siches es parte del Estado. Ella no debió venir a Temucuicui sin advertirnos. Eso se debía preparar, con más tiempo, con más gente, porque nosotros no estábamos al tanto de su venida”.
“Ella representa al Estado”, explicó Jaime Huenchullan, “hay rabia justificada con el Estado por parte del Lof Temucuicui, por todo lo que ha significado el racismo, la violencia, represión y de la manera en que los gobiernos anteriores se han referido a nuestro territorio, sus tratos y calificativos, por lo que hay mucha desconfianza”.
Elena Rusca
