Erradicar a la tortura: ¡que viva la hipocresía!
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El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer denunció durante la presentación de su informe en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que los gobiernos de todas las regiones del mundo aún no implementan de manera rutinaria la prohibición de la tortura y otros malos tratos.
Al hacer balance durante su sexto y último año como Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer deploró que los Estados tuvieran una “autopercepción generalizada y fuertemente distorsionada” con respecto a su propio cumplimiento de la prohibición de la tortura y malos tratos.
Una crítica muy dura la de Nils Melzer en un Consejo de Derechos Humanos muy politizado hasta la abertura de su 49ª sesión, y al cual tal vez le hacía falta un despertador que le llamara la atención sobre la realidad.
“Si bien los gobiernos promueven fácilmente el respeto de los derechos humanos en otros Estados, rara vez, si acaso, muestran una voluntad política genuina para abordar las violaciones o deficiencias dentro de sus propias jurisdicciones”, dijo Nils Melzer.
El relator criticó también la cooperación ineficaz de los Estados con su oficina. “Cuando se enfrentan a denuncias de tortura, los gobiernos casi invariablemente tienden a negar, justificar o trivializar tales abusos, evitar la rendición de cuentas, posponer las reformas y privar a las víctimas de reparación y rehabilitación”, dijo el experto. “Cada vez que insisto, los Estados tienden a adoptar una postura progresivamente defensiva, evasiva, obstructiva o incluso agresiva, o simplemente dan por terminado el diálogo”.
Como lo dijo Nils Melzer, los gobiernos rara vez, si es que lo hacen alguna vez, toman medidas para incorporar en sus leyes o prácticas nacionales las conclusiones y recomendaciones formuladas en los informes temáticos.
Como se indica en el párrafo 85 del informe, parece que «los Estados subestiman mucho la pertinencia, en sus contextos nacionales, de los temas tratados en los ocho informes temáticos más recientes, que fueron objeto de consultas realizadas por el titular del mandato de mayo a noviembre de 2021. De hecho, de los 193 Estados invitados a participar en las consultas, solo de 1 a 6 Estados (es decir, del 1 % al 3 %) consideraron que al menos uno de los siguientes temas abordados por el Relator Especial era relevante en sus contexto: uso de la fuerza fuera de la detención y prohibición de la tortura y los malos tratos; tortura y malos tratos en el contexto de la migración; reafirmación y fortalecimiento de la prohibición de la tortura y los malos tratos; tortura y malos tratos relacionados con la corrupción; violencia doméstica y prohibición de la tortura y los malos tratos; tortura psicológica; eficacia de la cooperación de los Estados con el titular del mandato; responsabilidad por la tortura y los malos tratos”.
Sin embargo, señaló Nils Melzer, dado que estas graves violaciones son muy frecuentes y ocurren en todo el mundo, el hecho de que los Estados no se consideren afectados sugiere, por su parte, una percepción distorsionada de sí mismos. Asimismo, alrededor del 90% de las comunicaciones individuales y el 85% de las solicitudes de visita transmitidas por el mandato no reciben respuesta o reciben una respuesta insatisfactoria de los Estados, agregó el Relator Especial.
En general, es difícil alejarse de la impresión de que la gran mayoría de los Estados permanecen en gran medida indiferentes a los temas discutidos, las conclusiones extraídas y las recomendaciones formuladas en los informes temáticos, así como a las comunicaciones individuales y las solicitudes de visitas a los países transmitidas por el mandato.
A pesar de la aceptación universal de la prohibición absoluta e inderogable de la tortura y los malos tratos, prácticamente ningún gobierno que enfrenta presuntas violaciones ha demostrado un nivel satisfactorio de cooperación con el mandato o ha tomado las medidas requeridas por el derecho internacional de los derechos humanos, insistió.
Por otro lado, lamentó Melzer, mientras que los gobiernos exigen voluntariamente el respeto de los derechos humanos en otros estados, rara vez muestran una voluntad política genuina para abordar las supuestas violaciones o deficiencias en sus propias jurisdicciones.
Por el contrario, los Estados tienden a justificar o banalizar las prácticas abusivas, eluden la rendición de cuentas por violaciones indiscutibles y dejan a las víctimas sin ningún tipo de reparación. Siempre que el mandato insiste, los Estados tienden casi invariablemente a adoptar una postura defensiva o agresiva, o a poner fin al diálogo.
“Debo admitir que mi perspectiva es sombría”, dijo Melzer al presentar su informe final al Consejo de Derechos Humanos. “Mientras los gobiernos no evolucionen más allá de su actual actitud predominante de indiferencia, fariseísmo y negación, la tortura y los malos tratos seguirán siendo generalizados y la impunidad proliferará en todo el mundo, traumatizando a millones de víctimas sin ninguna perspectiva de justicia y dignidad.
¡Que viva la hipocresía!
Contestando a Nils Melzer, varias delegaciones insistieron en que los titulares de mandatos respeten estrictamente sus respectivos mandatos y no repitan información no verificada.
Efectivamente, no gustaron a los Estados las justas observaciones del Relator Especial, lo cual, talvez por primera vez desde el principio de la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, señalo con el dedo los serios problemas de violaciones de derechos humanos. Ejes fundamentales, que no se pueden dejar de lado a favor de cualquier otro juego teatral o de guerra.
Además de que “el cumplimiento del código de conducta [aplicable a los procedimientos especiales] no es una opción, sino una obligación”, como lo supo subrayar bien Nils Melzer.
Algunos oradores, talvez por intereses, tal vez por real creencia, expresaron su apoyo al fortalecimiento y la independencia de los procedimientos especiales, al tiempo que reafirmaron su posición de que los países deberían cooperar plenamente con los titulares de mandatos.
Desafortunadamente, a pesar del llamado a una autocrítica profunda hacia cada Estado, ninguno de ellos supo señalar con el dedo a sí mismo, talvez porque señalar a los demás es mucho más fácil y cómodo.
“A la luz de la agresión militar ilegal de la Federación Rusa contra Ucrania se recuerda que la prohibición absoluta de la tortura también se aplica en tiempos de guerra”, dijo un grupo de países. Otros acusan a Azerbaiyán e Israel de participar en actos de tortura, trato cruel o degradante y presión psicológica, sobre prisioneros de guerra y personas detenidas, respectivamente. Por su parte, una delegación denunció los actos de tortura cometidos por las milicias hutíes contra la población civil.
Una delegación exigió la liberación del señor Assange, un “prisionero político de Estados Unidos”, y exigió “la protección total de su vida e integridad física”. Otro afirmó que la tortura, los malos tratos y la violencia eran “comunes en varios lugares de detención en los Estados Unidos, incluidas las prisiones privadas”, y que “la prisión de Guantánamo es conocida por su tortura sistemática”.
Sin embargo, ningún País supo asumir que la tortura sigue siendo una práctica común. Que durante la guerra, se tortura, que sea en Ucrania, en Rusia, en Afganistán, en Yemen, en Siria. Ningún País supo asumir su responsabilidad frente a eso. Ninguno supo reconocer a sus errores, y, obviamente, Estados Unidos no dijo nada sobre una posible liberación de Assange, ni de un posible cierre de Guantánamo.
Como lo supo decir muy bien Nils Melzer: “a menos que los gobiernos finalmente empiecen a hacer lo que dicen, la erradicación mundial de la tortura y los malos tratos seguirá siendo un juego de niños”. Una utopía irrealizable, pura ciencia ficción.
