Cuál será el Talón de Aquiles del presidente  Gabriel Boric Font y del gobierno de Apruebo Dignidad

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Hoy viernes 11 de marzo de 2022 asumirá el gobierno del Estado de Chile una nueva generación de dirigentes políticos y políticas formada en la última década de la democracia protegida y de la sociedad neoliberal (2011-2021), la mayoría de ellos son menores de 50 años, o sea, a lo más tenían un poco más 10 años para cuando se inició la democracia posautoritaria. El nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Font, de tan solo 35 años, será el mandatario más joven en asumir dicho cargo en los 212 años de la República. Tan solo 13 ministros, de los 24, superan los 50 años y uno de ellos los 70. Donde la más joven es la Ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana, militante de Convergencia Social, con 32 años y el de mayor edad es el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, socialista, con 75 años. De acuerdo con estos datos podríamos sostener que se ha adoptado por una distribución intergeneracional que combina la presencia de jóvenes, adultos y adultos mayores. Esta distribución también se observa entre los subsecretarios como en la designación de los delegados presidenciales.

Considerando esta distribución etaria se podría sostener que sin lugar a dudas marca una diferencia en relación con las designaciones realizadas por los anteriores gobiernos posautoritarios del periodo, 1990-2022. Aunque, lo más relevante del nuevo gobierno es el nombramiento de mujeres en altos cargos de responsabilidad política, buscando sostener en la praxis misma el discurso de la paridad de género. Son mujeres con importantes trayectorias profesionales y políticas, donde destacan la Ministra del Interior, Izkia Siches, la primera mujer en ocupar dicha cartera; la vocera de Gobierno, Camila Vallejos; la Canciller, Antonia Urrejola; la Ministra de Defensa, Maya Fernández; y la Ministra de Salud Maria Begoña Yarza, entre otras.

Estos dos aspectos lo intergeneracional como la paridad de género, con cierta superioridad de las mujeres, se ve oscurecida por la nula presencia de hombres o mujeres de los pueblos originarios o de los sectores populares y trabajadores.

Esta ausencia se explica, fundamentalmente, porque la Alianza Apruebo Dignidad, en función de ganar la presidencia, en la 2°V de diciembre de 2021, impulsó una estrategia política electoral dirigida a buscar y conseguir el apoyo político de la centro-izquierda, es decir, de los partidos que durante 20 años conformaron e integraron la Concertación de Partidos por la Democracia (Concertación, en adelante), es decir, conseguir que los electorados de la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD), partido Radical (PR), el Partido Socialista de Chile (PSCh), el Partido Liberal y Ciudadanos, o sea, la coalición Nuevo Pacto Social, que había apoyado a la candidatura de la demócrata cristiana, Yasna Provoste. Y, también, se volcó a conseguir los votos del abanderado del PRO, Partido Progresista y fundador del Grupo de Puebla, Marcos Enríquez-Ominami. En otras palabras, el Frente Amplio, Gabriel Boric y el PC y sus aliados, optaron por buscar el apoyo de las y los electores que habían sostenido la “democracia protegida” y el padrón de acumulación capitalista neoliberal,

Durante 24 años (1990-2010 y 2014-2018) la sociedad chilena fue administrada y gobernada por la centro-izquierda que de ninguna manera modificó ni alteró al padrón de acumulación capitalista en su forma neoliberal; todo lo contrario, impulsó su expansión, profundización y estabilización. Asumiendo para ello lo que Manuel Antonio Garretón ha nombrado como un “neoliberalismo corregido y un progresismo limitado”.

Las políticas públicas de la centro-izquierda en términos económicos y sociales fue favorecer el desenvolvimiento del gran capital mercantil-financiero y agro-minero y en apoyar a la mediana y pequeña burguesía empresarial y profesional asalariada, o sea, a las nuevas capas medias aspiracionistas. Dejando de lado las políticas sociales universales de apoyo y protección del desarrollo de los sectores populares y de trabajadores. Optaron por aplicar políticas públicas de corte neoliberal focalizadas en atender solo y exclusivamente a los grupos sociales más vulnerables. Por cierto, lograron, en un ciclo largo de crecimiento económico sostenido por los “commodities”, bajar los niveles porcentuales de la pobreza y de la extrema pobreza. Pero, al mismo, incrementaron de manera vergonzante las “brechas de la desigualdades” sociales, económicas y culturales en la sociedad nacional.

La desigualdad en Chile es una de las mayores de la región latinoamericana y el país más desigual de la OCDE. La creciente desigualdad social con el tiempo dio origen a una gran ruptura política, entre importantes sectores de la sociedad civil y el régimen político.  Esta ruptura terminó configurando dos ciudadanías neoliberales: por un lado, una ciudadanía participe e integrada a la sociedad neoliberal y otra, las y los condenados por el neoliberalismo, es decir, excluida o débilmente integrada a la sociedad neoliberal.

La ruptura y la desigualdad política se expresó a nivel de la participación electoral en dos sectores de ciudadanías políticas, por un lado, las y los ciudadanos electores y, por otro, las y los no electores. El primero está construido, por las y los ciudadanos políticos “tradicionales”, los cuales durante los últimos 30 años han apoyado electoralmente a los partidos del orden neoliberal, ya sea, de la derecha (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evopoli) o de la Centro-Izquierda. Un poco más de 7 millones electores, que representaban entre el 40 y 49%, del padrón electoral, han participado activamente en la democracia protegida, han elegido a las autoridades del poder nacional, regional como local. El clivaje del orden político nacional desde 1990 ha sido entre dos formas de neoliberalismo. El neoliberalismo autoritario y ortodoxo propiciado por la derecha y, el neoliberalismo “democrático” de la centro-izquierda. La primera confrontación entre ambas formas se verificó en la tercera elección presidencial del año 1999-2000 definida por ballotage entre el concertacionista Ricardo Lagos y el derechista Joaquín Lavín. Desde esa elección hasta la última de 2021, las disputadas electorales, especialmente, en las 2°V, han sido entre esas dos formas neoliberales.

La ciudadanía no electoral se fue conformando a lo largo del tiempo de manera creciente desde 1997 en adelante, incrementándose luego de la aprobación del voto voluntario en 2012, llegando a niveles abstención superior al 60%. El sistema político posautoritario se fue vaciando de ciudadanos políticos que renunciaron a su derecho a participar en los procesos electorales. Pero, algunos sectores no abandonaron la política. Aunque entre las y los ciudadanos no electores es posible identificar un significativo porcentaje de ciudadanos/as que aborrecen y detestan la política. Con todo la política nacional desde 1997 fue definida por la participación electoral o no de las y los no electores, especialmente, de aquellos que hemos nombrado en otro lugar, como subpolíticos, o sea, ciudadanos/as que deciden hacer otra política en los márgenes del sistema político, al cual rechazan y resisten activamente el orden neoliberal. Ellos fueron los actores principales de la Revuelta popular y ciudadana de octubre de 2019 y los que decidieron la 2°V presidencial de diciembre de 2021 en favor de Gabriel Boric Font. Sin embargo, ellos no entraran al gobierno de Apruebo Dignidad y del Presidente Boric.

La conformación del nuevo gobierno se hizo con la activa participación de la centro-izquierda, sin la Democracia Cristiana, quien entregó el apoyo electoral, pero, desde el primer momento se planteó en una posición crítica opositora.

Por consiguiente, el gobierno de Boric, reconstruye a la centro-izquierda, la reconfigura partidistamente, se trata, de un gobierno de coalición entre la nueva izquierda socialdemócrata y feminista del Frente Amplio, la vieja izquierda concertacionista (especialmente, del PSCh), y la izquierda de Chile Digno (Partido Comunista de Chile, Frente Regionalista Verde Social, entre otros).

Más allá de la conformación intergeneracional y la paridad de género la decisión estratégica del FA y de Gabriel Boric de apoyarse en el ala izquierdista de la exConcertación hay una opción política por la continuidad de las formas capitalistas neoliberales dominantes en los últimos 30 años, que se expresa en la presencia del economista y expresidente del Banco Central Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda.

La opción por las formas capitalistas, aunque sean neoliberales corregidas, implica instalar una barrera política entre lo demandado por la Rebelión de Octubre, de poner fin al neoliberalismo en Chile. Incluso la declaración de que el gobierno tendrá un perspectiva de feminista, no implica que lo anticapitalista sea lo central del nuevo gobierno.

El Talón de Aquiles

En fin, teniendo presente estos antecedentes y otros que expondremos e identificaremos en este artículo cual es el Talón de Aquiles del próximo gobierno de Gabriel Boric y de la nueva centro-izquierda.

El triunfo de Gabriel Boric en la 2° Vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, el pasado 19 de diciembre de 2021, deberá ser considerado como un hito histórico-político tanto en el proceso político chileno de larga duración como del reciente.

El primero se refiere, al periodo que va desde 1990 a 2021, pues, se trata de la última elección presidencial de la “democracia protegida” regida por la Constitución Política de 1980 legada por la dictadura cívico-militar del General Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990).

Y, el segundo, dice relación con la coyuntura critica abierta por la Rebelión popular y ciudadana de octubre de 2019, dado que esa elección presidencial, es la cuarta elección que se realiza al interior de esa coyuntura, por lo tanto, se encuentra fuertemente influenciada por los acontecimientos suscitados en ella.

Sin embargo, el triunfo electoral del abanderado de la alianza Apruebo-Dignidad, no debe considerarse como el resultado político de la Rebelión de Octubre, sino más bien, es la consecuencia de la política reaccionaria construida, por la “clase política” tanto gubernamental como opositora, con el objeto de frenar la Rebelión social. En esa dirección, el triunfo de Gabriel Boric, se liga directamente con el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Este Acuerdo político concordado entre los actores políticos, partidos, gubernamentales y opositores, incluido el propio Gabriel Boric, se construyó como un dique de contención y, para impedir el “derrocamiento ciudadano” del gobierno de Sebastián Piñera, o sea, para evitar el derrumbe político, social, económico de la sociedad neoliberal.

El Acuerdo es la tabla de salvación del orden político, social y económico neoliberal establecido hace 45 años de manera violenta por parte del Capital tanto nacional como internacional a través de las Fuerzas Armadas nacionales.

Por ello, considero que el triunfo electoral de Gabriel Boric es, sin lugar a dudas, un hito histórico-político contradictorio, ambiguo y complejo, tiene la cualidad de soportar diversas lecturas e interpretaciones posibles, aquí vamos a ofrecer una. Esta se alejará de las interpretaciones triunfalistas que parten del supuesto que estamos ante un gobierno de izquierdas o progresistas, especialmente, de aquellas que ven el triunfo de Boric y el FA como consecuencia directa de la Rebelión de Octubre de 2019. Nuestra postura asumirá una perspectiva política crítica que buscará exponer las debilidades del gobierno que asumirá el próximo viernes 11 de marzo.

Nuestro planteo es que la elección misma como el triunfo electoral, las fuerzas políticas que lo acompañan tanto en la 1°Vuelta como en la 2°V y, sobre todo, las y los electores, expresan tanto lo “viejo” como lo “nuevo” de la política chilena, especialmente, aquella que se fue entretejiendo a lo largo del ciclo de protestas sociales y políticas que se registraron en la sociedad neoliberal chilena desde mediados de la primera década del siglo XXI hasta el año 2019.

En efecto, durante ese ciclo de protestas se quebró la “pax neoliberal”, impuesta por los gobiernos de la Concertación, una alianza de partidos centro-izquierda, la cual, durante 20 años (1990-2010), ampliaron, profundizaron y consolidaron el padrón de acumulación neoliberal en Chile.

El quiebre de la “pax neoliberal” en el año 2006 como consecuencia directa de la denominada “revolución pingüina” de las y los estudiantes secundarios acontecida durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). La “revolución pingüina” fue un gran levantamiento de las y los estudiantes secundarios en contra de la educación de mercado. Esta remeció de manera inusitada al régimen dominante provocándoles las primeras grietas a la hegemonía neoliberal. Aunque, esta “revolución” fue vencida por un acuerdo político entre los partidos políticos del orden neoliberal que acordaron modificar la Ley Orgánica Constitucional Educacional (LOCE) dictada por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, tres días antes de entregar el gobierno el 11 de marzo de 1990. Y, reemplazada por la Ley General de Educación (LGE), que no altero ni modifico sustantivamente la sólida estructura mercantil de la educación.

Esta demanda fue asumida cinco años más tarde por la gran sublevación estudiantil universitaria del año 2011 que puso en jaque al primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). De esta sublevación emergerá una nueva generación de dirigentes políticos. Los cuales con un discurso profundamente crítico y descalificador de lo realizado por la Concertación inauguraran una nueva fase de la “democracia protegida”: la fase de impugnación de la hegemonía neoliberal. En efecto, como resultado de estas y otras movilizaciones sociales y políticas del ciclo de protestas (2006-2019) abierto por el movimiento estudiantil, la dominación y hegemonía neoliberal comenzó a experimentar sus primeras grietas.

Las grietas antineoliberales abiertas por las ciudadanías en movimiento comenzaron a afectar el funcionamiento de los distintos mercados que conforman la sociedad neoliberal: el educacional, el sanitario, el previsional, el farmacéutico, el medio ambiental, el pesquero, el minero, crediticio, portuario, etcétera. Al mismo tiempo, esos mercados experimentaron una serie de problemas como resultado de su desenvolvimiento y contradicciones internas propias del proceso de acumulación neoliberal que los rige, en otras palabras, esos mercados exteriorizaron un conjunto de “fallas de mercado”.

Las “fallas de mercado” que afectaban directamente la vida material de las y los trabajadores como de las y los estudiantiles, de las y los jóvenes, de las mujeres, de las y los adultos mayores, intentaron ser solucionadas con políticas públicas impulsadas tanto por los gobiernos de la centro-izquierda de Michelle Bachelet (2006-2010) y (2014-2018) como de la derecha neoliberal de los gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014) y (2018-2022).

Estas políticas gubernamentales tenían como objetivo central corregir de manera focalizada el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, estas fueron soluciones mercantiles. Las cuales profundizaban en vez de erradicar la devastación de la vida de los y las condenados por el neoliberalismo como de los sectores sociales (capas medias) precariamente integrados a la sociedad neoliberal. Si bien, el ciclo de protestas había provocado numerosas grietas en el capitalismo neoliberal, las políticas públicas de los gobiernos neoliberales, las reparaban. Las reparaciones de mercado incrementaron, por un lado, la desigualdad social, económica y política y, por otro, el descontento, el malestar y la rabia en contra del régimen neoliberal, se masificaba al interior de la sociedad.

El fracaso de los gobiernos neoliberales de la centro-izquierda como de la derecha en resolver las “fallas” como “los abusos” de los actores de mercados acrecentaron la gran grieta y la ruptura que separaban a la ciudadanía del régimen político. El régimen democrático protegido, entró en crisis. Y, más temprano que tarde el “grito” de la rabia ciudadana trono con fuerza al interior de la sociedad, estremeciendo y agrietando la estructura de dominación hegemónica neoliberal. El estruendo fue de tal magnitud que la institucionalidad política estuvo a punto de derrumbarse entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre de 2019. Pero, igual que en el año 2006, el acuerdo político entre los partidos del orden neoliberal, salvaron la educación de mercado, el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución salvaron al gobierno, al régimen político y al capitalismo neoliberal, de la acción de las y los ciudadanos rebeldes antineoliberales.

Como he señalado más arriba la desigualdad social y ruptura política al interior del sistema político se había manifestado tempranamente en las elecciones parlamentarias de 1997 (aunque, sus antecedentes germinales se encuentran en el plebiscito de 1988) y se fue incrementando sistemáticamente hasta año 2018. Mayoritariamente, la ciudadanía no confiaba ni aceptaba la legalidad ni la supuesta legitimidad de los partidos políticos del orden político neoliberal. El rechazo ciudadano era total. Hacia 2018, la conformación de dos grupos de ciudadanos era claramente perceptible al interior del sistema político y de la sociedad neoliberal chilena: estaban, por un lado, las y los ciudadanos electores y, por otro, las y los ciudadanos no electores.

El grupo mayoritario era y es el de las y los ciudadanos no electores. Este sector se caracteriza por renunciar a la participación política electoral, pero no a la política. Socialmente se trata de un conglomerado ciudadano abigarrado, heterogéneo, multifacético, diverso, plural y transversal. Internamente, los sectores populares y distintos sectores de las capas medias aspiracionistas son mayoritarios, en una proporción algo menor lo componen los sectores socioeconómicos altos, de la mediana y alta burguesía. Sin embargo, desde 1997, son estos las y los ciudadanos que sin votar en los procesos electores han incidido poderosamente en los vaivenes de la política nacional.

Cabe señalar que al interior de este heterogéneo grupo de ciudadanos no electores encontramos tres grupos, a saber: (a) las y los electores intermitentes, o sea, aquellos que votan en un torneo electoral y se abstienen en otros. Entran y salen de la estadística electoral, aproximadamente son entre un 15 o 20%. Fueron, las y los ciudadanos electores que se “liberaron” de la obligación de votar con la instalación del voto voluntario en 2012. (b) las y los ciudadanos apolíticos. Este es un amplio grupo que cruza social y transversalmente a las y los ciudadanos no electores. Rechazan la política y a sus actores. Son abstencionistas duros, o sea, estructurales. Son defensores del orden y de la institucionalidad autoritaria. No les agrada ni los convence la democracia. Tampoco se comprometen con alguna organización política ni lideres. Algunos integrantes de este grupo se manifestaron durante la Revuelta de octubre arropados con “chalecos amarillos” armados para defender sus patrimonios y propiedades de la misma forma como lo habían hecho durante el terremoto de febrero de 2010. Son una incógnita política para el próximo plebiscito de salida del proceso constitucional cuando el voto sea obligatorio. Son entre un 30 a 40%, que no es una cifra menor. Finalmente, están las y los ciudadanos no electores que he nombrado en otro lugar, como “las y los ciudadanos subpolíticos”. Este grupo es políticamente activo y fueron los actores sociales y políticos protagónicos tanto de la revuelta popular y ciudadana de octubre 2019 y, sobre todo, del triunfo del Apruebo, en el plebiscito de entrada de octubre del 2020 que posibilita la instalación de la Convención Constitucional y, por cierto, del triunfo de Gabriel Boric, en la elección presidencial de diciembre del 2021.

El “partido de las y los no electores” como los he nombrado han incidido directamente en los resultados electorales, en algunas ocasiones favoreciendo a la derecha y en otras, a la centro-izquierda. Pero, nunca a la izquierda anticapitalista.

El vaciamiento de electores del régimen democrático protegido contribuyó a erosionar su legitimación y provocar una prolongada crisis política de representación y de credibilidad de sus principales actores políticos: los partidos. Sin embargo, la “ficción democrática” que rige al régimen democrático protegido evito durante dos década y pico (1997-2019) el derrumbe del régimen como del sistema partidos.

La “ficción democrática” consiste en ignorar la proporción de ciudadanos/nas que no participan en los procesos electorales y atribuir considerando solo los votos válidamente emitidos -excluidos los blancos y los nulos-, los apoyos electorales y ciudadanos tanto a los partidos como a las y los candidatos que resultan electos. De esa forma, aunque tan solo participaran el 40% o 50% de las y los ciudadanos inscritos en los registros electorales y se abstuvieran el 60% o 70%, los comicios son considerados legítimos, legales y, sobre todo, democráticos. Todo lo cuál es una ficción o en otras palabras una “mentira”

El establecimiento del voto voluntario en el año 2012 concedió carta de legitimidad a la no participación electoral, al tiempo que protegía al régimen político, invisibilizando su crisis de participación y de representación. Cabe señalar que desde 2012 todas las autoridades que ocuparon cargos públicos de elección popular lo hicieron con magras votaciones, pues la participación electoral, con dificultad llegaba al 50% del padrón electoral. Para ejemplificar este punto, voy a exponer lo ocurrido con las elecciones presidenciales, en el Cuadro N°1 se puede observar la caída de la participación en las elecciones presidenciales de los años 2014 y 2018 al 41, 12% y 48,48%, respectivamente y, por consiguiente, el aumento de la no participación electoral (abstención). Si bien, en las elecciones de 2018 y 2021 hay una recuperación significativa esta nunca alcanza el porcentaje registrado en 2006.

Lo que queda en evidencia también en estos datos es que las elecciones presidenciales no producían mandatarios con mayorías sociales y electorales amplias. Pues, ninguno de ellos, incluido el actual presidente electo, Gabriel Boric Font, lograban alcanzar, por ejemplo, una adhesión ciudadana, considerando todo el padrón electoral, superior al 35%. En los últimos 22 años los presidentes y los gobiernos han sido débilmente representativos de la ciudadanía nacional.

Cuadro N°1

(Elaboración propia con datos del Servicio Electoral de Chile, SERVEL)

La des-ciudanización de la democracia neoliberal constituye uno de los problemas que el nuevo ciclo político, iniciado en octubre de 2019, debiera ser solucionado ya sea por el gobierno de Boric como por la nueva Constitución Política que actualmente elabora la Convención Constitucional.

El ciclo de protestas abierto en el 2006 tuvo el efecto de frenar de manera parcial la des-ciudanización (vaciamiento) del régimen político. Las sublevaciones estudiantiles y las ciudadanas del movimiento No +AFP, el movimiento feminista de 2018, etcétera; generaron un proceso de politización entre las nuevas generaciones, especialmente, de aquellas que habían nacido y formado en la posdictadura (1990-2019).

La politización de la ciudadanía neoliberal tomo dos senderos no necesariamente opuestos, pero si distintos en sus objetivos y finalidades políticas. Por un lado, las dirigencias del movimiento estudiantil tanto secundarias como universitarias, especialmente, estas últimas: optaron por la ruta de la institucionalización formal en el régimen político protegido. Para esos efectos, se organizaron en nuevos partidos y corrientes políticas que se aglutinaron en el Frente Amplio. Lo integraron en otros, Revolución Democrática, organización política fundada por Giorgio Jackson; la Izquierda Autónoma, organizada y liderada por Gabriel Boric.

Ambos habían liderado el movimiento estudiantil desde 2011 al 2013, junto con la dirigente de las Juventudes Comunistas de Chile y presidenta la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2011, Camila Vallejos, ingresaron al parlamento como diputados en 2014 y reelectos en 2018. Una década más tarde los tres ingresarán a La Moneda, uno como presidente, Boric; y los otros dos como ministros, G. Jackson y C. Vallejos, Secretario General de la Presidencia y Secretaria General de Gobierno (vocera), respectivamente. Con la llegada al Gobierno del Frente Amplio y de sus principales dirigentes, la estrategia política electoral por ellos construida y desarrollada, en el año 2017, culmina con éxito, el 19 de diciembre de 2021. En menos de década una nueva generación de actores y sujetos políticos se dispone a gobernar la principal sociedad neoliberal en crisis y en transformación.

La otra ruta de politización de la ciudadanía neoliberal se realizó fuera y en resistencia activa a la política institucional. Esta ruta fue seguida por todos las y los ciudadanos que habían renunciado a la “participación política electoral”, pero no a la política. Estos ciudadanos, especialmente, jóvenes pobladores, trabajadores, estudiantiles (secundarios), mujeres, etcétera; del mundo popular. Se organizan y asocian en sus espacios territoriales autónomos de carácter horizontales, lejos y en resistencia a los partidos políticos del orden neoliberal. Asumiendo posturas anarquistas, anticapitalistas, ecosocialistas, proabortistas, feministas, revolucionarias, se autoeducan y se vinculan con las luchas emancipadoras de los pueblos originarios, especialmente, con el movimiento mapuche y otros de Amétrica Latina. Sus objetivos políticos son amplios y diversos. Su norte es poner fin al capitalismo neoliberal. Son las y los ciudadanos que hacen política, otra política, que no pasa por los procesos electorales, desde abajo y desde la izquierda. Son las y los rebeldes de la sociedad neoliberal. Ellos protagonizaron e hicieron posible la revuelta del 18 de Octubre de 2019.

Estos ciudadanos -que he nombrado en otro lugar como “subpolíticos”- fueron los que provocaron la gran grieta a la dominación neoliberal y abrieron las “grandes alamedas” para que se comenzara a poner fin a las herencias institucionales legadas por la dictadura cívico-militar y mantenidas por los gobiernos de la CPD, de la Nueva Mayoría como de la Derecha Con su masiva y violenta insurrección obligaron al poder gubernamental a sacrificar la Constitución Política de 1980 (CP80) en aras supuestamente de la Paz interna.

En busca de esa Paz estuvo el entonces diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, quién firmó a título personal el Acuerdo con concordado por los partidos políticos del orden neoliberal con excepción del Partido Comunista de Chile, Convergencia Social, el partido del presidente electo, y otros partidos de la izquierda revolucionaria. Y, este Acuerdo fue firmado sin considerar la opinión de las y los ciudadanos en rebeldía, se hizo a sus espaldas y implico imponer una solución política e institucional que no respondía a las demandas planteadas por la insurrección social octubre 2019: la renuncia de Piñera, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el fin del neoliberalismo en el país.

La imposición de la salida política institucional establecida en el Acuerdo que consistía, fundamentalmente, en reemplazar la CP80 a través de una Convención Constitucional electa ciudadanamente. La defensa que de él realizaron tanto Revolución Democrática como Gabriel Boric y otros sectores del Frente Amplio tenía como objetivo recuperar la estrategia política-electoral trazada en 2017, que consistía ganar a través de los mecanismos institucionales del régimen democrático protegido la presidencia de la Republica.

La violenta irrupción de las y los ciudadanos populares rebeldes en octubre de 2019, su masividad y potencia política que arremetía y agrietaba las estructuras de dominación neoliberal que amenazaba por derrocar al gobierno de Piñera y derrumbar tanto al régimen político como al sistema de partidos vigente, comprometía seriamente la estrategia electoral del Frente Amplio y de Gabriel Boric.

Había que salvar la “democracia protegida” aunque ello significara aliarse con los partidos que habían gobernados los últimos 30 años. En función de ello el Frente Amplio asumió una posición crítica y de rechazo a las acciones de las y los ciudadanos rebeldes, especialmente, de la denominada, Primera Línea. Sin ningún problema político y ético criminalizaron la protesta y apoyaron leyes represivas patrocinadas por el gobierno de Piñera. Hasta el día de hoy decenas de jóvenes encarcelados producto de la leyes represivas aprobadas con los votos de las y los parlamentarios de FA. De allí que la principal demanda social al momento de iniciarse el gobierno de Apruebo-Dignidad es “libertad a todos las y los presos de la revuelta”.

El objetivo político del FA, en función de su estrategia electoral de conquistar el gobierno, era desbaratar la rebelión social y sacar de la escena pública a las y los ciudadanos rebeldes, y que estos regresaran a la marginalidad política.  Para el FA era urgente que la “política” volviera a los cauces institucionales por los cuales había transitado en los últimos 30 años. El quiebre de ella por parte de la rebelión ponía en peligro dicha estrategia, el conflicto social o la lucha de clases abierta en Octubre de 2019, debía institucionalizarse, o sea, encerrarse en la “jaula de hierro” de la Constitución Política de 1980. Así como la Alianza Democrática, el Bloque Socialista y algunos sectores del Movimiento Democrático Popular, entre 1986-1988, optaron por “refugiarse en la institucionalidad autoritaria” como una forma de solventar y sostener su estrategia de “derrota política” a Pinochet, sin provocar el derrumbe de la dictadura. El FA, se refugio en la espuria institucionalidad política producida por el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019.

Ahora bien, por eso, el calendario electoral establecido en la Ley 21.200 de diciembre de 2019, a objeto de cumplir con el Acuerdo, abrió la estructura políticas de oportunidades para que la estrategia electoral del FA y de Boric, continuara su marcha. Aunque, antes consolidarla, era necesario resolver favorablemente algunos obstáculos que el escenario político de la coyuntura critica de la rebeldía había establecido. Entre los cuales estaba modificar su política de alianza del FA, definir su postura ante el plebiscito de entrada, programado para octubre de 2020, levantar un candidato a la presidencia y participar en las elecciones “primarias” para establecer el candidato de la “izquierda”.

La definición de izquierda del FA es bastante discutible y solo comprensible en relación a su posición en el escenario político del bipartidismo “mentiroso” dominante en la democracia protegida. El cual estaba conformado por dos grandes alianzas partidistas que habían monopolizado la representación política en los últimas tres décadas: Chile Vamos (la derecha: Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, y Evopoli) y la centro-izquierda (CDP).  Y desde 2017, una “nueva izquierda”, que la constituyen el FA y el Partido Comunista de Chile, que actualmente se agrupan en la alianza Apruebo Dignidad.

Decimos que la definición de izquierda del FA, especialmente, de sus partidos hegemónicos, Revolución Democrática y Convergencia Social, es muy discutible, pues estos partidos no tienen una posición anticapitalista ni antineoliberal de carácter radical ni tampoco abogan por una sociedad socialista, sino más bien, se trata de un conglomerado de partidos y movimientos progresistas, socialdemócratas y liberales sociales. Por su extracción social, el FA, se definiría como un conjunto de partidos y movimientos políticos vinculados a las capas medias neoliberales, profesionales universitarios, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, etcétera.  El FA carece de una base social popular, en otras, “la plebe” no milita ni adhiere al FA. Su matriz de origen pequeña y mediana burguesa lo aísla de los sectores trabajadores y populares.

Por esa razón, para que la estrategia electoral tuviera éxito debía aliarse con algún partido que le proporcionara esa base social o que le abriera los espacios territoriales populares.

Esto último explica que la alianza con el Partido Comunista de Chile y otros sectores de la izquierda social que se habían aglutinado en la Comando Chile Digno para el apoyar la opción Apruebo en el Plebiscito de entrada en octubre de 2020. El amplio triunfo del Apruebo con el 78% de las preferencias ciudadanas en dicho plebiscito dejo en evidencia que tanto el FA como Chile Digno se requerían mutuamente si querían derrotar no solo a la derecha del Chile Vamos como la ultra derecha del Partido Republicano de José Antonio Kast sino también a la exCPD. El FA al aliarse con Chile Digno abría una puerta hacía los sectores populares y el Chile Digno, al aliarse con Chile Digno, abría la puerta hacía la conquista del voto de las capas medias, poseedoras de un profundo e histórico anticomunismo.

Apruebo Dignidad es una alianza por conveniencia que buscaba resolver un delicado punto: elegir quien sería el candidato presidencial de la Alianza, el candidato del Partido Comunista Daniel Jadue o el candidato del FA, Gabriel Boric. Este dilema se resolvió en las Primarias, realizadas en julio de 2021, la cuales ganó ampliamente el candidato del FA, Gabriel Boric, con un 60, 43% adhesión ciudadana en contra de un 39,57% del candidato del PC, Daniel Jadue.

La victoria de Boric, si bien fue sorpresiva para los medios de comunicación como para algunos analistas políticos, pues, la mayoría de las encuestas de opinión daban como ganador a Daniel Jadue. Para otros analistas el triunfo de Boric no fue una sorpresa, puesto que el candidato del FA ya había derrotado a un candidato PC: en 2011, en las elecciones para la presidencia de Federación de Estudiantes de Chile, de la U de Chile, derrotó a la lideresa del movimiento estudiantil y reconocida internacionalmente, Camila Vallejos.

La reñida competencia al interior de la alianza Apruebo Dignidad dejó heridas que, si bien, costaron cicatrizar, no la quebraron. Con todo, las primarias, dejaron en claro que ninguno de los dos candidatos provocaba interés entre los sectores populares y, especialmente, entre las y los ciudadanos rebeldes de octubre 2019, fundamentalmente, porque ninguno de ellos los representaba. Todo lo contrario. Tanto el PC (Jadue) como el FA (Boric) no contaban con la adhesión ni con las simpatías de las ciudadanías populares rebeldes. Tengamos presente que Boric había sido “funado” (repudiado) por las y los rebeldes de plaza Dignidad por su apoyo al Acuerdo y la criminalización de la protesta social. Y, el PC, es ampliamente rechazado por los sectores populares, por asumir posiciones reformistas y pro institucionales y controlar y frenar la movilización social cuando asume cargos políticos en la institucionalidad.

Las primarias dejaron muy bien posesionado a Boric, para ganar la primera vuelta presidencial de diciembre 2021, pero no para ganar la presidencial. Se requerían más votos. Así quedó demostrado en la 1°V presidencial donde el candidato de Apruebo Dignidad llegó segundo. Obteniendo, tan sólo 63.888 votos más de los obtenidos como Alianza, (1.750.889) en las Primarias. El rendimiento electoral de Boric no fue significativamente mejor del obtenido por la candidata del FA en las elecciones presidenciales de 2017. Beatriz Sánchez, una out sider, periodista, sin trayectoria política había obtenido en la 1°V de esa elección, 1.338.037 votos, en esta oportunidad el FA no contaba con aliados políticos. Boric en la primera vuelta había obtenido 1.814.889 en alianza con el PC y sus aliados de Chile Digno.

El rendimiento electoral del FA incluso en alianza con Chile Digno durante la coyuntura critica fue bastante magro comparado con los resultados de la golpeada derecha. Así lo prueban los resultados obtenidos en las elecciones de convencionalistas: obtuvieron 1.071.654 votos, o sea, el 18,76%; en concejales, 1.323.311, con el 20,41% y en diputados, 1.326.920 con el 20,97%. Mientras que su adversario del Chile Vamos y la ultra derecha unidos lograron mejores resultados electorales tanto en convencionales 1.175.166, con el 20,57%; como en concejales 2.014.670 con un 31.17% y en diputados, 2.317.647 con el 32,77%.

Considerando los resultados logrados por la derecha en Convencionales y Concejales la votación obtenida por José Antonio Kast, el representante de la ultra derecha autoritaria, pinochetista y neoliberal, no fue una total sorpresa. Lo fue en la medida que derrotó no solo a G. Boric, y los candidatos de la centro-izquierda, Y. Provoste y M. Enríquez-Ominami, sino, también. al candidato del oficialismo y de Chile Vamos, Sebastián Sichel. Incluso este fue desplazado al cuarto lugar por el candidato de la “anti-política” pro-neoliberal, o sea, un populista de derecha, Franco Parisi. (véase Cuadro N°2)

Cuadro N°2

Resultados de la Elección Presidencial de 2021

(Elaboración propia con datos del Servicio Electoral de Chile, SERVEL)

La llegada en primer lugar de la ultra derecha prendió todas las alarmas al interior del sistema político nacional y la posibilidad de la restauración del autoritarismo neoliberal de raíz pinochetista se hizo más que evidente.

La sociedad chilena podía entrar en un proceso de involución política, en vez, de transitar hacia nuevas formas democráticas como las planteadas en la rebelión de Octubre del 2019 o como las que se disponían a discutir la Convención Constitucional, podía regresar no al escenario político preoctubre del 2019, sino, a octubre de 1988. En cierta manera, el dilema de la 2°V fue entre democracia y barbarie.

Por consiguiente, la última elección presidencial de la democracia protegida instituida en la CP80 retrotrajo la historia en 30 años. La responsabilidad política de que ello ocurriera no la tuvo el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast, con su discurso propinochetista, homofóbico, xenófobo, patriarcal, ultra religioso, etcétera, sino más bien de los partidos políticos vinculados a los sectores “democráticos” de la centro-izquierda, especialmente, de la exConcertación y, también, del FA.

Estos partidos se negaron y se opusieron a que la “última elección” fuera un torneo que se librara con nuevas reglas electorales semejantes a las que, el movimiento rebelde de octubre 2019 impusiera para la elección de Convencionales. Los partidos del orden neoliberal habían sido los grandes derrotados en esa elección. Esa derrota fue posible gracias a la incorporación de tres nuevas reglas: la paridad (igual representación de hombres y mujeres), el establecimiento de escaños reservados para los pueblos originarios, y la posibilidad de los independientes pudieran conformar listas electorales con un muy bajo umbral de ingreso a la competencia. El masivo y contundente triunfo de los independientes, o sea, de candidatos/as sin vinculación partidaria como, por ejemplo, La Lista del Pueblo, los Independientes No Neutrales, Independientes por una Nueva Constitución, entre otros, golpearon directamente la representación de todos los partidos políticos tradicionales. Estos entraron en pánico. Y, su respuesta fue no aprobar la demanda popular y ciudadana de incorporar esas reglas y otras que democratizaban la democracia protegida. Por tanto, la “última elección” presidencial y parlamentaria se efectuó con las misma reglas y normas que habían regido en los últimos 30 años.

Esta negativa implicaba cerrar las puertas de la carrera presidencial como parlamentaria a los sectores políticos independientes que habían triunfado en la elección de Convencionales. Especialmente, esta decisión iba dirigida en contra de los sectores rebeldes que de manera masiva habían decidido votar en el Plebiscito de entrada de octubre 2020 como en la elección de Convencionales.

En efecto, la masiva incorporación de las y los no electores, de los ciudadanos subpolíticos, se calcula que más de un millón doscientos mil de nuevos electores concurrieron a sufragar, por primera vez, en el plebiscito de entrada. Elevando la participación electoral a 50,98%. Este grupo de nuevos electores se mantuvo en la elección de convencionales, aunque la participación electoral, se redujo a los porcentajes tradicionales, cayendo al 41,54%.

El talón de Aquiles de este será: la vigilancia activa y combativa de los sectores populares, de las y los subpolíticos, que “no dejaremos pasar ni una, al amarillo presidente electo” (palabras de un poblador de una comuna del gran Santiago).

No obstante, esa caída, lo cierto era que se había producido un recambio de votantes, dado el contexto sanitario producido por la epidemia de Covid-19 que afectaba a la sociedad chilena, se registró una salida de votantes de adultos y adultos mayores, temerosos al contagio, no fueron a votar en dichos torneos electorales.

Esa salida fue compensada con el ingreso de las y los jóvenes no electores. Tanto el mayoritario triunfo del Apruebo como de los independientes es producto del voto de los “no electores”, o sea, de los rebeldes de octubre, especialmente, de los sectores populares.

Ahora bien, estos sectores no tuvieron la capacidad, por distintos factores políticos, sociales y culturales provenientes desde el interior de ese heterogéneo conglomerado como también de errores políticos colosales cometidos por ejemplo por La Lista del Pueblo, de levantar una candidatura presidencial y parlamentaria propia que representara social y políticamente, a los rebeldes de octubre.

Por esa razón, en la “última elección” presidencial van a competir partidos y candidatos del orden neoliberal, donde ninguno ellos representaban los interés ni las demandas de las y los rebeldes de octubre. Mayoritariamente, estos sectores, no concurrirán a sufragar en las parlamentarias y presidenciales de noviembre de 2021, registrándose, en ambas un 52,73% de abstencionismo.

En esas elecciones volvieron a votar transversalmente los sectores adultos y adultos mayores que no lo habían realizado en los otros torneos electorales efectuados durante la coyuntura critica abierta en octubre y, sobre todo, por el Covid-19. Estos sectores votan de manera muy conservadora. Ello explica, que tanto, la ultra derecha, la derecha como la centro izquierda neoliberal, obtuvieran, el 64,32% de los sufragios en la 1°V de la elección presidencial, o sea, más de 4.5 millones de electores, las y los ciudadanos neoliberales, que durante los últimos 30 años habían sostenido la institucionalidad neoliberal rechazaban tanto las posturas “progresistas” de Apruebo Dignidad (25,82%), de Marco Enríquez-Ominami (7,60%) y de Eduardo Artes (1,46%). La derecha dura más el populismo de derecha de Parisi, excluido, el Nuevo Pacto Social, lograban capturar el 53,49% de los votantes tradicionales. Mientras que el “progresismo” centro-izquierdista, para llamarlo de alguna manera, apenas llegaban al 46,5% de la adhesión ciudadana. Registrándose una abstención del 53% del electorado.

El hecho de que la 1°V de la elección presidencial al replicar a los actores que habían participado en la última elección presidencial de 2017

De haberse mantenido relativamente estable la participación electoral en la 2°V, habría ganado la ultraderecha de José Antonio Kast, puesto que la suma de los votantes del “progresismo” no le alcanzaba a G. Boric, para ganar. Ni agregando los votos obtenidos por la centro-izquierda de Yasna Provoste, lo permitía. Para derrotar a Kast e impedir la vuelta al “infierno dictatorial”, Apruebo Dignidad y Gabriel Boric, requería sumar a todas las fuerza políticas tanto de la vieja política: la exConcertación, pero, sobre todo, a las y los no electores de los sectores populares; de los trabajadores, de las mujeres populares, de los estudiantes secundarios, en general, de la plebe rebelde. Para ganar debía adicionar a su votación aproximadamente, un millón de votos nuevos.

La campaña electoral de ambas candidaturas se articuló en torno al “miedo político”. Por un lado, Kast, levanto el discurso del “miedo al comunismo” y Apruebo Dignidad, especialmente, el partido Comunista, el “miedo a la vuelta de los horrores de la dictadura pinochetista”. Mientras que el candidato Boric y el FA volcaron su tarea política en conseguir los apoyos de la exConcertación. Sus antiguos adversarios políticos, los responsables de la profundización del neoliberalismo en la sociedad chilena pos-1990, de la fracasada transición, etcétera, se volvieron estratégicamente indispensables para derrotar a Kast. Esa opción era impulsar un camino que el FA no había querido realizar en 2017 cuando de manera tardía y sin ningún entusiasmo ni conversaciones ni negociaciones políticas, llamo a apoyar y a votar por el candidato de la Nueva Mayoría, Alianza de la exConcertación con el Partido Comunista, Alejandro Guillier, posibilitando el triunfo de Sebastián Piñera.

El convocar a los partidos de la exConcertación, especialmente, al Demócrata Cristiano, al PPD y al Socialista de Chile, Boric y el FA, tiene el efecto político de mantenerlos vivos y evitar su derrumbe o desaparición del sistema partido. El apoyo brindado por estos partidos roturo la articulación entre aquellos sectores que representan la “vieja política” y con aquellos que se plantearon hacer “una nueva política”. Esto ha quedado claramente demostrado por la incidencia que tendrán los exConcertacionistas en el nuevo gabinete, ejemplicado, en el Ministro de Hacienda, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.

No obstante, la base electoral de estos partidos no era suficiente para ganar. Fue la movilización electoral de los sectores populares como de la mujeres feministas, especialmente, de aquellos sectores que conformaban “el partido de las y los no electores”, y por los rebeldes de octubre, que gatillados y motivados por la convicción política de que había que frenar y derrotar el autoritarismo de J. A. Kast, los que votaron masivamente por Boric en la 2°V.

Más de 1.200.00 nuevos electores populares se acercaron a las urnas el domingo 19 de diciembre, y se estima que la mayoría de ellos y ellas votaron por Boric, pues este aumento en 154% su votación. Pero, como dicen, los sectores populares de manera reiterada: votamos por Boric, para evitar el triunfo de Kast.

Allí está la clave del triunfo de Boric, este no es el triunfo el proyecto político que representa el FA. Fue una solución, la única posible, para evitar un gobierno más de la derecha. De ninguna manera fue el triunfo electoral ni representa a la rebelión social de octubre de 2019. Paradojalmente, las y los rebeldes de octubre, eligieron a uno de los artífices de su derrota política de rebelión como de la continuidad del gobierno de S. Piñera y del régimen democrático protegido.

Sin embargo, el gran apoyo electoral recibido en la 2°V por Gabriel Boric le permitió ganar, pero no le proporciono los apoyos parlamentarios necesarios para impulsar una agenda de cambios estructurales. La votación obtenida en la 2°V no modifica ni altera la correlación de fuerzas establecida en la elección parlamentaria. Esta no es favorable al gobierno de Boric. En la cámara de diputados como en la de senadores hay un “empate” político. Este podría transformarse en “un empate catastrófico”, impidiendo al gobierno de Apruebo-Dignidad gobernar.

Ciertamente, la derecha política ha recuperado aquello que habían perdido en las elecciones de convencionalistas, el poder de veto. Justamente, la perdida de ese poder ha hecho posible que la derecha no pueda obstaculizar ni impedir que determinadas normas constitucionales de avanzada puedan ser aprobadas en la Convención Constitucional. Sin embargo, el hecho de que la última elección parlamentaria se efectuara con las mismas reglas y normas que rigieron todo el ciclo de la democracia protegida, le permitió a la derecha, recuperar dicho poder. Con el cual van a obstaculizar el gobierno de Boric. Este tendrá márgenes de movimiento bastante estrechos, lo que obligara a buscar consensos políticos, los cuales, por cierto, terminan favoreciendo el estatus quo y a la dominación capitalista, o sea, el poder de veto será utilizado para defender el orden capitalista neoliberal.

Si bien, la última elección de la democracia neoliberal fue resuelta a favor de un candidato supuestamente progresista y, equivocadamente presentado como de “izquierdas”, no implica que tenga la potencialidad de que su tarea gubernamental vaya a hacer de ruptura con la dominación capitalista. Lo más probable que sea “correctiva” con el neoliberalismo, o sea, lo que se viene es un gobierno de continuidad neoliberal como la mayoría de los gobiernos progresistas de América Latina de las últimas décadas.

Por tanto, el neoliberalismo no está derrotado ni muerto como lo habían proclamado y demandado los rebeldes de octubre. Tal vez, su continuidad esté asegurada por el gobierno de Apruebo Dignidad y de Gabriel Boric.

El talón de Aquiles de este será: la vigilancia activa y combativa de los sectores populares, de las y los subpolíticos, que “no dejaremos pasar ni una, al amarillo presidente electo” (palabras de un poblador de una comuna del gran Santiago).

La gran grieta anticapitalista abierta por la rebelión de Octubre aún se encuentra abierta. Ni la Convención Constitucional, ni el proceso electoral de diciembre ni el triunfo de Boric, la han cerrado.

Juan Carlos Gómez Leyton

Dr. en Ciencias Sociales y Política

Director Académico CIPPSAL

San Joaquín, marzo de 2022

®JCGL/jcgl

Juan Carlos Gómez Leyton

Dr. en Ciencias Sociales y Política Director Académico CIPPSAL

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