Reconciliación y reforma agraria: los ejes fundamentales para una verdadera implementación de los acuerdos de Paz en Colombia
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A través del Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos Humanos (FIFDH), que está realizando ahora su 20ª edición, llega en Suiza Rodrigo Londoño, también conocido bajo el nombre de Timochenko, exjefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Londoño está acompañado por Bertha Lucia Fries, víctima de los atentados de las FARC en El Nogal, 7 de febrero de 2003. Una reflexión sobre una Colombia que, con sus 20 masacres, 34 líderes sociales y siete firmantes de paz asesinados solamente en este comienzo de 2022, aún pena por lograr la paz.
“Los acuerdos de paz no son una conquista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sino del pueblo colombiano. Son la culminación de una historia de cincuenta años”, nos cuenta Rodrigo Londoño, también conocido bajo el nombre de Timochenko, exjefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Desde 1982 y el gobierno de Belisario Betancourt hemos tratado reiteradamente de encontrar una salida política al conflicto. Esto nunca fue posible debido a la actitud de la clase dominante”.
“Las FARC son las que se aplicaron más en la implementación de los acuerdos, de respetar este compromiso. Desmantelamos nuestra estructura militar, depusimos las armas y nos reintegramos a la vida civil. Más que eso, poco se ha logrado. En cuanto a la propiedad de la tierra, no se ha hecho nada: queda por hacer el catastro que permita al Estado contar el número de predios, su titular y su uso. El proyecto de sustitución de cultivos ilícitos por producción agrícola ha sufrido serios retrocesos. Muchos campesinos todavía no pueden hacerlo por no hacer pasar hambre a sus familias”, sigue Rodrigo Londoño.
“La reforma agraria es el punto 1, el más importante de todos los puntos de los acuerdos, porque todo empezó por allí, por la tierra, y todavía no se implementa”, denuncia Rodrigo Londoño.
El acuerdo establece el compromiso del gobierno de poner en marcha un programa de reforma agraria integral, eso porque el conflicto armado ha sido en gran parte provocado por el problema de la tierra. Sin embargo, en la práctica, es una propuesta más bien moderada y menos ambiciosa que se concentra en la distribución de tierras en el dominio público y en el desarrollo de programas complementarios de desarrollo rural.
Reforma agraria: ¿un mito lejano?
Como afirmado en el Acuerdo de Paz, el derecho al acceso a la tierra es el eje central de la Reforma Rural Integral planteada para alcanzar la transformación estructural del campo colombiano y cerrar la brecha de desigualdad que afecta a comunidades rurales.
Según el informe presentado en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de Colombia en 2021, “es urgente resolver los conflictos agrarios y de propiedad de la tierra en las áreas rurales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) insta al Gobierno y al Congreso a trabajar conjuntamente para crear e implementar la jurisdicción agraria para atender y prevenir estos conflictos. El informe más reciente de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indica una disminución de cultivos de uso ilícito en Colombia cercana al 7% en 2020. Sin embargo, los cultivadores de coca, marihuana y amapola que se acogieron a programas de sustitución de cultivos manifiestan una baja implementación de proyectos productivos y el lento desarrollo de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral contemplados en el Acuerdo de Paz”.
“El gobierno implementa lo que es estrictamente necesario dentro de su propia lógica”, nos cuenta Sergio Jaramillo, del Instituto Europeo de la Paz (EIP), ex Alto Comisionado para la Paz del presidente Santos, negociador de los Acuerdos de Paz de La Habana y el desarme de las FARC. “Supo reincorporar a los excombatientes, pero con una visión muy reduccionista de lo que debería ser en un real acuerdo de paz”.
“Los programas en los territorios no muestran todavía sus resultados: logramos terminar una guerra de casi 50 años, pero con la presencia de la coca en el territorio surgen bandas criminales que no tienen ningún proyecto político y solo quieren seguir en el negocio de la coca”, sigue Sergio Jaramillo. “Como la implementación ha sido tan lenta, el vacío no ha sido llenado con suficiente ímpetu y el próximo gobierno tendrá una tarea muy importante en ese sentido”.
“En lo que menos ha avanzado el gobierno es en la reforma agraria. Ha perdido su aspecto participativo que era la base bajo las cuales esta misma reforma había sido construida. Además, de esa reforma se habla bien poco durante las elecciones. De una parte la gente quedó fatigada con la polarización de estos últimos 4 años y de otra parte, hay que saber que Colombia es un país más bien urbano, y ese tipo de población se preocupa más bien de temas de corrupción, seguridad o consecuencia del covid”, continua Sergio Jaramillo.
“Lo positivo es que la agenda social ahora está mucho más presente, parando la guerra hubo el efecto positivo de abrir la discusión política a muchos más temas que Colombia debería enfrentar hoy: desigualdad, pobreza, tierras, corrupción”, concluye Sergio Jaramillo.
“Los acuerdos son un puntos de inicio, pero no puede haber paz sin reconciliación”.
El acuerdo busca encontrar un punto medio entre la exigencia de castigo a los miembros de las FARC, reforzada por nuevos compromisos internacionales, y la necesidad de conceder una amnistía amplia a cambio de la renuncia a la lucha armada.
La «justicia transicional» busca satisfacer las exigencias mínimas previstas por los organismos y cortes internacionales, las cuales reiteran la necesidad de dar a las víctimas de la guerra o el conflicto una satisfacción mínima en tres aspectos: que sepan qué ocurrió (verdad), que haya un castigo mínimo aceptable (justicia) y que haya formas de compensación, moral o material, para las víctimas (reparación).
“Es muy importante hablar de la reconciliación, es un punto fundamental sin el cual los acuerdos no se pueden implementar”, subraya Rodrigo Londoño.
Bertha Lucia Fries, víctima de los atentados en El Nogal, 7 de febrero de 2003, por las FARC, acompaña a Rodrigo Londoño en este viaje del otro lado del océano, como también supo hacerlo durante la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana en 2016 o enseñando el proceso de transición a otra vida a los combatientes que vivían en los campamentos. Eso, a pesar de haberse quedado 8 años tetrapléjica por causa del atentado de las FARC al Club El Nogal.
Bertha Lucía Fries, víctima de las FARC y negociadora de los acuerdo de paz. Foto: Elena Rusca
“Odié a las FARC y no entendía porqué hacían esto”, afirma Bertha Lucia Fries.
“Para mi recuperación, tuve que quedarme 8 años y medio en Boston. Cuando por fin pude regresar a Colombia, decidí entender porqué la gente se metía a la guerrilla. Y cuando comencé a escuchar a distintos reinsertados encontré que cada uno de ellos me comentaba que no tenía oportunidades en el país, que no había otra alternativas, con situaciones disfuncionales y pocas soluciones. Allí empecé mi proceso de reconciliación y es allí que empecé a perdonar a las FARC porque entendí que ellos también son víctimas”, sigue Bertha Lucia Fries.
“Yo ni siquiera sabía que existían los acuerdos de Paz cuando empecé mi proceso de reconciliación. Cuando me entero del proceso comienzo a defenderlo, y eso siendo víctima del atentado del Club Nogal, el centro de la clase poderosa del país, pero también pequeña muestra de lo que es el país colombiano, con su elite y sus empleados, los que trabajan por un salario mínimo y que también estaban en el Club El Nogal”.
Entrevista a Bertha Lucía Fries
El apoyo que Bertha Fries hizo a los Acuerdos de Paz antes de que se firmaran, hace que la figura de Bertha se transforme en una figura mediática muy importante y que las FARC las inviten a participar en la firma de los Acuerdos en La Habana.
“Yo acepté, a excepción que me explicaran porqué hicieron el atentado del Club El Nogal”, nos cuenta Bertha Lucia Fries.
Después de los Acuerdos fue Bertha que lideró los primeros encuentros entre las FARC y las víctimas. Los primeros encuentros fueron hechos con las propias víctimas del Club El Nogal. El primer encuentro fue tan fuerte y poderoso que muchos más sucedieron.
“Se trataba de algo increíble y sanador. Y fue de allí que decidí ir a prepararlo a entregar a las armas y que empiecen a soñar al nuevo ser humano que deseen ser. Porque eso también es un proceso, un diálogo, y eso, aunque tome años, es fundamental para llegar a la paz”.
Colombia: un país al que le pena paz
Los Acuerdos fueron en sí una base, desde las cuales se debería construir una nueva Colombia, aunque eso tenga cueste en lograrse.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad de la región. Esta situación afecta principalmente a mujeres, personas en zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y habitantes en condiciones de pobreza de las grandes ciudades.
El ACNUDH recibió información sobre 100 casos de posibles masacres en 2021, de las cuales ha verificado 78 casos, 2 siguen en proceso de verificación y 20 fueron considerados como no concluyentes. En las 78 masacres verificadas se han registrado 292 víctimas (32 mujeres, 15 niños, 5 niñas y 13 personas pertenecientes a pueblos étnicos: 7 indígenas y 6 afrocolombianos). Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
También, durante la redacción de su informe, observó que la acción violenta de grupos armados no estatales y organizaciones criminales afecta proyectos de vida individuales y colectivos, impactando desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. Además de masacres, desplazamientos forzados e imposición de restricciones y horarios para la movilidad, estos grupos también cometen asesinatos de líderes y lideresas sociales, amenazas contra quienes desatienden las exigencias del grupo, controlan las comunicaciones de los miembros de la comunidad, limitan la relación con terceros, restringen y controlan actividades productivas de siembra, cosecha, pesca y comercialización de productos, y desconocen a las autoridades étnicas.
Tales acciones afectan negativamente la seguridad alimentaria de las comunidades y socava su autonomía política y económica. Además, se fortalece el desarrollo y explotación de las economías ilícitas y el control territorial por parte de grupos armados no estatales. La violencia ejercida contra mujeres y niñas es otro factor de preocupación, en particular la violencia sexual. Las amenazas ejercidas generan silencio, invisibilizando la gravedad de esta situación.
Durante 2021, el ACNUDH recibió 100 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida, de las cuales verificó 54 casos, 17 están en proceso de verificación y 29 fueron no concluyentes. En 44 de los casos verificados se observó la presunta responsabilidad de integrantes de la Policía Nacional; en cinco, de integrantes de las Fuerzas Militares; y en dos, de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía fuera de servicio. Tres casos habrían ocurrido durante operaciones conjuntas entre Fuerzas Militares y Policía Nacional.
De los casos verificados, la Oficina documentó 29 casos que se dieron por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de protestas, también documentó 13 durante la realización por la policía de operativos de prevención y persecución de delitos, dos en labores contra el crimen organizado y dos por incumplimiento del deber de protección de una víctima detenida en una estación de policía. Asimismo, verificó cinco casos que implican a miembros de las Fuerzas Militares que ocurrieron durante tareas de seguridad ciudadana, prevención y persecución de delitos y contra el crimen organizado.
Hoy en día, al conmemorarse cinco años de la firma del Acuerdo de Paz y más de tres de la entrada en funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (“Sistema Integral”), víctimas, líderes y lideresas, comunidades, personas defensoras de los derechos humanos y comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) siguen afrontando graves riesgos para su vida e integridad por la inseguridad en los territorios.
Elena Rusca, Ginebra, 07.03.2022
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