Coca-Cola: institución de masacres laborales en Colombia
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La transnacional Coca Cola Company se instaló en Colombia en 1940. Desde ese entonces sus violaciones de los derechos de sus trabajadores se han ido sumando.
La transnacional Coca Cola Company se instaló en Colombia en 1940 mediante la franquicia otorgada a las embotelladoras Indega S.A. en la zona centro, costa norte y nororiente de Colombia, creándose otras franquicias como Bebidas y Alimentos de Urabá. Las embotelladoras agrupadas en Indega S.A. fueron compradas en 1995 por Panamco Beverages Inc. y el 25% de cuyas acciones eran propiedad de Coca Cola Company. En mayo de 2003, Fomento Mexicano S.A., por medio de la franquicia Coca Cola Femsa S.A., compró Panamco conservando Coca Cola Company el 31,6% de las acciones de la empresa. Esta tiene la franquicia en Colombia, con la cual opera en la mayoría de países de Latinoamerica.
Con este marco legal tercerizado Coca Cola realiza la producción y venta de sus productos preservando la propiedad de las marcas, manteniendo el control accionario y la participación en las Juntas Directivas de las empresas locales y controla también todo el proceso en lo que se refiere a materias primas, insumos, producción, distribución y política laboral, evadiendo la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que se cometen.
Los impactos de las actividades de Coca Cola en Colombia incluyen efectos sobre el medio ambiente y la salud, entre otros. Pero sobre todo la historia de Coca Cola en Colombia es la historia de un ataque permanente contra los derechos laborales y los derechos sindical, que ha significado entre otros el asesinato de más de diez sindicalistas y vínculos con grupos paramilitares.
La extensión de la jornada y el incremento de los ritmos de trabajo ha permitido a la transnacional operar con 5 embotelladoras de la sociedad Coca Cola Femsa y cerrar 11 embotelladoras en el año 2003, despidiendo a centenares de trabajadores.
“Hoy Coca-Cola, en cabeza de Eduardo Botero Garrido Gerente sector Bucaramanga, sacó a la fuerza de sus puestos a los trabajadores Campo Elías López Villamizar y Hermógenes Velandia Ardila, que laboran como operarios de montacarga y los obliga a que a partir del día 1 de febrero 2022, deben laborar como Auxiliar Liquidación Verificación. Este cargo no existe en la Convención Colectiva de Trabajo Vigente y firmada con Sinaltrainal que hace parte del contrato individual de trabajo de estos dos trabajadores y los testaferros de Coca-Cola violan lo ordenado por la ley al no haber solicitado autorización de un juez para proceder a trasladar o reubicar a estos trabajadores por estar protegidos por el fuero sindical”, denuncia Javier Correa, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL).
Con este procedimiento arbitrario, la multinacional Coca Cola sigue tercerizando los puestos de trabajo para evadir aplicarle a los trabajadores los derechos acordados en la convención colectiva de trabajo y seguir precarizando.
“Los testaferros de Coca-Cola son mentirosos y cínicos al afirmar en la comunicación entregada a los trabajadores que la decisión de sacarlos del puesto de trabajo de operario de montacarga es un objetivo que trazaron junto con los trabajadores”, explica SINALTRAINAL. “Con anterioridad, el trabajador Jimmy Fontecha dirigente de Sinaltrainal que es operario de producción, se postuló para este cargo de Auxiliar Liquidación Verificación, donde hoy arbitrariamente pretende enviar a los trabajadores Campo Elías López Villamizar y Hermogenes Velandia y la empresa le negó la posibilidad argumentando que no tenía la formación académica que requiere la compañía para desarrollar este cargo. Esto es, ser profesional en ingeniería industrial o carreras afines, con conocimiento de Excel avanzado, manejo del SAP y tener una experiencia de 1 año en manejo de inventarios y manejo de liquidaciones; y los trabajadores Campo Elias López Villamizar y Hermogenes Velandia no reúnen estos requisitos y eso nos hace deducir que se trata de un montaje que está fabricando los testaferros de Coca-Cola para perseguir, reprimir y para acosarlos para llevarlos al desespero para que renuncien o buscar justificar”.
Coca Cola sigue implementando procedimientos de castigo y venganza contra los trabajadores por ser sindicalizados, violado el derecho fundamental de asociación y atentando contra la dignidad de los trabajadores, pisoteando la ley y Convención Colectiva de trabajo.
“De inmediato en estas labores de operario de montacargas que realizaban los integrantes de Sinaltrainal Campo Elias López Villamizar y Hermogenes Velandia, fueron asignadas a trabajadores tercerizados por medio de la fachada Mega Logistik ML S.A.S”, explica Javier Correa de SINALTRAINAL.
SINALTRAINAL Seccional Bucaramanga radicó una solicitud al Ministerio del trabajo para que realice una inspección ocular en la embotelladora de Coca Cola para que constate que arbitrariamente los dirigentes sindicales Campo Elias López Villamizar y Hermogenes Velandia fueron sacados a la fuerza y se inicie una proceso administrativo y se multe a la multinacional Coca Cola Femsa (Industria Nacional de Gaseosas S.A.) y la conmine a retornar a estos trabajadores a sus puestos de trabajo de Operarios de Montacarga, cargos que están acordados en el articulo 56 de la Convención Colectiva de Trabajo firmada por la empresa con Sinaltrainal e igualmente nos encontramos próximos a radicar un proceso legal ante la Justicia Laboral Ordinaria para que sean retornados a sus puestos de trabajo, en razón a que por tener la protección legal del fuero sindical, no pueden sacarlos de sus puestos de trabajo sin autorización de un juez.
“Seguiremos luchando contra la antisocial tercerización y precarización de trabajadores y la sistemática masacre laboral que viene implementando Coca-Cola en Colombia”, declara Javier Correa de SINALTRAINAL.
Trabajadores al Servicio de empresas de Coca Cola Femsa amenazados de muerte
El 30 de enero de 2022, al correo electrónico nuevamente llegó otra amenaza de muerte contra trabajadores que prestan sus servicios para empresas de propiedad de Coca Cola Femsa en Colombia. Por el mismo medio y contra los mismos trabajadores el día 17 de septiembre de 2021 llegó otra amenaza de muerte.
Las amenazas de muerte son una de las tantas prácticas sociales genocidas que durante muchos años se vienen aplicando contra los trabajadores al servicio de Coca Cola en Colombia afiliados a Sinaltrainal, precisamente al mismo tiempo que los testaferros de Coca Cola se niegan a solucionar los pliegos de peticiones presentados por Sinaltrainal a las empresas Compañía de Servicios Comerciales S.A.S. Atencom S.A.S., FL Colombia S.A.S. y nos encontramos próximos a presentar el pliego de peticiones a la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. de propiedad del Grupo Fomento Económico Mexicano S.A. COCA COLA FEMSA.
“Los trabajadores afiliados a Sinaltrainal en Colombia que laboramos para empresas del Grupo Fomento Económico Mexicano S.A. COCA COLA FEMSA., en este momento somos víctimas de una salvaje persecución de la patronal que ha presentado ante los jueces más de cuarenta demandas para que autoricen levantar el fuero sindical para despedir a dirigentes de Sinaltrainal, entre ellos a Javier Correa Secretario General de Sinaltrainal y Jimmy Fontecha integrante de la Comisión de Reclamos de Sinaltrainal Secciona Bucaramanga para la empresa Coca Cola Femsa, por participar en una protesta en rechazo a la suspensión del contrato de trabajo por 30 días del trabajador Luis Fernando Sánchez en la embotelladora de Medellín simultáneamente solicitan a los jueces que ilegalicen las afiliaciones de trabajadores a Sinaltrainal y solicitan cancelar la personería jurídica de Sinaltrainal, igualmente la patronal Coca Cola tiene denunciado penalmente a integrantes de Sinaltrainal como es el caso de Javier Correa que el día 11 de febrero de 2022, estuvo en diligencia de arraigo en la Fiscalía General de la Nació y será llevado a juicio penal por denuncia presentada por la funcionaria de Coca Cola Liliana Bohórquez acusándolo de haber denunciado públicamente en una emisora radial el 11 de agosto de 2017 que han sido asesinados trabajadores al servicio de Coca Cola, que hemos sido víctimas de persecución, seguimientos ilegales o espionaje como lo hicieron desde el extinto Departamento Administrativo “DAS” y asesinato de trabajadores de Coca Cola afiliados a Sinaltrainal”, explica Javier Correa.
“En medio de esta genocida campaña de terror, los testaferros de Coca Cola sacan a trabajadores afiliados a Sinaltrainal de sus puestos de trabajo, llamada a descargos y les suspende el contrato de trabajo fabricando sucios montajes, persigue a trabajadores dirigentes de Sinaltrainal que tiene restricciones de salud como es el caso de Nelson Pérez presidente de Sinaltrainal Bucaramanga y Jimmy Fontecha integrante de la Comisión de Reclamos de Sinaltrainal en Bucaramanga a quienes no deja laborar y ha solicitado al Ministerio del Trabajo autorización para despedirlos y acosa a trabajadores para que acepten acuerdos económicos a cambio de renunciar a sus contratos de trabajo”.
Once trabajadores al servicio de Coca Cola afiliados a Sinaltrainal han sido asesinados, otros han sido víctimas de atentados y amenazados de muerte, funcionarios de Coca Cola se reunieron con jefes paramilitares Carlos Castaño y Ramón Isaza, Julian Villarraga jefe de seguridad de Coca Cola Femsa fue detenido y vinculado al proceso de estar haciendo espionaje ilegal, paramilitares que ingresaron a una embotelladora de Coca Cola obligaron a trabajadores a renunciar a Sinaltrainal para no ser asesinados, incendiaron la sede sindical de Sinaltrainal.
En 2008 la OIT realizó una misión a Colombia para evaluar la situación pero no tuvo en cuenta los hechos pasados: los asesinatos, amenazas de muerte, atentados, intentos de secuestro, los ataques al sindicato, los despidos masivos, el daño al medio ambiente y no valoró ni aceptó las pruebas de dichos hechos presentados por Sinaltrainal.
La impunidad de la cual sigue beneficiándose Coca Cola por las violaciones de los derechos humanos y de los derechos laborales y sindicales en Colombia, ilustra la necesidad de contar con un instrumento internacional vinculante que permita controlar las actividades de las empresas transnacionales y de sus impactos en los derechos humanos así como garantizar justicia y reparación a las víctimas.
Elena Rusca, Ginebra, 13.02.2022
Fuentes:
SINALTRAINAL
CETIM
