Boric puede hacer la diferencia con el pasado
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He considerado que, en mi calidad de ciudadano autónomo, independiente y relativamente informado, contumaz crítico del establishment, estoy en condiciones de plantearle al equipo del presidente electo algunas propuestas concretas con la idea de que su gobierno sea de verdadera excelencia y no como el que termina, cuyos propagandistas remunerados lo promovían con el slogan «vendrán tiempos mejores«.
En primer lugar, fue muy bueno que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, haya aceptado el cargo de ministro de Hacienda pues así se administrarán juiciosamente las finanzas del Estado, con justicia social, dando la necesaria tranquilidad a los mercados pues con crecimiento económico hay empleo. En todo caso en esta columna, sin pretender pautear al próximo gobierno porque no corresponde, sino con ánimo de cooperación, nos vamos a concentrar solo en algunas pocas políticas públicas que deberían ser resueltas por los ministros sectoriales de Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Defensa Nacional, Medio Ambiente y Transportes, motivo por el cual reseñamos lo siguiente:
Está claro que Carlos Montes es la persona más idónea para desempeñar el cargo de ministro de Vivienda y Urbanismo, ello por su limpia trayectoria como diputado y senador. No cometo un error si afirmo que él ha sido el parlamentario que más sabe de esta materia y por ello dará garantías para terminar con los insalubres campamentos que existen en todo el país en un plazo razonable de tiempo, abordando igualmente la deleznable y millonaria antigua práctica ilegal de las parcelas de agrado. acogidas al DL 3.516 de 1980, subdivisiones prediales con fines inmobiliarios que también existen en todo el país. Acorde a lo dicho en ocasiones anteriores, estas parcelaciones truchas han sido toleradas por todos los gobiernos, a pesar de la existencia de dictámenes de la Contraloría y fallos de la Suprema que impiden tales negocios.
Asimismo, entendemos que exigirá el cumplimiento del artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y del artículo 8.3.1.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) en los 4 casos de inversionistas astutos y temerarios que están destruyendo áreas de preservación ecológica en las comunas de Colina y Lo Barnechea, con el agravante de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) todavía no puede ejercer acciones judiciales en contra de quienes están ocasionando daños ambientales en esos territorios rurales que cuentan con protección oficial del Estado.
Ello sucede, porque tanto el Seremi de Vivienda y Urbanismo, como la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), suponemos que, por desinteligencias internas, no han podido entregar al CDE los oficios respectivos para que éste accione, conforme al artículo 54° de la ley N° 19.300, en los tribunales de justicia por el deterioro del patrimonio natural de la región.
Recordemos que el negocio especulativo con el uso del suelo, para la obtención de plusvalías, siempre ha existido en el mundo y particularmente en Chile y en tal sentido en el gobierno de Frei Ruiz Tagle se intentó uno de estos negocios con inversionistas malayos, pero como no resultó por ser ilegal, el Estado tuvo que desembolsar, como indemnización, unos cuantos millones de dólares a la empresa MTD Equity Sdn. Bhd. lo que se aprecia en columna de opinión del año 2004, ver link
https://www.elmostrador.cl/
Tenemos la mejor opinión de Esteban Valenzuela, Teo para sus amigos, flamante ministro de Agricultura, quien ha tenido que soportar con estoicismo las imprudentes invectivas de una diputada de su mismo sector político. Como Valenzuela no aceptará las pillerías que se cometen en los mercados, seguramente se pondrá de acuerdo con su colega Montes para que los sectores agrícolas o rurales no se utilicen para pingües negocios inmobiliarios, respetándose entonces lo que ordena la LGUC.
Ha sido muy oportuno que la diputada Maya Fernández haya sido nominada como ministra de Defensa Nacional, ya que ella con otros de sus colegas, presentaron hace 7 meses atrás en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca terminar con las operaciones comerciales que realizan todas las ramas de las Fuerzas Armadas con los terrenos fiscales que, a través del tiempo, el Estado les ha donado exclusivamente para sus fines institucionales. Estos terrenos, ya sea urbanos como rurales, cuentan con la categoría de Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF) y aprovechando la acostumbrada inacción del Estado, desde hace años, esas instituciones armadas han estado vendiendo miles de esos terrenos en el mercado a privados para fines inmobiliarios y el producto económico de las operaciones comerciales han ingresado campantes a sus respectivos «Comandos de Bienestar».
Si se aprueba la ley, como esperamos, ver link
todos estos terrenos fiscales deben estar bajo la tutela y estricto control del ministerio de Bienes Nacionales y en tal sentido su nueva ministra Javiera Toro «ordenará la casa». Este proyecto de ley, con boletín N° 14.325-02, está radicado en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, dejando en claro que su texto fue redactado por algunos ciudadanos conocedores del hecho abusivo, el que le fue entregado al diputado PPD Rodrigo González. Así las cosas, dado el prolongado tempo transcurrido, le hacemos un respetuoso llamado a las futuras ministras Fernández y Toro para que, a partir de la segunda quincena de marzo próximo, se active su indispensable tramitación parlamentaria.
El Medio Ambiente en nuestro país tendrá a partir de marzo próximo a una ministra, Maisa Rojas, que ejercerá su función de manera óptima pues ella, entre otros tantos títulos y merecimientos es experta en cambio climático y doctorada en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Por otro lado, ha participado en paneles de expertos sobre su especialidad y es autora del quinto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Se infiere que Boric eligió a la persona más apropiada para dirigir ese ministerio, el cual hasta ahora lamentablemente no ha funcionado bien y por ello urge una reingeniería en los cuerpos directivos de la SMA y el SEA.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, entre otras cosas, deberá resolver el embrollo que generó la ministra Hutt y el ministro Ward al intentar burlar el cumplimiento de la normativa del Capítulo 13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en el caso de los centros de carga de buses eléctricos. Para hacerlo, la División de Desarrollo Urbano del Minvu emitió la Circular DDU 432 que fue denunciada en la Contraloría, organismo fiscalizador que ratificó que la existencia de un centro de carga no exime de cumplir las normas del Capítulo 13 de la OGUC. Pero la ministra Hutt y los funcionarios de la División de Transporte Público Regional, a pesar de ese pronunciamiento vinculante y obligatorio, siguieron adelante con la licitación de un servicio de buses eléctricos en Antofagasta donde se había usado la DDU 432 para hacer pasar un terminal de buses por un centro de carga.
¿Qué pasó con la licitación?, la Contraloría rechazó (representó) la resolución que asignaba la licitación a una de las empresas, ver link
https://www.contraloria.cl/
Le informamos al competente futuro ministro Muñoz que es probable que la misma circular del Minvu se esté aplicando en los otros procesos de licitación de servicios de buses eléctricos que están en marcha, por lo que podrían correr la misma suerte que la licitación de Antofagasta. La actual autoridad debió modificar como corresponde la OGUC, incluida una consulta pública, en lugar de hacerlo de manera encubierta con una simple circular del Minvu.
A la luz de lo relatado, como somos optimistas, estamos seguros de que, con una Contraloría muy eficaz en su cometido, con el nuevo gobierno se producirán los cambios institucionales de fondo que le subirán el pelo a nuestro país.
Por Patricio Herman
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Margarita Labarca Goddard says:
Patricio Herman, todo muy bien. No conozco en detalle las normas jurídicas que usted cita. Pero hay algo que se debe tener muy claro: cuando se apruebe la nueva Constitución, todas las normas jurídicas, sean legales, reglamentarias u otras, que se opongan en alguna forma al texto constitucional, quedarán derogadas ipso-facto. Eso, sin perjuicio de que los abogados de gobierno se den el trabajo de precisar exactamente las normas derogadas, para facilitar la comprensión del asunto. Pero si no se hacen esas precisiones, la derogación opera.