Carta abierta a José Antonio Kast sobre las violaciones a los derechos humanos en Paine
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Sr. José Antonio Kast,
Acabo de leer que por fin reconoció que durante la dictadura tuvieron lugar violaciones a los derechos humanos. Lo que quisiera preguntarle es que si reconoce que una de ellas es lo que le sucedió en Paine a Pedro Vargas Barrientos, de tan solo 23 años, exempleado de la empresa de su familia en Paine (la cadena Bavaria), y al menos a otras 70 personas de la zona.
Como sabe, Pedro Vargas fue detenido en la vía pública dos días después del golpe, frente a muchos testigos, y luego llevado a la Sub-Comisaría del sector, donde fue torturado en forma brutal y luego asesinado ― pasando a ser uno de los tantos detenidos desaparecidos. En reiteradas ocasiones la familia Vargas Barrientos ha dicho que la razón de su detención fue porque, como empleado del restaurante de su familia, había intentado organizar a los trabajadores alegando que la administración se quedaba con las propinas que dejaban los clientes ― incluso las que la ley de esa época determinaba como obligatorias. Ver publicación relacionada. (Ver el libro del periodista Javier Rebolledo, A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura, Ceibo Ediciones, 2015).
También se sabe que, a raíz de esto, su padre, Michael Kast (ex oficial del ejército alemán, quien durante la Segunda Guerra combatió en Francia, Rusia e Italia), sacó a dicho trabajador del restaurante y lo transfirió a rondín de vigilancia de la fábrica de cecinas ― apartándolo así del lugar donde estaba la disputa por las “propinas”. Y que a raíz de eso este trabajador renunció pues no quería hacer un trabajo donde debía portar armas.
Como sabe, el grado de represión que hubo en Paine, zona donde su padre era todo un personaje (zona que por razones familiares yo también conocía muy bien en esa época), fue algo extraordinario incluso para la brutalidad de ese momento, con una cantidad enorme de detenidos, fusilamientos colectivos, tortura generalizada, asesinatos a mansalva, violación de detenidas, y desaparición de prisioneros. Quizás fue la comuna que tuvo en términos relativos más habitantes afectados por los crímenes de la dictadura en ese período. La colaboración directa de civiles en dicha represión también fue de un nivel especial.
Ud. ha negado que su familia haya tenido participación directa en dicha brutalidad, aunque testigos confirman la presencia de un hermano suyo en la Sub-Comisaría en cuestión cuando Pedro Vargas agonizaba en medio de torturas que hasta hoy me son inimaginables. Su hermano también reconoció que agentes de la represión se movilizaban en vehículos de la empresa de su familia (Declaración judicial de Christian Kast Rist, 25 de abril de 2003. Causa Paine. Fojas 5.979 del tomo XVIII). Y un sobreviviente ha declarado que su hermano Christian estaba entre los civiles que lo golpearon repetidamente cuando estaba preso en la Sub Comisaría (libro ya citado).
Como confirma dicho testigo, único sobreviviente de uno de esos fusilamientos colectivos, su hermano visitó a menudo dicha Sub-Comisaría ― hecho reconocido por él mismo, argumentando que era solo para dejar cecinas del negocio familiar para los repetidos asados que se hacían en la Sub-Comisaría para civiles y militares (Ibíd., 5979, Tomo XVIII). Testigos también han afirmado que su hermano habría estado ahí (junto a otros civiles) cuando un día a las tres de la madrugada sacaron a un grupo de detenidos para llevarlos a un fusilamiento colectivo en Collipeumo (Declaración policial de Alejandro del Carmen Bustos González ― único sobreviviente de dicho fusilamiento ―, 22 de octubre de 2001. Causa Paine. Fojas 1726 del tomo VII; ver también una entrevista a Bustos en https://youtu.be/XpLmFH8CUTw).
En relación a los vehículos que la empresa de su familia prestaba para la represión, su padre declaró: “No recuerdo si estos traslados [los que se realizaban con dichos vehículos] se hacían también durante la noche” (Declaración judicial de Michael Martín Kast Schindele, 15 de enero de 2003. Causa rol 04-02-F “Paine”. Fojas 3.732, Tomo XIII). Otro civil, quien también prestó vehículos (Francisco Luzoro, dueño de camiones y dirigente de la Asociación Gremial de Camioneros), fue más preciso y reconoció que los operativos que realizaba personal de carabineros “escoltados por nosotros” [los civiles que prestaban vehículos] eran para trasladar prisioneros, “sin saber cuál era su destino final” (Declaración policial de Juan Francisco Luzoro Montenegro, 10 de enero de 2003. Causa Paine. Fojas 3.850 del tomo XIII). También hay testigos que afirman que algunos de los detenidos eran incluso amarrados a esos vehículos y arrastrados por la vía pública (Declaración policial de Holanda Aydee Vidal Caballero, 23 de diciembre de 2003. Causa Paine. Fojas 3.822 del tomo XIII).
También su padre, Michael Kast Schindele, patriarca de la zona al momento del golpe, mantuvo hasta su muerte su calidad de inculpado por los crímenes de Paine.
La pregunta que quisiera hacerle es muy simple: sea cual sea la secuencia de los hechos y el grado de responsabilidad directa o indirecta de su familia en estos hechos a días después del golpe ― donde Pedro Vargas Barrientos y otros 70 lugareños (varios de ellos por el simple hecho de ser campesinos beneficiados por la reforma agraria) fueron torturados, asesinados y muchos, hasta hoy, desaparecidos ―, ¿reconoce que lo ocurrido en Paine después del golpe fue una secuencia de violaciones repugnante a los derechos humanos?
También quisiera preguntarle si realmente cree que sin verdad y justicia puede haber reconciliación. ¿No cree que es una vergüenza nacional que después de todos estos años aún no existan condenas por lo ocurrido en Paine?[1] En este sentido, el gran problema de Chile es que por este tipo de aberraciones el pasado no ha pasado.
Por José Gabriel Palma
Universidad de Cambridge
y Universidad de Santiago
Carta publicada originalmente en El Mostrador y reproducida en el Clarín con la autorización del autor
[1] Según la información que tengo, hasta hoy hay solo siete carabineros, dos militares y nueve civiles procesados por estos hechos. Ellos son los carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza, Luis Enrique Jara Riquelme, José Floriano Verdugo Espinoza, Aníbal Fernando Olguín Maturana, José Osvaldo Retamal Burgos, Víctor Manuel Sagredo Aravena, Rogelio Lelan Villarroel Venegas. Los militares, el brigadier general (r) Víctor Raúl Pérez Pinto y el teniente coronel (r) Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau. Los civiles son Juan Manuel Balcázar Soto, Rodolfo Rodrigo Gárate Gárate, Rubén Darío González Carrasco, Claudio Antonio Oregón Tudela, Juan Guillermo Quintanilla Jerez, Ricardo Jorge Tagle Román, Mario Emilio Tagle Román, José Hugo Vásquez Silva y Juan Francisco Luzoro Montenegro.
