Exigen explicaciones al gobierno por el no pago a asesores de la Convención Constitucional
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“Se viene desarrollando una situación de extrema gravedad” dice el oficio presentado por las diputadas RD Marcela Sandoval, Catalina Pérez y Maite Orsini.
Marcela Sandoval junto otras dos diputadas del FA presentaron este jueves un oficio a través de la Cámara para que el gobierno explique las razones por las cuales durante 4 meses no se han pagado los sueldos de los asesores en la Convención Constitucional.
La parlamentaria calificó como un “grave incumplimiento de derechos laborales de asesores y asesoras de la convención Constitucional” y exigió que se adopten las gestiones pertinentes para su resolución.
“Acá el único que ha incumplido en sus compromisos para que avance la convención ha sido el gobierno. El gobierno debe responder por los sueldos impagos y contratos de trabajadores que apoyan día a día a convencionales y cuyas condiciones laborales están siendo vulneradas”, indicó Sandoval.
“Desde la instalación de la Convención hasta la fecha, se ha reportado un sistemático incumplimiento en el pago de las remuneraciones de asesores y asesoras, además de condiciones materiales de trabajo deficientes”, según consigna el documento que junto a Marcela Sandoval firman las diputadas Catalina Pérez y Maite Orsini.
En este sentido, Catalina Pérez enfatizó que “los continuos intentos del gobierno por boicotear la convención tienen a parte de los y las trabajadoras sin sueldo desde hace meses. Una situación impresentable en la que hemos insistido el gobierno cumpla sus obligaciones”.
Son cerca de 400 personas que hasta el momento no han podido percibir sus remuneraciones y en el oficio se recalca que “el no pago de las remuneraciones es de extrema gravedad, sobre todo considerando la relevancia de la función que desempeñan, donde pese a este incumplimiento de un derecho básico en cualquier relación laboral, han mantenido el desarrollo de sus funciones, asumiendo altos costos personales”.
Además del no pago “se han reportado irregularidades en la formalización de sus contratos, habiendo experimentado retardos injustificados en dicho proceso”, indicaron las legisladoras.
