Chile, una sociedad neoliberal cleptocrática: por una ética pública para poner fin a la corrupción
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DOMINGA: un proyecto minero corrupto
La sociedad neoliberal chilena nuevamente ha sido remecida por un acto de corrupción que compromete al Presidente de la República en ejercicio Sebastián Piñera. La publicación de la investigación internacional realizada por Pandora Papers expuso a la luz pública nacional e internacional la forma como la familia del presidente, los Piñera-Morel, vendieron su participación en la minera Dominga al empresario Carlos Délano, por más de 152 millones de dólares.[1] Transacción que fue realizada en dos actos, donde uno de ellos se efectuó no en el país sino en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Y, en tres cuotas, estableciéndose que la última sería pagada por Carlos Délano siempre y cuando el espacio territorial en que se encuentra el proyecto minero Dominga no fuera declarado por el Estado de Chile, como territorio protegido.
Dicha declaración corresponde a un acto soberano y facultativo del Jefe de Estado en ejercicio, el Presidente Sebastián Piñera. Por tanto, el hacerlo podría hacer fracasar no solo el proyecto mismo, el cual está en litigio judicial desde hace varios años, sino hacer que el último pago no se concrete con el consiguiente perjuicio tanto para las finanzas de la familia Piñera-Morel como para el empresario Carlos Délano. Todo depende, entonces, de lo que haga o no haga el Presidente Piñera, su decisión compromete no solo a su familia directa, hijos y esposa, sino, también de su amigo personal de años, Carlos Délano. El cruce de intereses es más que evidente.
Más allá de las declaraciones vertidas por el propio Presidente en donde señalo que esta operación comercial y financiera había sido juzgada y liberado él de toda responsabilidad en la misma, las dudas sobre la pertinencia y transparencia de la operación se han instalado en el opinión pública. Se duda de que el Presidente no habría conocido ni participado en la operación. Él argumenta que esa fue la sentencia absolutoria declarada por los Tribunales de Justicia de Chile. Sin embargo, la operación como la actuación misma del Presidente Piñera son bastantes opacas las que levantan muchas dudas sobre la transparencia como la ética de los participantes en ella. Tanto Carlos Délano, condenado por la justicia, justamente, por corrupción ligada al financiamiento ilegal de la política, caso PENTA y el propio Sebastián Piñera, condenado a reo, por el caso del Banco de Talca. O sea, los operadores directos o indirectos de la Operación Dominga tienen antecedentes de poseer una ética bastante reñida con las buenas y correctas formas. Ambos se vieron envueltos en acciones y actos corruptos, aunque la verdad jurídica, haya liberado a Sebastián Piñera de ello, pero, no a Carlos Délano.
Chile, una sociedad neoliberal cleptocrática
Los actos de corrupción protagonizados por actores políticos y sociales de la sociedad neoliberal chilena desde 1975 hasta la actualidad no son una excepción son parte constitutiva de este tipo de sociedad. La sociedad neoliberal es una sociedad corrupta. Sería largo describir y exponer aquí la estructura de la corrupción nacional. Lo que quiero llamar la atención es cómo, dado el momento constitucional que estamos viviendo, se podrían construir los diques de contención para evitar que la corrupción como un mal social, político, económico y, sobre todo, cultural, siga ampliándose entre nuestras autoridades gubernamentales y en la sociedad.
Para esos efectos, hay varios caminos que se pueden adoptar, tal vez, el primero y más urgente sea poner fin a la racionalidad neoliberal que rige y ordena el funcionamiento y el movimiento de la sociedad chilena. Esta racionalidad ha hecho que tanto las y los sujetos (ciudadanos) como los actores sociales, económicos y políticos que la conforman busquen de manera permanente la “maximización de las utilidades”.
Según el pensamiento neoliberal lo que impulsa racionalmente tanto a los sujetos individuales como a los actores sociales, políticos y económicos a lograr, bajo ciertas reglas y normas, el mayor beneficio posible en todas aquellas actividades que emprendan y/o desarrollen en cualquiera de las esferas o dimensiones de la sociedad; es, justamente, el principio de “maximización de las utilidades”. Por lo tanto, no se trata solo de conseguir beneficios, logros, resultados, utilidades económicas o materiales sino también sociales, culturales y políticas.
Un elemento distintivo de este pensamiento radica en la importancia asignada a la libertad individual. La libertad se ejerce a través de la posibilidad de elegir, con ausencia de cualquier tipo de coacción, determinadas líneas de acción, capaces de maximizar el bienestar, la satisfacción o la utilidad, sobre la base de consideraciones de beneficios o ventajas y costos y desventajas. Se debe promover y cautelar el funcionamiento libre de los mercados, no interfiriéndolos ni distorsionándolos. La competencia debe estimularse a todo nivel, impidiendo las conductas monopólicas y oligopólicas y las interferencias del Estado. La doctrina neoliberal asigna al Estado un rol subsidiario, este debe actuar en forma impersonal, no discrecional y atendiendo solo al bien común.
La permanente vigencia de este principio a lo largo de cuatro décadas ha convertido -como lo he sostenido en diversos trabajos- a la sociedad chilena y su gente en la máxima expresión neoliberal de América Latina y, tal vez, del orbe.[2] Sin mayor excepción podríamos sostener que más del 80% de la población nacional se rige social, económica, política y culturalmente, por dicho principio. Todos, todas y todes quieren ganar. Todes compiten por alcanzar sus metas, tener éxito, lograr fama y, sobre todo, obtener dinero con el objeto de poder participar activamente en el paraíso, o sea, en el mercado.[3]
La sociedad chilena ha sido y es concebida como gran espacio público abierto a la competencia. La búsqueda frenética de la maximización de las utilidades o el mayor beneficio posible ha transformado a las y los ciudadanos neoliberales en competidores despiadados e inescrupulosos, sin ningún límite ético. Están dispuestos a todo, a mentir, engañar, tergiversar la realidad, ocultar, a pisotear los derechos de los otros, a franquear sin mayores problemas las fronteras de lo lícito y de lo ilícito, todo con el objeto de alcanzar el fin deseado o el objetivo planteado.
La sociedad neoliberal es una sociedad de la insatisfacción permanente y del deseo incontenido. Hombres, mujeres, niñas y niños han sido educados, formados, socializados y disciplinados, durante 45 años, en la idea de que todo es posible lograrlo si se tiene la férrea voluntad individual de proponérselo, desearlo, anhelarlo, ambicionarlo y de codiciarlo. El neoliberalismo promueve y celebra la codicia y la ambición como las virtudes más sobresalientes y destacadas de los ciudadanos. Rechaza las virtudes republicanas.[4]
La corrupción es, a nuestro juicio, el elemento clave para engrasar y permitir un mejor funcionamiento de la economía neoliberal, siendo el dinero el principio por excelencia de las oligarquías y grupos empresariales que compran o sobornan a gobernantes y servidores públicos de todos los niveles. Pero, también, de los gobernantes y servidores públicos que entran en un juego de reciprocidad con los grupos de poder para alcanzar sus metas y logros políticos y sociales. En el juego de la corrupción existen por un lado un corruptor y por el otro el corrompido. Cuando la corrupción se transforma en el nervio central del funcionamiento de la sociedad todos, todas y todes sus miembros, son parte ya sea directa o indirecta de ella.
Es innegable, luego de 45 años de neoliberalismo y de 30 años de democracia protegida, que entre los principales déficits de la sociedad chilena es la ausencia de una ética pública. Todos lxs gobiernos desde la dictadura de Pinochet hasta Piñera II han tenido diversos actos de corrupción política. Uno más otros menos, pero con seguridad ninguno de ellos se libra de no tener un acto de esa naturaleza. Es claro que el incremento sostenido de la corrupción se le corresponde una declinación o reducción sistemática de la ética pública. En todos los niveles del Estado (nivel nacional, regional y comunal) y de sus distintos aparatos y poderes (judicial, parlamentario, militar, comunicacional, entre otros) las diversas autoridades y funcionarios se han visto involucrados en actos de corrupción. Ello deja de manifiesto que la ética pública no ha sido una virtud entre las personas que han ocupado cargos de responsabilidad política en los últimos años.
Se requiere, entonces, con urgencia que la nueva etapa democrática que emprenda la sociedad chilena con la aprobación de una nueva Constitución Política de poner en practica una nueva ética pública aplicada, fundamentalmente, a sus autoridades electas como también de las y los ciudadanos nacionales.
Una Ética Pública para poner fin a la corrupción política
Cabe señalar que la ética pública no es una ética especial para los asuntos de gobierno y de la administración pública, se refiere, nos dice el especialista en esta materia Oscar Diego Bautista, sencillamente a la ética aplicada y puesta en practica en el ámbito público. Ahora bien, la ética aplicada en los servidores públicos implica un cambio esencial en las actitudes de cada individuo, lo cual se traduce en actos concretos orientados hacia el interés público.[5] Es lo que Max Weber denominó como “ética de la responsabilidad”.
La ética pública señala un conjunto de principios y normas para ser aplicados en la conducta de hombre y mujeres que se desempeñan un cargo público. Podríamos sostener que se trata de un área de conocimientos de contenido universal que agrupa valores y virtudes orientados por la vocación de servicio público y el buen vivir de la comunidad.
Cuando hablamos de ¨ética pública” nos referimos al perfil, formación y conducta responsable y comprometida de los hombres y mujeres encargados de las cuestiones públicas. Más allá de sus competencias profesionales y conocimientos sobre las materias que deben abordar las y los gobernantes deben estar inmersos en una moral pública.
Implementar y desarrollar en la sociedad, especialmente, en la enseñanza (básica, media y superior) de la ética pública implica formar y preparar personas, ciudadanxs, para cuando ocupen un cargo público lo hagan con diligencia y honestidad como resultado de la razón, la consciencia, la madurez de juicio, la responsabilidad y el sentido del deber. Una adopción verdadera de la ética exige un profundo cambio de concepción -abandonar, por ejemplo, la concepción neoliberal que rige a la ciudadanía nacional hace 45 años-, de actitud psíquica, de mentalidad, que logre impedir tanto pensamientos como acciones corruptas.
Por eso, el objeto material de la ética en el ámbito público es que busca cultivar la inteligencia en valores y moderar el carácter de las y los gobernadores. Con ello se busca evitar que personas sin escrúpulos ocupen cargos importantes al interior de la sociedad y el Estado escudándose además en la imagen de hombres y mujeres respetables y honorables. El fin último de la ética en política es el de rescatar la dignidad humana.
Desde octubre de 2019, la conflictividad política en Chile se ha presentado como la lucha por la dignidad humana. Sin embargo, la actividad política de los diversos grupos sociales y políticos que se confrontan han estado bastante reñidos con la motivación central de la rebeldía, o sea, de construir una política desde la “dignidad humana”. Diversos actos adversos con la ética pública han sido protagonizados por sujetos y actores sociales y políticos de todo el arco político actual. Lo cual nos deja en evidencia de que las formas de racionalidad neoliberal no han dejado de operar en la sociedad chilena, a pesar de la revuelta popular de octubre de 2019. Tanto el caso del constitucionalista Rojas Vade como el affaire de Piñera y Dominga, entre otros, son parte de esa pesada racionalidad que aún perdura y que hay que cambiar de manera urgente.
La ética pública se constituye en un poderoso instrumento que auxilia a la política para alcanzar su objetivo de ver por la pluralidad de intereses de los ciudadanos/gobernados. Consideramos que la combinación ético-política es indispensable para la recuperación de la confianza y la credibilidad de la democracia y sus instituciones. Porque si bien la política delibera sobre lo que es mejor o peor para la sociedad corresponde a la ética moderar los deseos de lxs políticos y funcionarixs preocupándose por el buen vivir y la adecuada convivencia.
Por una Democracia Ética
La crisis actual de la democracia hunde sus raíces en la corrupción política, la cual ha generado una total desconfianza y credibilidad en los actores e instituciones que la integran. Tanto los partidos políticos como la clase política, actores principales de la actos de corrupción política, tienen los peores índices de confianza entre la ciudadanía. Nadie quiere ni respeta a los partidos. Tampoco, la ciudadanía se siente representada. “Nadie nos representa”. Todxs son un “manga de corruptos y ladrones”. “Antes (de 1990) estábamos gobernados por asesinos, ahora, por ladrones”, son diversos juicios que la ciudadanía emite sobre las autoridades en diversos momentos de la historia política reciente.[6]
Se vuelve indispensable recuperar la confianza en las instituciones políticas y en la democracia. Lo que debemos tener claro es que cuando hay desconfianza porque se pierde la credibilidad. Y, esta se perdió, fundamentalmente, por durante 30 años, se ha mentido, se ha engañado, se ha prometido y no se ha cumplido, nunca han sido satisfechas las demandas y necesidades de las y los ciudadanos, por ende, este deja de confiar.
La desconfianza con la política y lo política es el rasgo característico de la ciudadanía neoliberal. La incertidumbre y la cautela sobre lo que viene es otro elemento constitutivo del accionar de una ciudadanía ausente de los asuntos públicos. Ambas actitudes explican el bajo entusiasmo que generan en la ciudadanía el actual proceso electoral como también los recelos con respecto al cambio constitucional.
Por cierto, para que la ciudadanía recupere la confianza política-electoral, recordemos que hay un 60% de la ciudadanía con derecho a sufragio que no lo ejerce, fundamentalmente, por desconfianza en la clase política, no bastan nuevas reglas y normas institucionales o constitucionales, se hace necesaria un ética pública que cuente con el atractivo suficiente como para motivar a actuar según un principio de justicia y de solidaridad incluyente, paritario y democrático.
Por otro lado, la ética pública implica un servicio a la ciudadanía pues entrega un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un elemento clave para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones al elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de las y los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos. En tanto no se logre un cambio verdadero y profundo que destierre el pensamiento neoliberal no se podrá recuperar la confianza en la actividad política en la sociedad chilena.
Dada la actual dominio de la corrupción en los diversos sectores de la sociedad (público, privado, social), en los diversos sectores de los poderes estatales (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Militar) así como en los diversos niveles del gobierno (nacional, regional, municipal), ya no podemos ignorar la importancia de un perfil ético en las y los ciudadanos que participan o quieran participar de los asuntos públicos.
Para que nuestra próxima democracia supere las lacras que le han provocado su crisis y el profundo malestar que la ciudadanía tiene hacia ella, se requiere incorporar instrumentos éticos en su funcionamiento. Los ámbitos indispensables en los que hay que poner énfasis son en mi opinión, tres, entre muchos otros, a saber:
- los procesos electorales,
- la operación interna de los partidos políticos o cualquier otra organización ciudadana que busque generar forma de representación política ciudadana,
- la determinación del perfil de las y los candidatos a puestos de elección popular
Cabe señalar que la ausencia de requisitos éticos en el perfil del aspirante a los cargos de elección da pie a la proliferación de prácticas corruptas una vez en el cargo. Si bien, la democracia permite y así debe hacerlo, la participación todxs lxs ciudadanos, no es un sistema político perfecto, puede, generar que lleguen al poder u ocupar cargos públicos personas incompetentes, oportunistas y los denominados out sider de la política que aprovechando de su “fama, éxito o dinero”, los tres requisitos centrales de la ciudadanía neoliberal, tales como cantantes, actores, deportistas, animadores (showmans) y otras y otros. Dándose el caso, que los partidos políticos con el objeto de “ganar” dan acceso a personas deshonesta o perversa: ladrones de cuello blanco, pedófilos, asesinos y narcotraficantes.
La política electoral neoliberal ha estado dominada por el espectáculo y el vacío[7], las apariciones públicas de las y los candidatos se planean en términos emocionales y visuales. Las imágenes han pasado a ser más importantes que las ideas. El papel mediático es vital.
Como señala Manuel Castells, la lucha por el poder en las sociedades democráticas pasa por la política mediática, la política del escándalo y la autonomía comunicativa de los ciudadanos.[8] De allí que las campañas electorales lo que venden son, sobre todo, imágenes y no contenidos. Se acabaron los tiempos en que aquellos que gobernaban eran, probablemente, los “mejores”. Hoy, la ciudadanía acaba prefiriendo a “su corrupto” frente al “corrupto” de enfrente porque como todos lo son, en la percepción general, eso ya esta descontado, salvo los casos excepcionales y raros de políticxs “vírgenes” a quienes la aureola le puede durar un breve tiempo.
Las elecciones se han convertido en un mercado por los votos y por los cargos públicos. Las campañas electorales, entre los actores vinculados y activos en el orden político neoliberal, se han transformado en “negocios” lucrativos para sus participantes.
Hasta antes del 2019 las razones que tenían las y los participantes en ellas buscaban de una u otra manera “maximizar sus utilidades” políticas, económicas, sociales y culturales. La mayoría de los que buscaban un cargo público lo hacían por razones individualistas y centradas en la biografía corta, para lograr obtener fama, éxito y dinero. Muchos de las y los electos estaban dispuestos a recibir sin menor escrúpulos las coimas y pagos de aquellos que buscaban lograr algún beneficio en las legislaciones que se discutían en el parlamentos, conseguir un permiso municipal para operar a nivel local, etcétera. Daba la impresión de que ello estaba cambiando con la rebelión de octubre de 2019, sin embargo, diversos casos expuestos por la prensa alternativa dan cuenta que la praxis electoral corrupta sigue accionando en el decadente sistema político electoral nacional.
Ante el desolador panorama de la democracia electoral nacional y de la corrupta clase política, ¿es posible hacer algo? Para el profesor Oscar Diego Bautista, una de las acciones inmediatas sería retomar las enseñanzas básicas de la teoría política. Esta ensaña que para el ejercicio de la política es necesaria una amplia preparación que integre educación, sentido pertenencia y virtudes cívicas.
En otros términos, es instalar como código normativo la ética pública. Es decir, incorporar la ética pública en la Ley de Partidos, en La ley de Elecciones, etcétera. O sea, una democracia plurinacional, participativa, inclusiva, paritaria, antipatriarcal, ecosocialista y, sobre todo, regida por una rigurosa ética pública. En la cual el perfil básico mínimo de los hombres y de las mujeres que aspiran a ocupar un cargo público puedan demostrar a lo menos cinco elementos, a saber:
- Conocimientos básicos de la materia. Así como para realizar cualquier trabajo se requiere poseer conocimientos previos, quien ocupe un cargo público precisa experiencia, compromiso y capacidad porque se va a asumir una gran responsabilidad pues va a adoptar, durante su mandato, una serie de decisiones vinculantes que afectaran la vida de miles o millones de ciudadanos.
- Capacidad para el cargo. Experiencia en el campo de la política. Para ocupar un cargo de Estado es necesario tener algún tipo de experiencia previa en la actividad política ya sea a nivel local, regional o nacional, no basta solo con la militancia social o política. Es básico haber estudiado y conocer de manera no superficial las diversas formas de gobierno, así como los principios políticos de cada una de ellas. Estar al corriente de los principales debates y problemáticas de la sociedad actual, tener una opinión fundada en cada una de ellas. Y, no depender de asesores y amanuenses para elaborar una opinión. Ser consciente de las formas de corrupción política y las maneras de evitarlas para no caer en ellas.
- Posesión de virtud y sentido de justicia, esto es, de valores éticos. Las y los políticos necesitan valores éticos porque están más expuestos a la corrupción política que otros/as ciudadanos, fundamentalmente, por contar con un margen mayor de discrecionalidad en las decisiones que los rodean: la vanidad, la adulación, la mentira, la ambición, así como los deseos de poder, placer y tener.
- No estar imputado en casos de corrupción, abusos y discriminaciones raciales, sociales y sexuales. Se refiere a vetar a aquellos aspirantes a los cargos que hayan estado involucrados en este tipo situaciones.
- Gozar de buena notoriedad, estima, prestigio u honor. Consiste en que las y los candidatos tengan buena notoriedad pública, ya sea como dirigentes sociales, sindicales, estudiantiles y de otros sectores, evitando así gente desprestigiada y corrupta.
La integración de un perfil para las y los aspirantes a cargos públicos se podría sentar las bases para aspirar a tener ciudadanxs interesados por el bien de la sociedad y del Estado. Evitar que este último sea un botín para la acción de las y los corruptos.
No obstante, para que todo lo anterior pueda ser una realidad es necesario transformar radicalmente la sociedad neoliberal, modificar las estructuras de poder del capitalismo neoliberal, conformar una nueva democracia, etcétera. Para que ello sea posible es necesario instalar la ética pública dique de contención a la corrupción.
Tarea para la Convención Constitucional. Pero también para las y los ciudadanos que al momento de elegir lo hagan de manera reflexiva e informada. Si muchos de los 3 millones de electores que votaron por Sebastián Piñera, tanto en las elecciones presidenciales de 2010 o de 2017, le hubieran evitado, a Chile, el bochornoso hecho de estar hoy en los principales titulares de la prensa mundial como un gobernante, posiblemente, corrupto. Pues, existían antecedentes -que ponían en duda su integridad ética en materia de negocios- suficientes para impedir su candidatura a la primera magistratura.
Juan Carlos Gómez Leyton
San Joaquín, 7 de octubre de 2021
®JCGL/jcgl
[1] Francisca SkoKnic (LaBot) y Alberto Arellano (CIPËR): Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Isla Vírgenes Británicas. https://www.ciperchile.cl/2021/10/03/pandora-papers-familias-pinera-y-delano-sellaron-millonaria-compraventa-de-minera-dominga-en-islas-virgenes-britanicas consultado el 06 octubre 2021.
[2] Gómez Leyton, Juan Carlos: Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile:1990-2010) Editorial ARCIS/CLACSO, Santiago de Chile, 2010.
[3] Moulian, Tomás: El Chile actual. Anatomía de un mito. Editorial ARCIS/LOM, Santiago de Chile, 1997.
[4] Gómez Leyton, Juan Carlos, “Corrupción Política y Sociedad Neoliberal, Chile: 1990-2017”, ponencia presentada en www.congresoalacip2017.org
[5] Diego Bautista, Oscar, Ética para Gobernar sin Corrupción. INAP. A.C., Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM, México, 2017.
[6] Juicios recogidos entre estudiantes, pobladores y ciudadanos entre 2007-2016 para nuestra investigación, Democracia, Corrupción y Crisis Política en la sociedad neoliberal: Chile 1990-2018. Texto inédito. Sin publicar.
[7] Tomás Moulian, De la política letrada a la política analfabeta. LOM Ediciones, 2004.
[8] Manuel Castells, RUPTURA. La crisis de la democracia liberal. Alianza Editorial. 3° Edición, 2020.
