Más allá del concepto república
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Revuelo ha causado que la comisión de reglamento de la Convención Constitucional haya eliminado, o no utilizado, o propuesto eliminar, la frase “República de Chile”. Asunto que seguramente no prosperará en la redacción final de la nueva Constitución. Pero el tema es otro. El tema es que el concepto “República de Chile” no debe estar en la nueva Constitución en la nebulosa, como sucede actualmente. En el Capítulo I (Bases de la institucionalidad), el Artículo 4, de la Constitución de 1980, dice: “Chile es una república democrática”, solo una breve línea. Claro, es una república, y todos sabemos qué significa “república”, pero ¿qué significa “democrática” dentro del contexto de este artículo en particular y dentro del contexto general de la actual Carta Magna? He ahí el meollo del asunto. Lo que se debe resolver con claridad. Pero antes, veamos que contenían al respecto las anteriores Constituciones. En la Constitución de 1925, el Capítulo 1 (Estado, Gobierno y Soberanía) Art. 1, expresaba: “El Estado de Chile es unitario. Su Gobierno es republicano y democrático representativo”. El Art. 2 rezaba que “La Soberanía reside esencialmente en la Nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta Constitución establece”. Por su parte, la Constitución de 1833, decía: Capítulo primero (De la forma de gobierno) Art. 1 “El gobierno de Chile es popular representativo”. Art. 2 “La República de Chile es una e indivisible”. Art. 3 “La soberanía reside esencialmente en la Nación que delega su ejercicio en las autoridades que establece esta Constitución”.
Como se lee, solo conceptos en la nebulosa, que siempre han sido manejados a su acomodo por la oligarquía chilena. No es gratuito que a finales del siglo XIX Eduardo Matte, bisabuelo del empresario Eliodoro Matte Larraín haya dicho con desparpajo: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”. En el mismo sentido, Diego Portales había escrito a Joaquín Tocornal en 1832 que: “El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos: la tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de la tranquilidad pública”. Obviamente esa garantía de tranquilidad pública se celebra porque permitía el abuso sin impedimento alguno contra el pueblo. Pero ese pueblo “influenciable y vendible” se ha levantado —o intentado hacerlo— varias veces. Y tantas veces ha sido reprimido, asesinado, torturado, desmovilizado. La última insurrección fue el 18 de octubre de 2019, y para frenar la caída del presidente Piñera la casta política recurrió a un acuerdo para redactar una nueva Constitución mediante una Convención Constitucional. El acuerdo fue con letra chica, pero la elección de los convencionales en algo aportillo el acuerdo entre gatos y medianoche.
Dado lo anterior, lo que aquí amerita es que al redactar la nueva Constitución quedé claro a que se refiere “República democrática”; es decir, que se defina el término democracia dentro de la Constitución. Eso es lo primero, y sobre esa base definir todos los demás articulados. Nuestra propuesta es que en el Capítulo 1 (Bases de la institucionalidad) debería estar encabezado por lo siguiente: Art. 1 “Chile es una República Democrática, cuya democracia se define como: El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece y que podrán ser sometidas a plebiscitos revocatorios de sus mandatos de acuerdo a una ley establecida para ello. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio por sí mismo, ni siquiera el presidente, Poder Legislativo o Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es y será siempre, el pueblo convocado en plebiscito”. También es fundamental que el Parlamento dé paso a una Asamblea Nacional Legislativa (unicameral) que sea electa con una nueva ley electoral que acabe con los privilegios de los partidos políticos, y apunte a que en un futuro estos desaparezcan tal como los conocemos hoy. Solo con esos cambios podríamos llegar a ser una República verdadera.
Por Alejandro Lavquén
