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Sesión de comisión de Agricultura con ministra Undurraga no debe ignorar informe de Contraloría sobre plaguicidas

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Según la tabla oficial de citaciones de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la Ministra de Agricultura María Emilia Undurraga y al director del Servicio Agrícola, Horacio Bórquez, asistirán este martes a la instancia para exponer sobre la situación de la crisis alimentaria en Chile. Llama la atención que la citación no menciona el asunto del lapidario informe de la Contraloría sobre plaguicidas y SAG, y las implicancias y riesgos que ello tiene en la salud y alimentación de las y los trabajadoras/es agrícolas y consumidores chilenos.

A más de dos meses de la difusión pública y a más de tres meses de la entrega a diputados y senadores del crítico informe de Contraloría sobre la gestión del SAG en plaguicidas, parece necesario recolocar el tema para que el documento no se convierta en un archivo más, pese a la alarma pública que generó.

Inicialmente se había informado que el Senado había citado a la ministra de Agricultura, a explicar la aprobación en Chile de 99 plaguicidas prohibidos en la Unión Europea y más de 40 listados como Plaguicidas Altamente Peligrosos, según el Sistema Global Armonizado (SGA) y OMS, sin considerar los riesgos para humanos, animales y ambiente en el período comprendido entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo ello no ocurrió o bien no se conocieron los resultados.

Por tanto hacemos un llamado a todos los integrantes de la Comisión de Agricultura y en especial a la diputada Alejandra Sepúlveda, representante de una zona donde la agroindustria emplea precisamente ese tipo de plaguicidas en los cultivos de exportación, a incorporar este delicado asunto en la discusión que darán con las autoridades responsables del tema en Chile.




Contraloría reprochó al SAG autorizar el uso de plaguicidas con base sólo en los documentos de las empresas productoras de los agrotóxicos; no incorporar criterios sobre impactos en la salud ni el efecto crónico de los agrotóxicos; y contar con cero participación de otros organismos competentes como los Ministerios de Salud y Ambiente. A ello se agrega en el reproche, el nulo acceso a la información que permita la participación ciudadana en el proceso de registro y el no cumplimiento de las obligaciones emanadas del Convenio de Rotterdam, del cual Chile es Parte y SAG es la Autoridad Nacional Designada, entre otras irregularidades.

María Elena Rozas, sostuvo al respecto: “Las diputadas y diputados no pueden permanecer indiferentes ahora que ya está confirmado: en Chile están en uso intensivo 51 principios activos plaguicidas con efecto cancerígeno según las clasificaciones internacionales.  Las regulaciones sobre plaguicidas, además de ser laxas, no están en concordancia con las regulaciones europeas y de otros países.”



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