Razones políticas para postular y patrocinar a lxs candidatos de la Lista del Pueblo

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“ser de izquierda

(actualmente) debiera definirse a partir…

de una actitud ética de resistencia y rebeldía

frente al modo capitalista de la vida civilizada…

Esta actitud y la coherencia práctica con ella…

es lo que distingue… al ser de izquierda,

por debajo y muchas veces a expensas de

una posible “eficacia política”

de un posible aporte efectivo a

la conquista del poder estatal

“en bien de las mayorías”.

Bolívar Echeverría,

Vuelta de Siglo, Era, México, pp. 261.

Por la libertad de todxs los combatientes

de la Revuelta de Octubre 2019

y los wychafes del pueblo-nación mapuche

1.- Un autoexilio electoral llega a su fin

Hace 34 años el Partido Socialista Salvador Allende (PSSA) adoptó la decisión política de que no iba a participar electoralmente en la institucionalidad política establecida por la dictadura pinochetista. Lo cual suponía no inscribirse en los registros electorales ni sufragar en el plebiscito sucesorio de 1988. El diagnóstico político que fundamentaba dicha decisión estaba en que ese proceso político constituía una vía para proyectar en el tiempo la institucionalidad autoritaria, el régimen económico y social fundado a sangre y fuego por la dictadura desde 1973 en adelante. La postura allendista señalaba que la derrota electoral del dictador era insuficiente para superar todo lo establecido desde el golpe de Estado, se quedaba corta política e históricamente. Para terminar con la obra de la dictadura había que derrotarla integralmente. Para ello era necesario impulsar todas las formas de lucha social y política posible, sin excluir, la violencia revolucionaria. La derrota del dictador debía ser simultánea con la caída del régimen.

Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos opositores como también los movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas de la época no lo consideraban de esa forma. Tanto los distintos partidos que conformaban la Alianza Democrática (AD), el Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Bloque Socialista desde fines de 1986 y agosto de 1988, fueron sumándose activamente al movimiento social, político y electoral que llamaba a votar NO en el plebiscito de 1988. Solo las organizaciones políticas que habían optado por la lucha armada y directa contra la dictadura se marginaron del proceso electoral. Lo mismo hizo el PSSA. Se estaba convencido y así lo expresamos en diversos documentos políticos, que la ruta política institucional solo conducía a la consolidación de la dominación neoliberal. Decíamos en aquella época:

“el autoritarismo, a partir de …1986, pasó, de una estrategia defensiva de administración de su crisis… a una ofensiva de consolidación político-institucional en la perspectiva de continuidad del régimen. El “Hobbes constitucional” tiende a convertirse en realidad con ayuda de la ineficacia de las estrategias opositoras.”

Esta estrategia de continuidad encontró el resuelto apoyó de la Democracia Cristiana como también del Socialismo renovado, o sea, de la AD y también, del socialismo almeydista, que quebró al MDP, dejando al PC y a otros grupos miristas y socialistas aislados. Esta operación política opositora implicó que la movilización social y la protesta fuera “despojada de toda arista rupturista”.

En nuestra opinión el abandono de la perspectiva rupturista de la protesta en contra del régimen autoritario implicaba la consolidación en el futuro próximo del:

“Estado capitalista dominado por la capa oligárquica-financiera y con tutelaje militar. Esta “democracia protegida”, sostenida en la Constitución de 1980, está destinada a impedir a perpetuidad la emergencia de un proyecto democrático-popular que ponga en trance de superación al sistema”.[i]

Por consiguiente, en 1987, o sea, hace 34 años, el análisis político de lo que se venía con el abandono de la “acción rupturista” no era la derrota del autoritarismo ni del patrón de acumulación neoliberal sino más bien su consolidación institucional y continuidad histórica. Aunque se derrotara electoralmente la continuidad del dictador en el plebiscito de 1988, la estructura poder se mantendría por largo tiempo. Para esos efectos, los autoritarios se habían dotado de un conjunto de herramientas políticos institucionales que les permitiría contar con “poder de veto” aunque fueran minoría electoral. Este “poder de veto” estaba previsto para hacer frente a la estrategia política levantada por la oposición política institucional de “reformar el régimen desde adentro”.  Esta posibilidad era, por cierto, una “gran ingenuidad política” de parte de los opositores institucionales a la dictadura, pues, cualquier análisis serio de la CP1980 demostraba que el “poder de veto” que disponía la derecha estaba en las propias normas de la Constitución y no estaba condicionado al apoyo electoral de la misma.

Por lo tanto, el análisis descarnado tanto de las tendencias y de la situación histórico-real de provocar con la “institucionalización” o sea, inclusión de la oposición en el régimen “democrático protegido” un quiebre o una ruptura o destrucción, eran febles e imposible. La historia se encargó de despegar cualquier duda sobre la certeza de esa afirmación.

Por todo lo anterior que el PSSA adoptó la decisión política de no llamar a inscribirse en los registros electorales, a no participar en el plebiscito sucesorio y a considerar a dicho proceso político como un “fraude político”. Esta decisión no implicó abandonar la lucha política todo lo contrario nuestro trabajo fue estar activamente en todos los espacios públicos (marchas, concentraciones, actos de propaganda) posibles para hacer presente nuestra profunda convicción de que la “vía institucional” solo conducía a ingresar cantando “la alegría ya viene” a la jaula de hierro del autoritarismo pinochetista. Y, que al mismo tiempo se cerraba toda posibilidad histórica de construir un proyecto democrático-popular.

El triunfo del “NO” en el plebiscito no abrieron las “grandes alamedas” ni lxs trabajadores ni el pueblo recuperaron los derechos conculcados y pisoteados por el dictadura. Tampoco se hizo justicia plena, todo en la medida de lo posible. Nunca fue posible reformar radicalmente la CP80, pues, en la sociedad chilena se había consolidado un sector político ciudadano que apoyaba social, económica y cultural y electoralmente al capitalismo autoritario neoliberal. Los apoyos electorales que recogían y obtenían los partidos de la derecha que si bien entre 1989 y 2010, no les permitían ganar la presidencia, eras eran suficientes para mantener y reforzar en el Parlamento, el poderoso “poder de veto”. Con dicho poder la derecha y, muchas veces, con la complicidad misma de la Concertación consolidaron, ampliaron y proyectaron la “democracia protegida”.

El paso del tiempo las diferencias entre aquellos que habían apoyado a la dictadura y los opositores se fueron diluyendo y olvidándose. Y todos actores políticos y sociales, como también, la ciudadanía, asumieron que el neoliberalismo era no solo el presente sino y, sobre todo, era el único futuro posible. Emergiendo, así, la sociedad neoliberal.

Incluso aquellos que habían rechazado al neoliberalismo y especialmente a la “democracia protegida” terminaron aceptándolo. Muchos compañeros y compañeras del PSSA optaron por incorporase al Partido Socialista de Chile, durante el proceso de unificación de 1991. Otros y otras optamos por “exiliarnos” de tan nefasto régimen político. Nos volvimos ciudadanos subpolíticos, nos fuimos a los márgenes del sistema político y social a construir y hacer política de otra forma. No obstante, nunca abandonamos la crítica al sistema, somos y seremos anticapitalistas, nos hicimos ecosocialista, antipatriarcales, activos defensores de las reivindicaciones los pueblos originarios no solo de Chile, sino de América Latina y el Caribe, asumimos todas las luchas sociales y políticas latinoamericanistas, especialmente, la del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, de México; seguimos con atención y admiración política el proceso político boliviano y la acción del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, la revolución bolivariana de Venezuela, etcétera. Frente todas esas nuevas experiencias políticas asumimos la crítica política. Nunca abandonamos la idea de la revolución social. Seguimos pensando que solo la emancipación total de capitalismo nos hará libre.

Nos volvimos consecuentemente abstencionistas y nunca volvimos a militar ni participar en un partido político.

He mantenido y seguido profundizado mis convicciones de hombre de izquierda, marxista y revolucionario.

2.- Por qué patrocinar a los candidatos de la Lista del Pueblo

Toda esa historia política llega hoy, no sé si a su fin, pero, por lo menos, haremos un alto. Puesto que he tomado la decisión de abandonar tanto mi condición de ciudadano subpolítico[ii] y el exilio electoral de más de tres décadas. Dejaré, coyunturalmente, la condición de activo militante del “Partido de lxs no electores”.[iii]

He decidido solo patrocinar las candidaturas de los independientes patrocinados por La Lista del Pueblo a Presidente, Senadores, Diputados y CORES, yo mismo me he inscrito como candidato independiente a Diputado por el Distrito 10 patrocinado por la Lista del Pueblo.

Patrocinar a estas candidaturas supone también que el próximo mes de noviembre concurriré a sufragar por Cristián Cuevas Zambrano[iv] u otro candidato que la Lista del Pueblo patrocine como para presidente, por Fabiola Campillai, para senadora; por cualquier candidato para diputado por el Distrito 10 -que reciba el patrocinio de la Lista del Pueblo- espero ser yo. Y, por cierto, por cualquier candidato (a) a CORES de la Lista del Pueblo.

A pesar que el actual proceso político abierto en octubre de 2019 se encuentra en una fase de institucionalización política, especialmente, en lo referido a la elaboración de una nueva Constitución Política, considero que hay un aspecto político que fundamenta mi decisión de abandonar mi abstencionismo electoral -político institucional que marca la diferencia con la decisión tomada hace 34 años atrás, a pesar, que el actual proceso constituyente también cerró o aborto la “ruptura insurreccional” del orden político actual.

La derecha política, a pesar de las derrotas experimentadas en el plebiscito del 5 de octubre y en las presidenciales y parlamentarias de 1989, mantuvo el “poder de veto” tanto electoral como institucional. El apoyo parlamentario de la derecha no era bajaba del 40% del electorado nacional. A pesar de ser minoría, gracias el sistema binominal, durante 30 años impidió cualquier cambio político institucional.

Por otro lado, el poder infraestructural que implemento y desarrollo la clase capitalista al interior de la sociedad chilena les ha permitido controlar no solo los aparatos estatales sino también los ideológicos, especialmente, los medios de comunicación de masas como también los centros de formación, o sea, las universidades, etcétera.

Una de las principales consecuencias políticas de la revuelta popular y ciudadana de octubre de 2019 especialmente la derrota electoral de la derecha en las elecciones de convencionales el 15 y 16 de mayo pasado, ha sido dar inició a un proceso de desconstrucción del “poder veto” de la derecha política.

Aunque la violenta insurrección de octubre de 2019 no tuvo como objetivo principal el cambio constitucional sino poner fin al capitalismo neoliberal. El poder constituido en una espuria alianza entre los partidos del orden neoliberal concordó poner en marcha un proceso constitucional destinado a lograr la paz social e instituir un nuevo orden político-institucional. Con ese acuerdo la revuelta insurreccional anticapitalista fue derrotada y encerrada en un proceso institucional electoral.

La revuelta transfigurada en una movilización social y política anticonstitucional requería derrotar la dominación neoliberal electoralmente, especialmente, a la derecha en el plebiscito de entrada previsto en la Ley 21.200 para abril del 2020. Las inclemencias sanitarias del país producto de la pandemia de Covid-19 hicieron que dicho plebiscito se postergara para octubre de ese año. Todos los diagnósticos políticos apuntaron que el Apruebo ganaba el plebiscito, esto es, la ciudadanía votaría favorablemente la idea de terminar con la CP80. Y, también, apoyaría que la nueva constitución se realizará por una Convención Constitucional integrada en un 100% por convencionalista electos directamente por la ciudadanía, y ojalá, sin mediación de los partidos políticos institucionales o no vinculados al orden neoliberal de los últimos 30 años. La opción era por los independientes sin partidos.

Si bien la derecha hasta octubre de 2020 estaba golpeada como “mono porfiado” resistía los embates y los golpes que le propinaba la ciudadanía en rebeldía. El gobierno del empresario Sebastián Piñera, cada mes perdía adhesión y apoyo ciudadano. Incluso entre sus más fervientes adherentes. Aquí la crítica política se centraba en la incapacidad e ineficiencia del gobierno en frenar el descontento ciudadano ya sea por “falta de garrote” o por “escasas zanahorias”. El gobierno zozobraba en aguas muy turbulentas. No obstante, el Chile Vamos, se propusieron defender la institucionalidad pinochetista en el plebiscito de entrada. Y, decidieron, apoyar la opción “Rechazo”.

3.- Una derecha política sin “poder de veto”: una gran oportunidad política para LdP

El costo de esa decisión política fue brutal y dramático: el Chile Vamos vio reducido su apoyo electoral a solo al 21% de electorado nacional. Considerado todo el padrón electoral la derecha cuenta con tan solo el 11% del apoyo ciudadano. La alta participación de los sectores no votantes, especialmente, de los sectores populares en el Plebiscito del 25 de octubre 2020 cambio la correlación de fuerzas políticas en el país. No solo fue derrotada la derecha, sino que también la decisión de votar masivamente por una Convención Constitucional ciudadana en vez de una Convención Mixta (con participación directa de la clase política) fue interpretada como un fuerte rechazo electoral a los partidos políticos conformes con la democracia protegida.

Una derecha debilitada no pudo unificar a todxs los integrantes del Chile Vamos para mantener su “poder de veto” parlamentario. El cual comenzó a diluirse y tuvo que aceptar la paridad, los escaños reservados para los pueblos originarios y la inscripción de listas de candidatos independientes a la Convención Constitucional.

No obstante, la derecha presentó una lista única de candidatos a la CC con el objeto de lograr el 1/3 de lxs convencionalistas necesarios para recuperar y recomponer su “poder de veto”. Fracasó y solo obtuvo 37 convencionalistas. Sin poder político de veto la derecha se comporta como fiera acorralada furiosa y agresiva. Se ha vuelto peligrosa.

Aunque no cuenta con poder de veto para obstaculizar la elaboración y redacción de una nueva Constitución Política no implica que esté derrotada, aún conserva y posee el control de otras dimensiones del poder infraestructural con el cual tiene incidencia en la sociedad y el régimen político. Controla monopolísticamente los principales medios de comunicación de masas, especialmente, la televisión, la prensa radial y escrita. Controla aparatos ideológicos como son las universidades privadas y centros de pensamientos que influyen directamente en la opinión pública, en especial entre los distintos sectores de las capas medias.  Controla los aparatos de represión y la justicia. Y, si bien, no controla el poder legislativo, hasta marzo de 2022, seguirán ejerciendo su débil poder de veto que poseen en el parlamento amparado aun en las reglas y normas de la Constitución de 1980. Tengamos presente que hasta fines del año 2022 no se tendrá la nueva constitución política hasta esa fecha seguirá rigiendo la institucionalidad autoritaria pinochetista.

Es en relación con esto último donde la coyuntura electoral de noviembre próximo se vuelve un torneo estratégico y fundamental para las fuerzas sociales, políticas democráticas y populares para potenciar el proceso de cambio hacia una dirección que no era posible vislumbrar antes de los resultados electorales de la elección de convencionalista en mayo de 2021.

Lo más notorio y relevante para el proceso constitucional y para el proceso político abierto en Octubre de 2019, fue la irrupción en el espacio institucional de la democracia protegida de una fuerza política y social que proviene desde los márgenes y directamente de la Primera Línea, actor central de la revuelta: la Lista del Pueblo. Un colectivo fundado por ciudadanos, esencialmente, subpolíticos, muchos ellos integrantes de los que he denominado el “partido de lxs no electores”. Ciudadanxs que han realizado y practicado en sus territorios la otra política, en los márgenes del sistema. Desilusionados de los partidos políticos conformes con el orden neoliberal. Ellos activaron el poder constituyente plebeyo, popular y revolucionario. Astuta y estratégicamente aprovecharon la grieta abierta por la decisión de sacrificar, por parte del poder constituido, y se organizaron para participar electoralmente en las elecciones de convencionalistas.

Su estrategia electoral fue exitosa y logra instalar en el CC nada menos que 27 convencionalistas, constituyéndose en la tercera fuerza política al interior de la CC. Y, la segunda fuerza entre los sectores opositores a la derecha neoliberal, autoritaria y conservadora del Chile Vamos, detrás de Apruebo Dignidad que eligió a 28 convencionalistas. Sin embargo, entre ambos grupos las diferencias políticas, ideológicas y programáticas son muy marcadas y antagónicas. Predominando una manifiesta desconfianza y falta de credibilidad política de parte de los integrantes de la LdP hacia los partidos políticos que conforman la Alianza de Apruebo Dignidad. Aunque, los partidos políticos no solo de Apruebo Dignidad sino de todos los que conforman el sistema partidos tienen igual o niveles superiores de desconfianza de lxs sectores independientes.

La aparición pública de la Lista del Pueblo fue una sorpresa política para todos los actores participantes en la democracia protegida. Su emergencia fue recibida y vista como un riesgo y amenaza política y electoral, especialmente, para la izquierda institucional, representada, tanto por el Partido por la Democracia, PPD, el Partido Socialista de Chile, el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile como también para los diversos partidos y organizaciones de la izquierda no institucional. La LdP expresa la nueva política, aquella que se forjó en los márgenes del sistema por varios años, la transformación y al surgimiento de nuevas formas de representación política, de participación y de vinculación entre las ciudadanías y los espacios decisión de la democracia.

El sistema político y sus actores tienen miedo. Y ese miedo explica la virulenta y violenta reacción retórica de parte de distintos actores políticos a la designación de parte de la LdP de un candidato presidencial, revela el temor que genera la presencia y acción política electoral de este sector político y, sobre todo, porque puede convocar y movilizar a sectores ciudadanos que podrían modificar radicalmente el mapa y el escenario político actual. Provocar, por ejemplo, la pérdida de poder electoral de los partidos políticos de la democracia protegida que puede implicar el derrumbe integral del sistema de partidos.

Su principal debilidad y al mismo fortaleza está en el hecho que se trata de una organización social política ciudadana que se define como “no partidista”. Esta definición por cierto es compleja y difícil de concretar empíricamente, fundamentalmente, por el situarse al interior de un régimen político con fuerte y monopólica presencia de los partidos políticos. Esto supone todo un desafío político.

El éxito político electoral de LdP en las elecciones de lxs convencionalistas de mayo de 2021 está directamente relacionado con la circunstancial decisión adoptada, bajo presión social popular, de la “clase política parlamentaria” de autorizar o permitir la inscripción de listas de independientes. En efecto a través de la Ley N° 21.216 se posibilitó a la ciudadanía que no milita en partido político conformar listas de independientes. Esta posibilidad no está contemplada para las elecciones parlamentarias de noviembre próximo. Fue completamente descartada por la Cámara de Diputados actual. Con lo que obligará a lxs ciudadanos independientes que quieran participar como candidatos a CORES, Diputados y Senadores competir individualmente entre ellos y con otrxs para conseguir lxs patrocinios necesarios para llegar a la papeleta e incluso lograr obtener el patrocinio exclusivo, por ejemplo, de la Lista del Pueblo.  Son las primarias del pueblo.

Por consiguiente, las formas y procedimientos ideados por el LdP, que hoy se despliegan en los distintos territorios populares para seleccionar a sus candidatos son mecanismos informales que se ajustan a los formales producto de que los legisladores actuales cerraron la posibilidad de que lo que se hizo para las elecciones convencionales se repitiera en las elecciones parlamentarias próximas. En otras palabras, lxs candidatxs independientes, o sea, ciudadanxs sin partidos políticos, siguieran derrotando a los partidos. Y, pasaran ellos a controlar y a dirigir la democracia.

Esta última es la principal razón política por lo cual todxs lxs ciudadanxs debiéramos apoyar a todxs lxs candidatxs  de la LdP que se postulen en las próximas elecciones.

Este nuevo escenario político ofrece una estructura política de oportunidad única para profundizar la derrota de la derecha política como también iniciar la transformación efectiva y concreta del régimen político y del sistema partidos políticos vigente desde 1990.

La emergencia de La Lista del Pueblo demostró en los hechos que es posible combinar las formas de participación y de representación de las organizaciones y colectivos ciudadanos con los partidos políticos. Y, que estos no tienen por qué monopolizar la representación ni la participación ni la postulación a cargos públicos, etcétera. La LdP, por lo menos, en la elección de convencionales quebró la hegemonía de los partidos políticos en esa materia. Por esa razón, la clase política parlamentaria cerró la posibilidad de que  los colectivos ciudadanos pudieran presentar listas de independientes a las elecciones del noviembre, demostrando con dicha decisión impedir la participación directa de la ciudadanía en dicho torneo. Así, los partidos conformes con la democracia liberal-representativa, desde la derecha a la izquierda, obstruyen la construcción de la democracia directa y popular. Insisten sostener una democracia elitista y alejada de la ciudadanía. Lo más probable que los partidos actuales asuman en el parlamento el poder de veto para frenar el avance democrático popular.

Por esa razón, es necesario apoyar a los candidatos de la LdP con el objeto de quebrar ese poder en el próximo parlamento. Si la Lista obtuvo de manera silenciosa y con un trabajo de hormiga en los territorios, sin prensa, sin propaganda millonaria, etcétera, un excelente resultado electoral el 15 y 16 de mayo es urgente y necesario lograr hoy, por lo menos, el doble de representantes, es decir, 54 a 55 diputados y la mayor cantidad posible de senadores, para quebrar el monopolio de los partidos políticos conformes con el sistema.

Se hace necesario y urgente lograr no solo un buen resultado parlamentario, sino que también es primordial que la LdP logré conquistar la presidencia de la República. Al objeto de conducir la transición entre la “democracia protegida” y del nuevo régimen democrático, que surja de la CC y la nueva Constitución Política, por un lado; por otro lado, comenzar a poner las bases sociales, económicas y culturales de una nueva sociedad poscapitalista.

Hoy es el momento de profundizar la derrota política de la derecha autoritaria y neoliberal pero también de la centro-izquierda neoliberal como de los partidos de políticos de la izquierda tradicional. Tengo la impresión de que, tal vez, lxs candidatxs del LdP representan una genuina alternativa democrática plurinacional, paritaria, popular, feminista y ecosocialista.

Para lograr la derrota de los partidos políticos conformes con la democracia protegida como para lograr la victoria electoral en las próximas elecciones es necesario avanzar en la consolidación e institucionalización de La Lista del Pueblo como una organización política ciudadana con vocación de poder. Para ello debe establecer normas y reglas internas que gobiernen su devenir y su acción, establecer procedimientos claros en todos los niveles de decisión del colectivo. Son tareas políticas que deberán ir haciéndose con el caminar, con voluntad y tesón. Pues, no están exentas de dificultades. Porque, el pueblo, la plebe, la ciudadanía que mayoritariamente desde 1997 hasta la actualidad comenzó a vaciar el sistema político legado por la dictadura y sostenido por la Concertación, la Nueva Mayoría y la Derecha, lo exige y lo espera.

La tarea política e histórica que se planteó la LdP fue abierta todxs aquellxs jóvenes que saltaron los torniquetes del Metro, perdieron sus ojos, fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado o se encuentran en prisión política en la gesta insurreccional, subversiva y anticapitalista de octubre de 2019. Por ello su acción política tiene un razón ética revolucionaria. Lo cual obliga a ser responsable con todas y cada una de la decisiones estratégicas que adoptan.

Para impedir, una vez más, que las ciudadanías populares no se decepcionen y continúen engrosando el “partido de lxs no electores” la LdP debe evitar caer en situaciones engorrosas que quiebren la confianza y la credibilidad política entre las y los ciudadanos. El pueblo votante y no votante debe volver a tener confianza y credibilidad en sus organizaciones sociales y políticas esa es una condición fundamental para poder construir desde abajo y desde la izquierda el genuino y necesario proyecto democrático popular al objeto de construir una sociedad poscapitalista, igualitaria, justa y, sobre todo, en donde se respete la vida humana como la natural. De lo contario la devastación capitalista de la vida continuara hasta que destruir todo. No tendremos nada que legarles a las próximas generaciones. Es nuestro deber evitarlo.

Juan Carlos Gómez Leyton

San Joaquín, agosto 2021

©JCGL/jcgl

[i] VV. AA, 1987: Conflicto Político. Balance y Perspectivas, en Revista ANDES, Año IV, N°6, 1987. Instituto de Estudios Contemporáneos, IEC, Santiago de Chile, pp. 9-53.

[ii] Para comprender el concepto de “ciudadano subpolítico” ver mi libro: Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile, 1990-2010), Editorial UARCIS/CLACSO, Santiago de Chile, 2010, pp.165-246.

[iii] Sobre el “partidos de lxs no electores” ver mi documento: El “partido de las y los no electores” en la democracia neoliberal, chile 1990-2016, en www.congresoalacip2017.org.

[iv] Al momento del cierre de este documento la LdP había designado al compa Cristián Cuevas Zambrano como presidenciable.  Sin embargo, un comunicado con fecha de 10 agosto señala que se ha decido “no apoyar a ningún candidate a la presidencia sin pasar antes por un proceso de consulta ciudadana”.

Juan Carlos Gómez Leyton

Dr. en Ciencias Sociales y Políticas Director Académico, CIPPSAL

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