La impunidad en los delitos económicos está a la orden del día  

Se trata de comportamientos corruptos que afectan al sistema democrático y a la igualdad ante la ley y por ello lo que hizo la poderosa empresa SQM, al entregarle dineros contra facturas falsas a varios políticos y operadores de ambos bandos, lo que el ex ministro del Interior Peñailillo en el gobierno de Bachelet intentó invisibilizar, ha sido muy criticado por todos, pero más horrible ha sido la inacción de la fiscalía regional de Valparaíso y del Servicio de Impuestos Internos (SII), instancias públicas que optaron por salvarles la vida a 34 individuos que recibieron platas truchas de dicha empresa, lacra que se mantuvo impune.

La fiscalía regional de Valparaíso, a través de su titular Claudia Perivancich, para justificar su sosiego, le endosó la responsabilidad al SII y en todo caso sobre esa fiscalía recordamos que se negó a investigar una querella que interpusimos tiempo atrás por prevaricación en las municipalidades de Viña del Mar y Valparaíso, práctica incorrecta, con la cual unos empresarios construyeron edificios en esas 2 ciudades con mayor altura que la permitida. Ello se produjo debido a que sus directores de obras municipales no exigieron en las solicitudes de permisos, los cálculos idóneos de los conos de sombra, generándose así el recurrente vicio de la competencia desleal en ese mercado.

Guetos verticales ilegales en Estación Central 

También, dentro de otros tantos casos de arreglines, lo que hasta ahora ha quedado sin sanción alguna, son las millonarias inversiones inmobiliarias privadas en la comuna de Estación Central, creada en el año 1985 durante la dictadura cívico-militar. Nos referimos, dando cuenta de hechos acreditables, al emplazamiento de decenas de torres habitacionales en altura con agrupamiento continuo, difundidas por la prensa como guetos verticales, en un sector determinado de esa comuna que no contaba con un Plan Regulador Comunal (PRC).

De acuerdo a un informe oficial, llamado catastro municipal, del 23 de junio de 2017, se da a conocer un listado de 72 permisos de edificación con agrupamiento continuo, otorgados entre el 17 de octubre de 2012 y el 12 de abril de 2017 en ese sector que no contaba con regulación urbana. La dirección de obras municipales (DOM) de Estación Central los había cursado con alturas que varían entre los 20 y 38 pisos, considerando cada uno de ellos en promedio unas 600 diminutas viviendas, acogidas todas a los beneficios tributarios que otorga la figura del DFL2 del año 1959, uno de los cuales, el más impúdico, es la exención total del pago de impuestos, para sus propietarios, por los ingresos monetarios que se generan por los arrendamientos mensuales.

Hay otro catastro municipal, de fecha mayo de 2017, referido a 30 anteproyectos de edificios en altura en el mismo sector no regulado, uno de ellos con altura de 40 pisos, con 3.237 de ese tipo de habitáculos, posteriormente dejado sin efecto. En dichos 2 informes figuran las direcciones de los proyectos y anteproyectos, fechas en que sus titulares los solicitaron y fueron aprobados, cantidades de viviendas y estacionamientos, fechas de sus Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) y Resolución de Calificación Ambiental (RCA), nombres de sus inmobiliarias y el status de la tramitación de la recepción final de obras.

En el año 2014 la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central, presidida por Alejandro Verdugo, le representa formalmente al alcalde Rodrigo Delgado la existencia de este tipo de invasivos permisos de edificación y como esa autoridad municipal no le dio mayor importancia al reclamo, la misma agrupación ciudadana,  tuvo que recurrir ante la intendencia regional metropolitana de Santiago y ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo, comunicándoles a ambas instancias públicas lo que estaba aconteciendo.

Tiempo después, a solicitud de esa agrupación ciudadana de Estación Central, la fundación Defendamos la Ciudad, presidida por este columnista, tuvo conocimiento del hecho, razón por la cual intervino activamente formulando reclamos por escrito ante el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ante la Contraloría General de la República, ante el Consejo para la Transparencia, ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), con quien sostuvimos una reunión el 28 de diciembre de 2017, entregándole a su presidente Luis Eduardo Bresciani copia del dictamen vinculante N° 43367 del 11 de diciembre de 2017 de la Contraloría, en el cual se evidenció que todos los permisos de agrupamiento continuo eran contrarios a derecho. También se denunciaron ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

Asimismo, sostuvimos una grata reunión el 19 de julio de 2017 con el directorio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), indicándole que esa luctuosa situación tenía que ser abordada de manera auto crítica por ese holding empresarial, entregándole a nuestra contraparte, una nota dirigida a su presidente Sergio Torretti, en la cual se describían en detalle los hechos, la que fue respondida por el mismo Torretti con fecha 24 de agosto de 2017.

Con posterioridad a esa entrevista, esa asociación gremial empresarial se dirige el 8 de septiembre de 2017 a la ministra de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Paulina Saball, expresándole sus particulares puntos de vista por las graves consecuencias de lo resuelto por Contraloría y por el propio ministerio. La ministra le responde el 27 de septiembre de 2017 manifestándole, en síntesis, que los titulares de los permisos declarados contrarios a derecho pueden recurrir ante los tribunales de justicia, haciendo valer sus presuntos derechos, reiterándole que la certeza jurídica se obtiene cuando los titulares de los proyectos se enmarcan en el ordenamiento legal, respetándose la calidad de vida de los habitantes de las ciudades.

Transcurrió el tiempo y como percibíamos que las instituciones del Estado se negaban a funcionar, lo cual podría ser entendido como un procaz perdonazo, el 10 de noviembre de 2019 nos entrevistamos con Cristián Monckeberg, ministro de Vivienda y Urbanismo, ya que ni el alcalde Delgado, conforme al mandato del artículo 148° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUG), ni el Seremi, subordinado del ministro, conforme a lo ordenado en el artículo 157° de la LGUC, tenían la voluntad para exigir el cumplimiento de la ley, luego demoler esas edificaciones ilegales.

Al ministro le entregamos una propuesta, para evitar la demolición de las torres, proponiéndole que se modificara la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que es el reglamento de la ley respectiva, fijándose compensaciones económicas por parte de los inversionistas a favor la comunidad de Estación Central, que es la que ha asumido estoicamente los perjuicios urbanos y ambientales producidos por la invasión de esas torres. Monckeberg no respondió, posiblemente porque el gobierno lo nombró en otro cargo y quien quedó como ministro, Felipe Ward, se ha desentendido de la situación.

Breve historia de los negociados

Vía oficio N° 549 del 10 de julio de 2007, catorce años atrás, el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu. responde una consulta de fecha 26 de junio de 2007 del DOM de Estación Central, ingeniero Marco Antonio Vidal, instruyéndolo de que no es posible una edificación continua en altura en un sector sin normas contenidas en un PRC, oficio obligatorio que fue rigurosamente acatado por ese funcionario municipal.

El 7 de abril de 2016, el arquitecto Pablo Contrucci, jefe de la DDU del Minvu, responde un oficio del 29 de febrero de 2016 del Seremi de Vivienda y Urbanismo, referido a la edificación continua en la comuna de Estación Central cuando el respectivo instrumento de planificación territorial (IPT) no establece su altura máxima. La autoridad de superior jerarquía señaló que «no procede que el DOM señale una altura a la edificación continua ya que sería arbitrario, ni autorice este tipo de agrupamiento de edificación continua en tanto no se perfeccione dicha norma en el IPT respectivo»  

El 27 de abril de 2016, el arquitecto Aldo Ramaciotti, en su condición de Seremi de Vivienda y Urbanismo, se dirige al arquitecto Armin Seeger, DOM de Estación Central, informándole que no puede cursar permisos con agrupación continua en ese sector mientras no exista un PRC y el 16 de mayo de 2016, el jefe de la DDU del Minvu, Pablo Contrucci, reitera su instrucción anterior a diferentes instituciones públicas y privadas, entre otras, la Contraloría, los directores de obras municipales, Colegio de Arquitectos de Chile, Asociación Chilena de Municipalidades, Cámara Chilena de la Construcción, etc. etc.

Dejamos en claro que la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central, desde hace 7 años, con el apoyo irrestricto del concejal Felipe Muñoz, actual alcalde, ha estado luchando incansablemente para que se respete la ley en esa comuna y en distintas ocasiones ha ingresado reclamos ante todas las autoridades involucradas, destacando una formal y completa presentación realizada el 9 de octubre de 2019 ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, ello para que se creara una Comisión Investigadora, la que no se concretó por el estallido social del 19 de octubre de 2019 y la posterior pandemia. Su presidente, Alejandro Verdugo, cuenta con toda la documentación histórica del proceso.

Conclusión

Queda en evidencia que el oficio del 10/07/07 firmado por el jefe DDU Minvu dirigido al DOM Estación Central, Marco Antonio Vidal, en donde le ordena que no puede otorgar permisos de edificación en altura con agrupamiento continuo en el sector que no estaba regido por un Plan Regulador Comunal, produjo efecto pues aquel no otorgó ningún permiso. Se debe saber que este probo funcionario municipal falleció en julio de 2012 y quien asumió el cargo fue el arquitecto Armin Seeger, funcionario que, a partir de diciembre de 2012, sin razón alguna, empezó a otorgar anteproyectos y permisos de edificación, a sabiendas que eran ilegales.

Era lógico que Seeger no consultara al Minvu, a la luz del aludido oficio del 10/07/07 de la DDU Minvu, para saber si podía otorgar ese tipo de permisos, sin embargo, se podría suponer que él debió consultar a su jefe administrativo directo, el alcalde Delgado, hoy flamante ministro del Interior.

La Contraloría resolvió en el año 2017 que el DOM debía iniciar la invalidación de esos permisos, paralizando las obras y no otorgar recepción final a las edificaciones terminadas, pero sin trasladar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por las responsabilidades penales comprometidas, teniéndose en cuenta que las inversiones inmobiliarias ilegales, pingüe negocio, podrían ascender a los mil quinientos millones de dólares, con utilidades del orden de los cuatrocientos millones de dólares. Como un hecho asaz sintomático, cuando las organizaciones denunciantes se hicieron parte en los procedimientos de invalidación de los permisos, la administración del alcalde Delgado se opuso (sic).

Sobre este millonario delito económico impune hasta ahora, es imperativo saber si el alcalde Delgado sancionó al DOM que cursó los permisos, a sabiendas que solo lo transfirió a otra oficina municipal. Las inmobiliarias han interpuesto recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, sosteniendo que la Contraloría no tiene atribuciones para pronunciarse sobre estos asuntos y con la asistencia del Estudio Jurídico del abogado Cristóbal Osorio, la mencionada organización ciudadana de Estación Central como la fundación Defendamos la Ciudad, han sido parte en esos juicios que han llegado hasta la Corte Suprema, instancia que ha emitido sentencias validando el dictamen de la Contraloría, es decir, a favor del imperio del derecho.

Estos negocios les han generado ganancias a los inversionistas de mucha mayor cuantía que cualquier otro caso de corrupción que se conozca y entonces la pregunta que surge es ¿las instituciones públicas comprometidas admitirán un nuevo hecho ilegal consumado? En todo caso nos ha llamado la atención el comportamiento falaz que la tenido el Colegio de Arquitectos de Chile, al expresar su anterior directorio nacional, que esos permisos de edificación eran lícitos, lo que ha sido retrucado de inmediato, con las armas de la verdad, por el connotado arquitecto Miguel Lawner.

Es indispensable que el ahora ministro Delgado aclare públicamente si tuvo participación en esa operación y que el actual gobernador regional Orrego, muy crítico de estos guetos verticales en sus declaraciones de prensa, informe cuales han sido los actos concretos que ha efectuado al respecto. Del ministro Ward no esperamos nada, pues se ha mantenido silente desde que asumió el cargo que desempeña.

Finalmente, la opinión pública conoce los nombres de aquellos que le pidieron plata a Ponce Lerou y/o a su escudero Contesse, pero en el caso que hemos relatado se desconocen las identidades de los empresarios que se aprovecharon de la negligencia municipal para aumentar sus riquezas y por ello, sería necesario que sean las organizaciones de la sociedad civil informada las que, vía denuncia o querella, le pidan a la fiscalía nacional que investigue todo lo acontecido y sancione a los culpables, esperando que ahora la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputado lleve a cabo la investigación que le solicitaron las agrupaciones ciudadanas de Estación Central.